Autor: adminsonorama

Fiscalía y Policía ejecutan megaoperativo en Lima Norte contra organización criminal acusada de extorsión, homicidios y corrupción municipal.

Un total de 53 inmuebles fueron allanados la mañana de este jueves 2 de octubre como parte de un megaoperativo conjunto entre la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú (PNP), orientado a desarticular a la presunta organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, liderada desde prisión por Adam Smith Lucano, alias “El Jorobado”.

Entre los puntos intervenidos se encuentra la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, así como sedes municipales de Carabayllo y Comas, y viviendas de diversos funcionarios públicos. También se allanó la celda del líder de la organización en el penal donde cumple condena.

¿Qué se investiga?

Según la Fiscalía, esta organización habría operado con complicidad de funcionarios municipales para adjudicar obras públicas de forma irregular, obtener beneficios económicos ilícitos y consolidar el control territorial de sectores clave de la construcción y el transporte en el norte de Lima.

Entre los delitos investigados figuran:

• Tráfico de terrenos
• Extorsión a empresarios y trabajadores de construcción civil
• Homicidio y lesiones graves
• Corrupción en contrataciones públicas

Detenciones y hallazgos

Durante el operativo, se ordenó la detención preliminar de 11 personas, entre ellas Enzo Lucano, primo del cabecilla y señalado como responsable del aparato financiero de la banda.

Además, se incautaron 11 vehículos, presuntamente adquiridos con dinero de origen ilícito.

El modo de operar

La organización imponía condiciones en obras públicas a través de amenazas, extorsión y sicariato. Según la Fiscalía, usaban:

• Sicarios entrenados para ejecutar atentados y asesinatos por encargo.
• Cobranzas de cupos a ingenieros, empresarios y transportistas.
• Presión a municipios para obtener permisos o evitar fiscalizaciones.

Disputa criminal en Lima Norte

El caso ocurre en medio de una creciente disputa con bandas rivales como “Los Injertos del Cono Norte”, por el control de zonas estratégicas para el transporte informal, construcción civil y tráfico de terrenos.

En resumen:

• 📍 53 inmuebles allanados
• 🚔 11 detenidos (incluyendo allegados al líder criminal)
• 🏛️ Alcalde de Carabayllo y funcionarios bajo investigación
• 🧾 Pruebas buscarían demostrar adjudicaciones ilícitas
• ⚖️ Fiscalía acusa delitos graves como homicidio, extorsión y corrupción

Indecopi ordenó al banco corregir deudas y devolver más de S/ 16 mil por retiro no autorizado, además de sancionarlo por ofrecer un seguro inexistente.

Indecopi sanciona al BCP por incumplimientos en seguros y seguridad de fondos

El Banco de Crédito del Perú (BCP) fue multado con 20.49 UIT, equivalente a S/ 109,621.50, por vulnerar los derechos de dos clientes en casos distintos relacionados con la falta de idoneidad y seguridad de sus servicios, según resolvió en última instancia la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

Caso 1: Seguro de vivienda nunca existió

Una clienta adquirió un crédito hipotecario con el BCP bajo la promesa de que el préstamo incluía un seguro para proteger su inmueble. Sin embargo, al intentar activar la póliza tras los daños ocasionados por lluvias en 2023, descubrió que el seguro nunca estuvo vigente.

La investigación de Indecopi reveló que el banco creó una falsa expectativa al ofrecer un seguro inexistente y, además, modificó el cronograma de pagos del préstamo sin consentimiento previo. Por este caso, el BCP fue multado con 13.6 UIT.

Asimismo, el banco deberá:

• Emitir una nueva liquidación de deuda bajo las condiciones originalmente pactadas.
• Entregar un cronograma actualizado y claro a la clienta afectada.

Caso 2: Retiro no autorizado de más de S/ 16 mil

En otro caso, una usuaria denunció el retiro no autorizado de S/ 16,084 desde su cuenta de ahorros. Aunque el BCP sostuvo que la operación se validó con clave digital y token, la Sala concluyó que el banco no cumplió con los estándares de seguridad exigidos.

El Indecopi determinó que el banco falló en alertar oportunamente sobre la operación y no tomó las medidas necesarias para garantizar la protección de los fondos del cliente.

Como resultado, el BCP fue sancionado con 6.89 UIT y se le ordenó:

• Reembolsar la totalidad del monto sustraído (S/ 16,084)
• Incluir intereses compensatorios por el tiempo transcurrido desde la operación.

