La concesionaria acusa a la Municipalidad de Lima de incumplir obligaciones contractuales; continuará operando las vías pese al proceso de disolución.
Crisis en concesión vial: Rutas de Lima entra en proceso de liquidación y señala incumplimientos del municipio
La empresa concesionaria Rutas de Lima (RDL) informó este martes 30 de septiembre que ha iniciado su disolución y liquidación, responsabilizando directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por persistentes incumplimientos contractuales durante la gestión del alcalde Rafael López Aliaga.
Pese al anuncio de disolución, la empresa aseguró que seguirá operando los peajes y tramos viales bajo su responsabilidad para no afectar a los usuarios ni al servicio que brinda.
En un comunicado oficial, RDL explicó que esta decisión fue tomada por su Junta General de Accionistas como resultado de “actos reiterados de incumplimiento” no solo por parte del municipio limeño, sino también por la falta de respaldo de otras entidades estatales. La empresa lamentó que se haya vulnerado la seguridad jurídica garantizada por el Estado, base —según indicó— para cualquier inversión en infraestructura.
Acusaciones cruzadas y tensiones políticas
El conflicto entre Rutas de Lima y la actual administración municipal no es nuevo. Desde el inicio de su gestión, el alcalde Rafael López Aliaga ha sido abiertamente crítico con la concesionaria, a la que ha calificado públicamente como “Ratas de Lima”, en alusión a presuntos actos de corrupción relacionados con el origen del contrato, en el que tuvo participación la empresa brasileña Odebrecht.
En una conferencia de prensa realizada en agosto de 2023, López Aliaga arremetió contra RDL, acusándola de ser parte de un sistema corrupto que afecta a los limeños, especialmente a los más vulnerables que deben pagar peajes elevados. En sus declaraciones también responsabilizó a los exalcaldes Susana Villarán y Jorge Muñoz por permitir que continúe el contrato bajo condiciones que considera desfavorables para la ciudad.
Incumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional
Uno de los puntos más controversiales ha sido la paralización de la construcción de una vía alterna al peaje de Chillón, en Puente Piedra. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional ordenó a la Municipalidad de Lima ejecutar esta obra para restablecer el equilibrio de la concesión. Sin embargo, Rutas de Lima denunció que la comuna no ha iniciado los trabajos, a pesar de la existencia de un auto aclaratorio emitido en mayo que precisaba la obligatoriedad de su cumplimiento.
La concesionaria sostuvo que esta omisión representa una grave afectación al Estado de derecho y a la inversión privada. Además, alertó que la falta de ingresos producto de la suspensión del cobro de peaje en ese tramo pone en riesgo la viabilidad financiera del proyecto.
Brookfield y reacciones internacionales
La firma canadiense Brookfield, que posee participación en la concesionaria, también se pronunció sobre la situación, señalando que el Estado peruano no ha respetado los compromisos contractuales ni las normas legales, afectando así el clima de inversión.
Pese al inicio del proceso legal de liquidación, RDL ha reiterado que continuará cumpliendo con las labores operativas en las vías concesionadas, incluyendo el mantenimiento, el auxilio vial y la atención de emergencias.