Autor: adminsonorama

El Gobierno del Perú emitió este sábado un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos durante la madrugada en Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En el documento, el Ejecutivo peruano expone su posición sobre los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias internacionales.

📄Comunicado Oficial 001-2026: Respecto a los hechos ocurridos esta madrugada en la República Bolivariana de Venezuela.

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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 3, 2026

El comunicado señala que la delincuencia organizada transnacional representa una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de los Estados de la región.

En ese sentido, el pronunciamiento expresa preocupación por la organización y acciones delictivas de cárteles del narcotráfico en Venezuela.

El gobierno peruano calificó al régimen de Nicolás Maduro como “ilegítimo” y lo acusó de violar los derechos humanos del pueblo venezolano, sometiéndolo a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales y destruyendo el Estado de derecho.

Además, el documento responsabiliza al chavismo de ocasionar en la región una crisis migratoria sin precedentes.

Llamado a transición democrática

El comunicado hace un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos.

El pronunciamiento destaca la necesidad de atender las “legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia” con el apoyo de la comunidad regional.

Por otra parte, el gobierno señaló que está monitoreando la situación de la comunidad peruana en Venezuela tras los acontecimientos de la madrugada.

Hasta el momento de la emisión del comunicado, no se habían reportado incidentes que afecten a connacionales peruanos en territorio venezolano.

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El Gobierno de José Jerí remitió al Congreso de la República el proyecto de resolución legislativo que aprueba el Tratado de Asistencia Judicial en Materia penal entre Perú y Costa Rica, suscrito el 13 de mayo del 2024, en Lima.

“Nos dirigimos a usted, señor Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, de conformidad con lo estipulado en los artículos 56 y 102.3 de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República el proyecto de resolución legislativa que aprueba el Tratado”, se lee en la misiva dirigida al presidente del Poder Legislativo y firmada por el presidente del Perú, José Jerí; el presidente del Consejo de Ministros, Enrique Alvarez; y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

En el documento también envían el expediente de perfeccionamiento interno de sustento del convenio. Para revisar la iniciativa legislativa se debe entrar al siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/13651

¿De qué trata?

De acuerdo al documento enviado al Parlamento, el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Perú y Costa Rica, sirve para “mejorar y reforzar la cooperación entre las dos Partes Contratantes, con la intención de reprimir la criminalidad sobre la base de recíproco respeto a la soberanía, a la igualdad y a la ventaja mutua”.

Para conseguir este objetivo, se consideró que es necesario tener un acuerdo bilateral entre ambas naciones de asistencia judicial en materia penal.

Perú impulsa la adhesión de Costa Rica al CPTPP

El CPTPP reúne actualmente a doce economías, incluyendo a Australia, Canadá, Japón, México, Perú y el Reino Unido, representando cerca del 15% del comercio internacional y el 13% del Producto Interno Bruto mundial. En la última edición, Perú ostenta la vicepresidencia junto a Australia, bajo la presidencia de Vietnam. La agenda en Melbourne comprende la revisión del acuerdo multilateral, el análisis de solicitudes de nuevos miembros y la adopción de una declaración ministerial conjunta para reforzar compromisos políticos entre los países participantes.

La misión peruana, autorizada mediante la Resolución Ministerial N° 334-2025-MINCETUR, acude con una agenda que contempla encuentros bilaterales, diálogos con la Unión Europea y la ASEAN sobre comercio e inversiones, y la revisión de la solicitud de adhesión presentada por Costa Rica. La presidencia del proceso de adhesión de Costa Rica está a cargo de Perú, lo que refuerza la posición del país como referente en negociaciones multilaterales.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Costa Rica se posiciona como el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica, con un 16% de los intercambios regionales, solo por detrás de Panamá y Guatemala. En 2024 el comercio bilateral alcanzó un récord de 235 millones de dólares, con exportaciones peruanas en su mayor nivel histórico. El sector de hortalizas, especialmente la cebolla, registró un aumento del 420% en ventas, mientras que las frutas, como la palta, crecieron un 46,3% respecto al año anterior.