¿Qué dice Indecopi?

Indecopi remarcó que las entidades financieras están obligadas a brindar servicios seguros, idóneos y con información clara. Estas medidas buscan proteger a los consumidores de malas prácticas que afecten su patrimonio o vulneren su confianza.

Recomendaciones para usuarios de servicios financieros:

• Exige documentación completa sobre cualquier seguro o servicio adicional asociado a tus productos financieros.
• Revisa constantemente tus movimientos bancarios y reporta cualquier operación no reconocida.
• Guarda copias de tus contratos, cronogramas de pago y comunicaciones con el banco.

El Banco de la Nación publicó las fechas oficiales para el abono de sueldos a trabajadores estatales entre el 20 y el 23 de octubre. Aquí te contamos cuándo te toca cobrar.

Cronograma de pagos octubre 2025: ¿Cuándo cobran los trabajadores del sector público?

El Banco de la Nación ha publicado el cronograma oficial de pagos al sector público para octubre de 2025, el cual establece fechas diferenciadas de acuerdo a las entidades estatales. Este esquema busca agilizar la entrega de remuneraciones y evitar aglomeraciones en las agencias a nivel nacional.

Los depósitos se realizarán en las cuentas de los trabajadores entre el lunes 20 y el jueves 23 de octubre, según el orden institucional establecido.

Fechas de pago por sector y ministerio

A continuación, te mostramos el calendario detallado según el ministerio o entidad pública a la que perteneces:

Lunes 20 de octubre

• Ministerio de Educación (incluye universidades)
• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
• Ministerio de Defensa
• Poder Judicial
• Ministerio Público
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
• Ministerio de Justicia
• Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales
• Contraloría General de la República
• Congreso de la República
• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
• Ministerio de Energía y Minas

Martes 21 de octubre

• Ministerio del Interior
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
• Defensoría del Pueblo

Miércoles 22 de octubre

• Ministerio de Salud
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• Ministerio de Cultura
• Ministerio del Ambiente
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
• Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

Jueves 23 de octubre

• Ministerio de la Producción
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
• Fuero Militar Policial
• Junta Nacional de Justicia
• Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
• Tribunal Constitucional

¿Por qué se organiza este cronograma?

El objetivo del Banco de la Nación es garantizar un pago ordenado y seguro a más de 500 mil trabajadores del sector público, distribuyendo las fechas para evitar congestiones en las agencias bancarias.

El abono se realiza directamente en las cuentas de ahorro, pero también se puede realizar el retiro por ventanilla en cualquier agencia del Banco de la Nación.

También hay cronograma para pensionistas

Además del pago a los trabajadores activos, el Banco de la Nación informó que el calendario para pensionistas afiliados a la ONP ya está en marcha y se desarrolla desde la primera semana de octubre. Este incluye tanto depósitos en cuenta como pagos por ventanilla.

Recomendaciones para los servidores públicos:

• Verifica tu entidad en el cronograma oficial.
• Consulta tu cuenta desde el aplicativo o cajero automático antes de acudir al banco.
• Evita acudir a las agencias si ya cuentas con otros medios de retiro (cajeros, banca por internet, aplicativos).

Investigación revela sobrecostos por S/ 63,150 millones y más de 2,500 proyectos detenidos que impiden el acceso a servicios básicos y frenan el desarrollo nacional.

El alto precio de la corrupción: obras públicas sobrevaloradas y paralizadas frenan el progreso del Perú

Un informe reciente de la Comisión Especial de Control Concurrente expone una realidad alarmante: la corrupción en la ejecución de obras públicas ha generado sobrecostos de más de S/ 63,150 millones, mientras que otras 2,572 obras están paralizadas, representando una inversión comprometida de S/ 43,163 millones. En conjunto, este fenómeno ha significado un golpe de más de S/ 106 mil millones al presupuesto nacional.

Esta pérdida colosal no solo representa un asalto a los recursos del Estado, sino también una tragedia social. Millones de peruanos continúan sin acceso a agua potable, saneamiento, salud, educación o transporte, mientras los proyectos destinados a resolver estas necesidades se estancan o son inflados artificialmente por redes de corrupción y malas prácticas administrativas.

Un país atrapado en la ineficiencia

El diagnóstico es contundente: según el informe al que accedió EXPRESO, el Estado pierde anualmente:

• S/ 8,836 millones en compras sobrevaloradas,
• S/ 8,936 millones por obras mal ejecutadas,
• Y más de S/ 7 mil millones por inconductas funcionales.

