Lima (EFE).- La “aparente pasividad” del Gobierno peruano ante los “abusos” cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales que azotaron al país revelan una “posible negligencia o incluso complicidad” de las autoridades, según un informe divulgado este miércoles por Human Right Watch (HRW).
“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el Gobierno de (Dina) Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, sostuvo en un comunicado el director asociado de la División de las Américas de HRW, César Muñoz.
En su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, HRW denuncia el “uso excesivo de la fuerza, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales” en el contexto de las manifestaciones sociales que sacudieron al país andino entre diciembre y febrero pasados.
“Ejecuciones extrajudiciales” en Perú
Por un lado, el documento recuerda que los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes y militares dejaron un saldo de 1.300 heridos y 49 civiles muertos, 8 de ellos menores de edad, e insiste en señalar el uso de “fusiles de asalto y armas cortas” por parte de las fuerzas de seguridad.
En concreto, la investigación de HRW concluye que al menos 39 personas murieron por herida de bala y otras 5 por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas, mientras que un manifestante “es probable que haya muerto por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia”.
“Lo más probable es que estas muertes sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable”, asevera el informe, en el que se recuerda la “detención masiva plegada de abusos” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima.
Ante estas muertes, calificadas como “homicidios”, HRW exige que las investigaciones preliminares abiertas por el Ministerio Público contra Boluarte y varios de sus ministros sean “imparciales y exhaustivas y alcancen a todos los responsables de los abusos”.
En esa línea, también exhorta al Gobierno a invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis y las violaciones de derechos humanos.
Fuente: EFE