Perú tiene una fuerte relación con Centroamérica. Una muestra de ello es la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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El grupo surcoreano BTS anunció este 1 de enero una gira mundial y el lanzamiento de un nuevo álbum previsto para el 20 de marzo de 2026, generando entusiasmo entre sus seguidores en todo el mundo y, en particular, entre los fans peruanos que esperan la inclusión de Lima como una de las paradas de su tour. El anuncio, esperado durante casi cuatro años, marca el regreso del septeto tras cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS reveló la noticia a través de un comunicado oficial y mediante cartas manuscritas enviadas a los miembros de ARMY, su club de fans, que mantuvieron su membresía en Weverse durante los últimos tres años. En esas misivas, los integrantes expresaron gratitud y anticiparon la fecha clave del regreso: “2026.03.20”. Las cartas, que también estarán disponibles de manera digital, incluyeron mensajes personales y reflexiones sobre el periodo de ausencia grupal.

El regreso de BTS fue además tema central en un Weverse Live grupal transmitido el 31 de diciembre, donde los siete miembros compartieron deseos de éxito para el 2026 y agradecieron el apoyo recibido durante el tiempo en el que cada uno desarrolló proyectos individuales. “Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, expresaron durante la transmisión.

Se reencontrarán con sus fans

Entre diciembre de 2022 y junio de 2025, los siete integrantes de BTS cumplieron con el servicio militar, una obligación que los mantuvo alejados de la actividad grupal. Jin fue el primero en enlistarse, seguido de J-hope y el resto del grupo. El último en reincorporarse a la vida civil fue Suga, el 21 de junio de 2025. Durante ese lapso, los miembros exploraron carreras en solitario, publicaron discos y participaron en distintas colaboraciones, pero la expectativa por el reencuentro grupal se mantuvo vigente entre los seguidores.

En las cartas manuscritas, cada integrante dejó mensajes que reflejaron la importancia de este reencuentro. El líder RM señaló que había estado “esperando este regreso más que nadie”. Jimin y J-hope coincidieron al definir el 2026 como “el año en el que finalmente nos volvemos a encontrar”. Por su parte, Jin compartió: “Los he visto como solista durante los últimos dos años y ahora finalmente puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo”. Jungkook aseguró: “Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, mientras que V prometió que en 2026 crearán “aún más y mejores recuerdos juntos”. Suga concluyó: “Tengamos un año lleno de alegría juntos”.

El anuncio de la gira mundial acompañó a la noticia del álbum. BigHit Music, agencia representante de BTS, confirmó que el tour internacional será el primero desde Permission to Dance on Stage en 2022. Aunque la compañía no precisó las fechas ni la lista de ciudades, medios internacionales sugirieron que podría tratarse de la gira más ambiciosa en la historia del grupo.

El fenómeno generado por el anuncio tuvo fuerte repercusión entre los seguidores peruanos, quienes expresaron en redes sociales su deseo de ver a BTS en un concierto en Lima. “No puedo creerlo”, “Lista para endeudarme again”, “2026 inicia bien”, “Armys presentes”, son algunos de los tantos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

En anteriores giras, el grupo no incluyó a Perú en su itinerario, por lo que la posibilidad de una presentación en la capital genera expectativas crecientes.

La agencia BigHit Music dará los detalles sobre fechas y destinos de la gira próximamente. Se espera que el tour contemple presentaciones en América Latina, una región donde el grupo cuenta con una base de seguidores consolidada y donde la demanda de espectáculos ha crecido exponencialmente en los últimos años.

El regreso de BTS como grupo completo representa un hito para la industria musical global, debido al impacto sostenido del septeto en las listas de ventas, plataformas digitales y redes sociales. El álbum que se publicará el 20 de marzo de 2026 será el primero desde “Proof”, editado en junio de 2022, y marcará el inicio de una nueva etapa para la banda.

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El partido político Perú Primero pidió al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) no aplicar la Ley 30717 que impide que condenados por corrupción puedan postular aunque hayan cumplido su pena y permitir que Mario Vizcarra siga en la contienda electoral.

Así lo requirió Perú Primero al responder las tachas interpuestas por un militante de Avanza País y por el candidato aprista Luis Miguel Caya, quienes exigieron que Vizcarra sea excluido por la condena por peculado que se le impuso en 2005.

Para empezar, el partido sostiene que las tachas contravienen la “interpretación reiterada y constante del Tribunal Constitucional”, que, al resolver amparos de candidatos excluidos por la Ley 30717, concluyó que dicha restricción es inconstitucional puesto que extiende la privación de derechos más de la pena impuesta.