Estas cifras evidencian un sistema profundamente erosionado, donde los recursos públicos se desvían sin control, afectando directamente la calidad de vida de la población y perpetuando la desigualdad estructural del país.

Radiografía del desfalco

En 18 regiones evaluadas, se identificaron 967 inversiones con incrementos superiores al 100% respecto a su presupuesto inicial. Los sectores más golpeados por estas irregularidades son:

• Salud
• Transportes y Comunicaciones
• Vivienda
• Y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Estas áreas concentran S/ 34,205 millones en sobrecostos. A nivel de gobiernos regionales, se reportaron 653 inversiones con aumentos acumulados de S/ 28,944 millones.

El cementerio de obras

Además del sobregasto, 2,572 proyectos permanecen detenidos a marzo de 2025. El 52% del presupuesto comprometido en estas obras —más de S/ 22,500 millones— aún no ha sido ejecutado.

Estas obras abandonadas afectan directamente a comunidades enteras, muchas de ellas en situación de pobreza o pobreza extrema, que siguen esperando servicios básicos esenciales.

Según el informe, al menos 617 entidades estatales a nivel nacional están vinculadas con proyectos paralizados. En la mayoría de los casos, las causas son claras: corrupción, descoordinación, burocracia excesiva y falta de capacidad técnica.

Un freno al desarrollo nacional

Este entramado de corrupción y negligencia no solo detiene el progreso, sino que traiciona la confianza ciudadana y mantiene al Perú atrapado en un círculo vicioso de obras inconclusas, sobrevaloraciones y promesas incumplidas.

Mientras tanto, hospitales que nunca abren, colegios sin terminar, caminos que no conectan y sistemas de agua inconclusos siguen siendo la realidad diaria de miles de peruanos.

La magnitud de esta crisis exige respuestas urgentes, reformas estructurales y un compromiso real con la transparencia, la fiscalización eficiente y el castigo ejemplar a los responsables. El país no puede continuar perdiendo miles de millones por corrupción mientras millones de ciudadanos viven sin lo más básico.

Dina Boluarte tomó juramento al nuevo ministro en una ceremonia en Palacio de Gobierno, tras la renuncia de Juan José Santiváñez, quien buscará postular al Congreso en 2026.

Juan Manuel Cavero es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos

Este jueves 2 de octubre, Juan Manuel Cavero Solano juró como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en una ceremonia oficial realizada en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno, encabezada por la presidenta Dina Boluarte.

La designación se da luego de la renuncia de Juan José Santiváñez, quien decidió dar un paso al costado para iniciar su carrera política como candidato en las elecciones generales de 2026. Cavero Solano, hasta hoy jefe del Gabinete de Asesores del Minjusdh, asume el cargo en medio de un contexto político tenso y con la responsabilidad de liderar una cartera clave en la defensa del Estado de derecho y los derechos humanos en el país.

Una renuncia anunciada

La salida de Santiváñez no fue sorpresiva. Según declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ya se conocía que el exministro tenía intenciones de postular al Congreso. “Él ya había previsto renunciar en cualquier momento porque tiene aspiraciones políticas. Las saludo como cualquier ciudadano”, comentó.

En su carta de renuncia dirigida a la presidenta Boluarte, Santiváñez expresó que su decisión responde al deseo de participar como candidato en los próximos comicios. “La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas”, señaló.

Cabe destacar que su dimisión se produjo pocos días antes de que el Congreso debatiera una moción de censura en su contra, programada para este viernes 3 de octubre a las 10:00 a.m.

Perfil del nuevo ministro

Juan Manuel Cavero Solano es abogado y ha estado vinculado al sector Justicia desde hace varios años. Como jefe del Gabinete de Asesores del Minjusdh, conoce a fondo el funcionamiento interno del ministerio, lo que le otorga ventaja en la transición del cargo.

Su nombramiento se da en un momento crucial, donde se exige liderazgo firme en temas como la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y la mejora del acceso a la justicia para los ciudadanos.

Una juramentación discreta pero clave

La ceremonia fue confirmada por varios ministros de Estado que llegaron desde temprano a Palacio, entre ellos, Morgan Quero (Educación) y César Vásquez (Salud). El ministro de Transportes, que no pudo asistir, mencionó que fue notificado mediante un chat oficial sobre la juramentación de un nuevo titular de Justicia.

