Especialistas sostienen que limitar la actividad ilícita a estas entidades es un error, ya que debe abordarse desde un enfoque intersectorial para lograr resultados más efectivos
Esta mañana, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, participó en una ceremonia en Jesús María, donde habló sobre la lucha contra la minería ilegal, actividad ilícita extendida en todo el Perú.
Sin embargo, sus declaraciones han generado preocupación, luego que el funcionario afirmara que esta economía ilegal, que afecta sobre todo a la Amazonía peruana, es un problema que recae específicamente en el Ministerio del Interior (Mininter) y en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), elogiando que están haciendo “un gran trabajo”.
Aunque expertos en materia ambiental sostienen que este delito, que ya ha superado al narcotráfico con pérdidas que alcanzan los US593 millones de dólares solo entre 2022 y 2023, debe ser abordado desde un enfoque intersectorial, involucrando a diferentes entidades y sectores para lograr resultados más efectivos.
No obstante, especialistas alertan que restringir la responsabilidad a estas entidades es un error. Esto debido a que el problema de la minería ilegal es complejo, y su solución requiere la colaboración de sectores como el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo económico.
Así lo detalla César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, quien, recientemente, conversó con Infobae Perú sobre esta actividad y sus efectos, especialmente en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
De acuerdo a Ipenza, uno de los mayores impactos de la minería ilegal radica en la desarticulación de las estructuras comunales tradicionales. Una situación que se agrava por la división entre los miembros de las comunidades nativas, donde algunos apoyan la actividad mientras otros se oponen, lo que podría resultar en la desaparición de los modelos tradicionales de vida indígena y la pérdida de sus conocimientos ancestrales.
Además, el abogado destaca que la lucha contra la minería ilegal no puede recaer únicamente en la Policía o en el Ministerio Público. Pues, si bien estos realizan acciones de interdicción, no hay un compromiso real y coordinado de otras instituciones del Gobierno, como el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, Salud y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
En esa misma línea, el especialista resalta la falta de un mecanismo de trazabilidad del oro; es decir, un sistema que permita seguir el camino del oro desde el momento en que se extrae hasta que se vende, lo que complica aún más la lucha contra la expansión de la actividad en el país.
Asimismo, la situación se agudiza con las condiciones actuales del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a cargo del Minem, que permitiría que un minero inscrito adquiera oro de ilegales y lo pase como suyo, mientras que la ausencia del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo) no contribuya a que se pueda cruzar información de la producción real con lo que se vende.
Fuente: Infobae