“En todos los pronunciamientos que este colegiado ha emitido, la conclusión es la misma, que el criterio seguido por las instancias electorales en la aplicación literal de la Ley 30717, es decir, impidiendo al ciudadano rehabilitado postular, es absolutamente inconstitucional. Ello ha traído la denigrante y reiterada imposición de sanciones y apercibimientos a los miembros del Supremo Tribunal Electoral”, se lee.

En esa línea, Perú Primero afirma que buscan que el JEE “actúen desconociendo la jurisprudencia constitucional» para que Mario Vizcarra quede fuera de las elecciones.

“Sobre la base de una interpretación literal que esta de espaldas a la realidad constitucional pues propone a vuestro colegiado (JEE Lima Centro 1) una interpretación que omite el contenido de la rehabilitación y sus efectos jurídicos“, reza el texto.

Por todo ello, Perú Primero pide al tribunal electoral de primera instancia declarar infundada las tachas planteadas porque, dicen, no corresponde aplicar la Ley 30717 a Mario Vizcarra.

En los próximos días, el JEE Lima Centro 1 deberá emitir su decisión al respecto. La decisión que adopte es apelable ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los fallos del TC

El principal argumento de la tacha radica en que Mario Vizcarra posee una sentencia firme por peculado, situación recogida en el artículo 107, literal j), de la Ley Orgánica de Elecciones, que excluye de la carrera electoral a quienes han recibido condena por dicho delito. Este veto, incorporado mediante la Ley 30717 en 2018, ha generado polémica desde su origen y motivó una demanda de inconstitucionalidad. En 2020, el TC no reunió los votos necesarios para anular la norma, aunque posteriormente, en casos concretos, determinó su inaplicación por considerar que vulnera el derecho a ser elegido.

No obstante, durante el año 2025, el TC ha resuelto seis casos en los que dejó de aplicar la Ley 30717 a candidatos con sentencias cumplidas por corrupción, argumentando como prioridad la protección del derecho fundamental a la participación política. En varios fallos recientes, los magistrados instaron explícitamente al JNE a emplear mecanismos jurídicos como el control difuso de constitucionalidad, subrayando que su función va más allá de la legalidad y lo posiciona como garante de los derechos fundamentales que protege la Constitución.

El JNE tendrá que decidir si sostiene la restricción impuesta por la Ley 30717 o si adopta el criterio jurisprudencial surgido del Tribunal Constitucional, que ha establecido precedentes al priorizar el derecho a la participación política sobre la prohibición legal de postulación a condenados rehabilitados.

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El país ingresó a un nuevo año con una noticia que ya no sorprende, pero que debería indignar a todos: más muertes en Pataz, en la región La Libertad. La violencia y el terror siguen apoderándose de los centros mineros de esta provincia, donde los enfrentamientos armados, los atentados y los crímenes se multiplican pese a la vigencia del estado de emergencia. El balance es claro y doloroso: la estrategia ha fracasado. No solo la del actual Gobierno, sino también la de los anteriores, que permitieron que el crimen organizado se enquistara hasta convertirse en poder paralelo.

Mientras la población vive bajo amenaza permanente, el presidente José Jerí insiste en una agenda marcada por el show y las reuniones de impacto mediático. Encuentros que, en la práctica, no se traducen en resultados. El propio alcalde de Pataz, Aldo Mariños, ha cuestionado públicamente que el mandatario no haya cumplido ninguno de los compromisos asumidos en una reunión realizada en octubre pasado. Cuando las promesas se acumulan y las soluciones no llegan, la autoridad pierde legitimidad y la violencia gana terreno.

La seguridad y la paz social no pueden seguir siendo parte del discurso coyuntural ni un recurso para mejorar la imagen presidencial. Son una obligación esencial del Estado. Combatir al crimen organizado exige seriedad, continuidad y una visión de largo plazo, no respuestas reactivas ni decisiones improvisadas dictadas por el calendario político o la presión mediática del momento.

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La humilde casita de Katy Rojas Chahua (35), ahora luce llena de cenizas, en cuestión de segundos gran parte de la estructura fue consumida por el fuego que se originó por el uso de un pirotécnico.