La presidenta Dina Boluarte, que ya había juramentado a Santiváñez previamente como ministro del Interior y luego de Justicia, vuelve a realizar un cambio importante en su gabinete.

El ingreso de Juan Manuel Cavero al Ministerio de Justicia representa continuidad técnica, pero también un nuevo capítulo político en un gobierno que enfrenta constantes cambios en el gabinete. Su experiencia previa en el sector podría ser una ventaja, pero los desafíos legales y sociales que enfrentará no son menores. El país espera acciones concretas y resultados en una cartera vital para la estabilidad institucional.

Miles de unidades paralizadas, enfrentamientos entre gremios y autoridades, y un servicio de transporte limitado marcan la jornada del 2 de octubre en medio de reclamos por extorsiones, asesinatos y falta de acción estatal.

Paro de transportistas en Lima y Callao: caos, contradicciones y un grito contra la inseguridad

Este jueves 2 de octubre, un nuevo paro de transportistas sacudió Lima Metropolitana y el Callao. La protesta fue convocada por diversos gremios del transporte urbano formal, quienes exigen acciones concretas frente a la creciente ola de extorsiones, atentados y asesinatos contra choferes, cobradores y empresarios del sector.

Desde la madrugada, miles de ciudadanos se vieron afectados por la interrupción parcial del servicio. En algunos distritos, como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho, la escasez de buses fue notoria. Paraderos colapsados, largas esperas y alzas en el precio de pasajes marcaron la jornada para quienes intentaron movilizarse.

¿Quiénes acataron el paro?

Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), más de 450 empresas de transporte suspendieron operaciones, afectando a alrededor de 10 mil unidades, incluidas cústers, combis y buses. El impacto fue más fuerte en los conos norte, sur y este de la ciudad.

Sin embargo, el Gobierno negó que el paro tuviera gran acogida. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostuvo que el 80% del servicio de transporte público funcionó con normalidad, mientras que el ministro César Sandoval calificó la movilización como “un fracaso”.

Esta contradicción entre cifras y percepciones generó aún más confusión entre los ciudadanos, que sí experimentaron dificultades reales para llegar a sus destinos.

Tensión en las calles: buses atacados

En algunos puntos de Lima, manifestantes pincharon las llantas de buses que no se sumaron al paro, especialmente en vías principales como Ramiro Prialé, en Ate. Al menos cinco unidades fueron atacadas. “Es por su bien”, decían los manifestantes, justificando los actos como una forma de presión al resto del sector.

Pedido al Congreso y propuesta de unidad de élite

Uno de los principales objetivos de la protesta fue entregar al Congreso de la República una propuesta legislativa para la creación de una unidad de élite contra el crimen en el transporte, integrada por miembros de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los gremios buscan combatir de forma articulada el accionar de bandas criminales que, según denuncian, operan con total impunidad.

Respuesta del Gobierno: minimización y exhorto

La presidenta Dina Boluarte se pronunció minimizando el impacto del paro y afirmó que “en 24 o 48 horas no se resolverá el crimen organizado”. Además, exhortó a los transportistas a deponer la medida para evitar perjudicar tanto sus propios ingresos como el traslado de otros ciudadanos.

El viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez, también aseguró que el servicio fue “fluido” en zonas como Puente Nuevo, Cono Norte, Sur y SJL. No obstante, el general Felipe Monroy, jefe policial en Lima, admitió que actualmente la PNP no tiene capacidad suficiente para proteger a todos los transportistas, debido al gran número de empresas y rutas operativas.

Impacto en otros sectores

El paro también obligó a cerrar mercados como el Valle Sagrado de San Juan de Lurigancho y generó la reprogramación de citas médicas en hospitales de EsSalud. La entidad habilitó líneas telefónicas para asegurar la atención de los asegurados afectados.

En educación, el Ministerio de Educación (Minedu) descartó la suspensión de clases presenciales, pero recomendó a las instituciones flexibilizar los horarios ante posibles tardanzas.

¿Cómo respondió el sistema de transporte estatal?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó la operación habitual del Metropolitano, Corredores Complementarios, Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima, así como del servicio AeroDirecto. Estos servicios se mantuvieron activos con el objetivo de minimizar el impacto del paro.

Tolerancia laboral

El Ministerio de Trabajo otorgó dos horas de tolerancia para los empleados afectados, dejando a las empresas la posibilidad de compensar ese tiempo posteriormente, de acuerdo con acuerdos internos.

Conclusión:

El paro de transportistas del 2 de octubre deja una postal contradictoria: mientras las autoridades insisten en que el servicio fue normal, en las calles miles de pasajeros enfrentaron un panorama muy distinto. Más allá de la disputa por cifras, el mensaje del gremio es claro: el transporte formal se siente abandonado frente a la inseguridad y la violencia.

Sin una respuesta firme y coordinada del Estado, estas protestas podrían volverse cada vez más frecuentes y radicales. La ciudad no puede permitirse seguir moviéndose al borde del colapso.

Rafaela Mallma es hospitalizada tras 38 días de huelga de hambre y encadenada, poniendo al descubierto la crisis de proveedores impagos en El Tambo.

El drama social de Huancayo alcanzó un nuevo nivel este jueves 2 de octubre cuando Rafaela Mallma, quien llevaba 38 días en huelga de hambre y encadenada frente a la Municipalidad de El Tambo, fue hospitalizada de emergencia debido al deterioro de su salud. La mujer protestaba por una deuda pendiente de 45 mil soles que la comuna debía por trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos que ella misma había realizado.

Su protesta, una de las más extremas vistas en la región, ha sacado a la luz una serie de problemas estructurales en el municipio, que van desde el incumplimiento de pagos hasta la falta de transparencia y el colapso de la gestión administrativa. Mallma, a lo largo de su huelga, había sobrevivido gracias a la ayuda de vecinos y compañeros proveedores, quienes le traían agua y abrigo, pero su situación empeoró al estar expuesta a las inclemencias del tiempo durante semanas.

El contexto del conflicto
La huelga de Mallma no es un caso aislado, sino que refleja una problemática más amplia en la región. Decenas de proveedores han denunciado demoras en los pagos por servicios prestados a diversas municipalidades de Junín, como resultado de una mala gestión administrativa y la falta de compromiso de las autoridades locales.

Aunque el alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, ha minimizado la protesta, argumentando que no existe un documento formal que respalde el pago de la deuda, los afectados sostienen que la rotación constante de funcionarios y la falta de recursos para mantener registros adecuados son las causas de la ausencia de la documentación necesaria.

El colapso de la protesta
Después de más de un mes sin ingerir alimentos, el cuerpo de Rafaela Mallma colapsó. Testigos confirmaron que la mujer ya no podía mantenerse en pie y fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, donde su salud quedó gravemente afectada. En sus últimas declaraciones antes de ser hospitalizada, Mallma expresó con voz débil: “Me tildarán de loca, pero no es así. Solo pido que me paguen lo que se me debe”.

Su lucha, aunque silenciosa, ha revelado la grave falta de sensibilidad de las autoridades ante las demandas de la ciudadanía. Y pone en evidencia una crisis ética y política: ¿Hasta qué punto deben llegar los ciudadanos para ser escuchados por el Estado?

Un problema que no termina en El Tambo
El caso de Mallma refleja una crisis que no se limita a la Municipalidad de El Tambo. En otras partes de Junín y en todo el país, crece el número de proveedores que enfrentan la burocracia, la falta de fondos y la incapacidad de las gestiones municipales para cumplir con sus compromisos.

Expertos en administración pública explican que las deudas municipales suelen acumularse debido a una gestión financiera deficiente, prioridades erróneas en el gasto público y la falta de un sistema efectivo de fiscalización. Esta situación provoca que muchos proveedores y contratistas queden atrapados en una maraña de trámites burocráticos, sin respuesta alguna por parte de las autoridades.

El costo de la indiferencia
La hospitalización de Mallma marca un hito en este conflicto. Su protesta, aunque extrema, logró atraer la atención a nivel nacional, dejando claro el alto costo humano de la indiferencia política y administrativa. Ahora, las autoridades municipales enfrentan una presión social creciente, no solo por resolver la deuda de Mallma, sino por abordar la situación de todos los proveedores afectados.

La población de Huancayo, y especialmente la de El Tambo, espera que este caso sirva de lección a los funcionarios locales, exigiendo transparencia, cumplimiento de compromisos y, sobre todo, una verdadera atención a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, si no se toman medidas efectivas, la crisis podría empeorar y dejar al descubierto un patrón de incumplimiento que afectaría la gobernabilidad local de la región.