Katy, estaba lavando las zapatillas de su hijo mayor, cuando escuchó un extraño ruido y su hija a gritos le alertó que había fuego en su cuarto. Asustada, la madre de 4 hijos, intentó recuperar objetos de valor y documentación, pero el fuego se propagó muy rápido.

Su hija Valeria A.R. (16), sufrió algunas quemaduras al tratar de rescatar algunos bienes. El hecho ocurrió a las 9:30 de la mañana en el pasaje Rojas con la Calle la Cantuta, distrito de Sapallanga.

“Todo sucedió rápido, yo estaba lavando la zapatillas. El fuego comenzó en mi cuarto donde había un balón de gas con un poco de contenido. Un cohete que encendió mi hijo, provocó el incendio”, dijo Katy .

Por falta de agua en la zona, el fuego consumió artefactos, camas, colchones, frazadas, ropa y hasta los víveres con los que la madre de 4 hijos de 8 años, 10, 16 y 17 años de edad, preparaba sus panqueques para venderlos en Huancayo.

Tres ambientes entre ellos la cocina se quemaron al igual que los 3 mil soles de un prestamos y ahorros que la madre había guardado debajo de su colchón. La mujer pidió ayuda a gritos; sus vecinos llevaron toda el agua que juntaron, pero no fue lo suficiente. La humilde familia necesita ayuda, cualquier apoyo al yape 928850010 de Katy Rojas.

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El 2025 se va dejando una estela de criminalidad e inseguridad ciudadana que ha marcado la vida cotidiana de los peruanos. El 2026, en consecuencia, no admite improvisaciones ni discursos vacíos: exige decisiones estratégicas y acciones concretas para recuperar la tranquilidad y la paz social. En esta responsabilidad están comprometidos tanto el presidente José Jerí como quien resulte su sucesor. El país necesita liderazgo real, no gestos efectistas ni show.

Los indicadores son alarmantes. Los homicidios y las extorsiones continúan en aumento, consolidándose como las expresiones más visibles de un Estado que no logra imponer autoridad. La extorsión, en particular, no solo despoja a las víctimas de su dinero, sino también de su tranquilidad. Golpea el corazón de la economía nacional al desalentar la inversión y obligar a miles de pequeños y medianos negocios —motor fundamental del país— a laborar bajo amenaza constante o, simplemente, a cerrar sus puertas.

Si esta tendencia no se revierte con urgencia, las consecuencias serán profundas. La desconfianza institucional se ampliará y la falta de inversiones terminará por nublar cualquier expectativa de recuperación económica y desarrollo sostenido. Un país sin seguridad es un país sin futuro, por más recursos o potencial que posea.

El 2026 será un año decisivo para encaminar al Perú hacia el despegue que tanto necesita. Pero ese rumbo no se alcanzará por inercia. Dependerá de la capacidad de nuestros gobernantes para asumir la gravedad del momento, diseñar planes claros y generar certidumbre.

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En horas de la mañana de hoy, jueves 1 de enero del 2026, un día después de las celebraciones de Año Nuevo, Perú registró su primer temblor del año. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro fue a 70 km al oeste de San Juan, en la provincia de Nasca, región de Ica.

El movimiento telúrico comenzó a las 05:20 horas, tuvo una profundidad de 32 kilómetros, una intensidad de III; así como una latitud y longitud de -15.26 y -76 grados.

Debido a su magnitud, su rango de alerta fue de color verde. Esto significa que la magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los terremotos más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es liberada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Sismos fuertes en Perú

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El terremoto de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro movimiento telúrico de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que comenzó a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un sismo de magnitud 6.9 afectó al sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además ocasionó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

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Un operativo inopinado permitió el decomiso de más de 600 kilos de productos pirotécnicos en distintos puntos de la región Junín, como parte de las acciones preventivas ante la cercanía de las celebraciones de Año Nuevo. Las intervenciones se realizaron en las provincias de Huancayo y Chupaca, donde se detectó la venta informal de estos materiales altamente peligrosos.

El primer operativo se ejecutó el 30 de diciembre en las inmediaciones del mercado Modelo de Huancayo, donde se incautaron aproximadamente 395 kilos de pirotécnicos. Ese mismo día, en el distrito de Tres de Diciembre las autoridades decomisaron 185 kilos adicionales, los cuales eran comercializados sin autorización ni medidas de seguridad.

Asimismo, el 31 de diciembre por la mañana, personal de la Sucamec, Seguridad del Estado y unidades especializadas de la Policía Nacional como Udex y la USE, realizaron un operativo estratégico en los alrededores del centro comercial Real Plaza.

Los comerciantes fueron sorprendidos cuando el personal apareció de manera simultánea en puntos clave, logrando incautar una cantidad importante de mercadería que se encontraba expuesta al público, pese a que estos productos solo pueden venderse en ferias especializadas y bajo estrictas condiciones de seguridad. Entre los productos decomisados se encuentran misiles, tortas, basucas, abejitas, tanques, cohetones, además de productos artesanales no autorizados.

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Durante 2025, las grandes fortunas del país experimentaron un crecimiento notable. El precio del oro subió de USD 2.000 a casi USD 4.500 por onza, mientras que la plata también registró un aumento significativo. La depreciación del dólar frente al sol favoreció la valorización patrimonial de los grupos económicos con inversiones importantes en minería, energía y finanzas. Además, un inusual dinamismo en adquisiciones y fusiones modificó los portafolios empresariales y elevó el valor de los activos en el mercado local.

La estimación de los patrimonios considera la participación de cada familia en sus empresas, la cotización bursátil cuando corresponde, estados financieros, dividendos, efectivo disponible y activos inmobiliarios. En los casos de compañías no listadas, se usaron comparables internacionales, un factor que este año jugó a favor debido al alza de las bolsas globales. El resultado es un ranking de 17 familias, hecho por Ernesto Linares Mascaro, que refleja no solo riqueza acumulada, sino también decisiones estratégicas tomadas en un contexto económico singular.

Las familias Brescia y Romero: las más ricas del Perú

La familia Brescia encabeza la lista con un patrimonio estimado en USD 7.440 millones, sostenido por los holdings Breca Minería y Breca Banca. La minería explica una parte central del valor, con Minsur como segundo productor mundial de estaño y una importante presencia en oro, además de negocios en infraestructura, cemento y pesca industrial. El componente financiero se refuerza con su participación en BBVA Perú y el liderazgo de Rímac Seguros, la mayor aseguradora del país.

En segundo lugar aparece la familia Romero, con USD 6.360 millones, tras un año marcado por grandes operaciones corporativas. Destacaron la venta de activos pesqueros y energéticos, la reorganización de Primax en varios países y adquisiciones en seguros, energía y alimentos. El desempeño bursátil de Credicorp, cuyas acciones superaron los USD 280, fue clave en la valorización del grupo, al concentrar cerca de la mitad de su patrimonio.

La tercera posición corresponde a la familia Rodríguez (Grupo Gloria), con USD 5.020 millones. Aunque enfrentó sanciones regulatorias y salidas de mercados poco rentables, el grupo cerró el año con cifras récord de ventas y utilidades al 2025, apoyado en lácteos, cemento, azúcar y agroexportación. La recuperación operativa compensó las controversias y consolidó su posición entre las mayores fortunas.

Dueños de Interbank en el cuarto lugar

Con USD 3.600 millones, la familia Rodríguez Pastor se ubica en el cuarto lugar. El 2025 estuvo marcado por el impacto reputacional y financiero del cierre del Real Plaza Trujillo, que afectó la cotización de InRetail. Sin embargo, el sólido desempeño de Intercorp Financial Services, cuyas acciones subieron de USD 29,20 a USD 43,60, permitió amortiguar el golpe y sostener el valor del grupo.

La familia Hochschild, con USD 2.030 millones, protagonizó una de las mayores transacciones del año al vender el 50% de Cementos Pacasmayo por USD 550 millones. El fuerte repunte de las acciones de Hochschild Mining y el dinamismo de Aclara Resources, enfocada en tierras raras, reforzaron un portafolio cada vez más orientado a minerales estratégicos para la transición energética.

Más abajo se ubica la familia Benavides, con USD 1.700 millones, impulsada por el alza de las acciones de Buenaventura y el inicio de producción del proyecto San Gabriel. La minería aurífera volvió a ser el principal motor del patrimonio, con expectativas de mayor producción hacia el 2026.

Empresas mineras potencian patrimonio de las familias más ricas

Las familias Arias y Marsano reflejan cómo el alto precio del oro compensó dificultades operativas. Minera Poderosa, controlada por las hermanas Arias Vargas, aumentó en 39% el valor de sus ventas pese a menores volúmenes y a los atentados sufridos en Pataz. Marsa, por su parte, mantuvo exportaciones elevadas, aunque enfrenta el desafío de agotar reservas hacia el 2028.

En el mismo corredor minero destaca la familia Navarro Grau, con USD 1.200 millones, cuyo grupo Horizonte elevó el valor de sus exportaciones gracias a los precios internacionales, pese a una caída en producción. La conflictividad social sigue siendo el principal riesgo para estas fortunas concentradas en el norte del país.

Familia Acuña también en el top

El tramo final del ranking reúne patrimonios diversificados. La familia Lindley (USD 780 millones) combina su participación en Arca Continental con el crecimiento de Tambo y Aruma. Los Fishman (USD 650 millones) se apoyan en Quimpac y Tai Loy, mientras que César Acuña y su familia (USD 530 millones) concentran su riqueza en la educación superior, con la Universidad César Vallejo como eje.

Completan la lista las familias Dyer, Mulder, Matta y Añaños, con patrimonios entre USD 420 millones y USD 500 millones, que van desde la agroexportación y la pesca hasta cadenas de mascotas en Europa y bebidas con presencia internacional.

Los Lindley: los creadores de la Inca Kola

La historia de Los Lindley, la familia detrás de Inca Kola, comienza a principios del siglo XX cuando José Robinson Lindley y su esposa Martha Stoppanie, ingleses de origen británico, se establecieron en Lima y fundaron en 1910 la Fábrica de Aguas Gasificadas Santa Rosa, que con el tiempo derivaría en la empresa familiar de bebidas más importante del Perú. Su hijo, tras experimentar con sabores inspirados en ingredientes locales como hierba luisa, lanzó Inca Kola el 18 de enero de 1935, en homenaje al cuarto centenario de fundación de Lima, con un color amarillo que evocaba el oro inca y un sabor difícil de clasificar.

Bajo la conducción de Isaac Lindley, quien asumió la dirección en 1945 después de varias pérdidas familiares, la marca no solo se consolidó en el mercado nacional con una imagen propia y campañas innovadoras, sino que también logró competir directamente con gigantes como Coca-Cola, posicionándose como la bebida preferida en Perú por décadas.

Hoy en día, la familia Lindley sigue siendo una de las más influyentes en el ámbito empresarial peruano, con una fortuna estimada en torno a USD 670 millones en 2024 y dirigida por la cuarta generación bajo el grupo Lindcorp, que además de bebidas administra marcas retail como Tambo+ y Aruma, y desarrolla negocios inmobiliarios. Aunque a finales de los años noventa acordaron una alianza con Coca-Cola que permitió a la transnacional distribuir Inca Kola fuera de Perú, la marca continúa siendo un icono nacional y la empresa familiar mantiene una presencia significativa en la embotellación y comercialización dentro del país.

Familias más ricas del mundo

Para dimensionar, estas son las diez familias más ricas del mundo, según un ranking publicado por Bloomberg. Encabeza la lista la familia Walton, propietaria de Walmart, con un patrimonio de 432.400 millones de dólares. Le siguen los Al Nahyan de Emiratos Árabes Unidos, cuya riqueza proviene del sector energético y de inversiones estatales, y la familia real saudita Al Saud, con una fortuna estimada en 213.600 millones de dólares, basada en el control de las reservas de petróleo y gas. También figuran los Al Thani de Qatar, la familia Hermès en el sector del lujo francés, los Koch en la industria diversificada estadounidense, y los Mars, conocidos por sus marcas de confitería y alimentos para mascotas.

La lista se completa con los Ambani de India, líderes de Reliance Industries; los Wertheimer, herederos de Chanel en Francia; y la familia Thomson de Canadá, propietaria de Thomson Reuters. Estas dinastías han diversificado sus inversiones en sectores como moda, medios, telecomunicaciones e infraestructura, consolidando así su poder económico. Sus fortunas reflejan la acumulación de activos y la participación en industrias estratégicas, lo que les otorga influencia tanto en sus países de origen como a nivel internacional.

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