Autor: adminsonorama

«Mochasueldos», conflictos de interés e investigaciones fiscales no fueron impedimento para que varias bancadas asignen presidencias a congresistas cuestionados.

Pese a estar involucrados en denuncias por recorte de sueldos, investigaciones fiscales e incluso acusaciones de invadir propiedad pública, diversos congresistas han sido designados como presidentes de importantes comisiones ordinarias del Parlamento. La decisión, tomada por las propias bancadas, ha generado cuestionamientos sobre el compromiso ético del Congreso y la forma en que se reparte el poder legislativo.

Uno de los casos más representativos es el de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso – APP), quien asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto, una de las más influyentes del Congreso, encargada de revisar y aprobar la asignación de fondos para el Estado. Soto, expresidente del Congreso, fue denunciado por estafa al vender por $265 mil un terreno que adquirió por solo $5 mil, ocultando esta información mientras trabajaba como asesor legal de la empresa compradora. El caso fue archivado tras aplicarse una ley de prescripción que luego fue conocida irónicamente como la “Ley Soto”.

También en APP, María Acuña, hermana del gobernador César Acuña, liderará la Comisión de Vivienda a pesar de estar denunciada por el recorte de sueldos a sus trabajadores —caso “mochasueldos”— y por invadir espacios públicos con propiedades en Lima y Chiclayo. En ambas ciudades se le acusa de apropiarse de terrenos públicos y bloquear vías. A pesar de estas denuncias, ahora tendrá a su cargo una comisión que se encarga de supervisar políticas de acceso a servicios básicos y ejecución de obras públicas.

En tanto, Fuerza Popular mantendrá la presidencia de la Comisión de Constitución, liderada por Arturo Alegría, autor de un proyecto de ley que permitiría a los congresistas hacer campaña política durante la semana de representación. Bajo el liderazgo de su bancada, esta comisión ha promovido iniciativas polémicas como el retorno de la inmunidad parlamentaria y la reelección de autoridades regionales y municipales.

El caso “mochasueldos” no se limita a María Acuña. También fueron denunciados y ahora dirigirán comisiones:

• Magaly Ruíz – Comisión de Salud
• José Arriola – Comisión de Inclusión Social
• Heidy Juárez – Comisión de Relaciones Exteriores

Además, la Comisión de Transportes estaría en manos de un legislador de Acción Popular, partido con miembros investigados como Juan Carlos Mori, vinculado al caso «Los Niños», y Carlos Enrique Alva, denunciado por el uso de una camioneta de un proveedor del Estado.

El politólogo Alejandro Rospigliosi criticó duramente esta situación, asegurando que los partidos han perdido toda vergüenza ante el electorado y han incumplido el propio Reglamento del Congreso, el cual exige experiencia y trayectoria para presidir comisiones. Según su análisis, estas designaciones reflejan una “repartija política” sin criterios técnicos ni éticos.

Rospigliosi hizo un llamado a los votantes de cara a las elecciones de 2026: “El electorado todavía está a tiempo de castigar con su voto a quienes están promoviendo estas prácticas. Es hora de renovar el Congreso y evitar la reelección de legisladores cuestionados”.

Fuente: Diario Correo

El hecho ocurre en medio de un conflicto diplomático tras las declaraciones del presidente Petro sobre la soberanía de la isla Chinería.

En la localidad de Santa Rosa de Loreto, situada en la triple frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil, autoridades y ciudadanos reportaron la aparición de una bandera colombiana flameando dentro del territorio peruano.

El símbolo nacional, de más de tres metros de longitud, fue retirado por la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, aunque hasta el momento no se ha identificado a los responsables del hecho.

Este incidente ocurre en un contexto tenso, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro afirmara recientemente que la isla Chinería, ubicada en esta región, pertenecería a Colombia, pese a los tratados y acuerdos vigentes que la reconocen como parte del Perú.

Los pobladores expresaron su sorpresa y preocupación ante lo que consideran una vulneración a la soberanía nacional. La municipalidad de Santa Rosa solicitó una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.

Diversas instituciones estatales de Colombia, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras, reconocen en sus mapas oficiales que la isla Santa Rosa se encuentra al sur del río Amazonas, dentro de territorio peruano. Esta postura coincide con los registros oficiales del Perú y está respaldada por el Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922, ratificado en 1928, que establece las fronteras entre ambos países.

A pesar de las declaraciones del presidente Petro, funcionarios colombianos citados por medios de comunicación reconocen que la documentación oficial respalda la soberanía peruana sobre la zona en disputa. Por su parte, la Cancillería peruana ha reiterado que no hay lugar a discusión sobre la soberanía de Santa Rosa y ha exigido respeto a los acuerdos internacionales firmados por ambas naciones.

El episodio subraya la importancia de respetar los tratados históricos para mantener la estabilidad y las buenas relaciones entre los países vecinos en la región amazónica.

Fuente: Infobae

Indecopi alertó sobre efectos como irritación y llagas bucales. La empresa suspendió la venta del producto y activó un plan de cambio voluntario para los consumidores.

Colgate-Palmolive Perú ha retirado del mercado más de 3 millones de unidades de su crema dental Colgate Total Clean Mint, tras una alerta emitida por Indecopi sobre posibles efectos adversos en algunos usuarios. Según el organismo, ciertos consumidores podrían presentar reacciones como irritación bucal, aftas, ampollas o hinchazón debido a una intolerancia al saborizante del producto.

Del total de unidades afectadas (3,156,792), más de 2,6 millones ya habrían sido adquiridas por los consumidores.

En respuesta, la empresa suspendió la importación y venta del producto desde el 31 de julio de 2025, y activó un programa de retiro voluntario de los puntos de venta.

Asimismo, los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por otro del portafolio de Colgate, contactándose a través de su sitio web o al 0801-136-36.

Fuente: Diario RPP

Las víctimas son una niña de 8 años y un adulto mayor de 70, ambos turistas. El acceso al lugar ha sido cerrado mientras se investigan las causas del deslizamiento.

Un trágico accidente ocurrió en la catarata Velo de la Novia, ubicada en el distrito de Aguaytía, provincia de Padre Abad (Ucayali), donde la caída de rocas causó la muerte de dos personas y dejó al menos 18 heridos, según confirmó el Gobierno Regional de Ucayali.

Las víctimas fatales son una menor de 8 años y un adulto mayor de 70, ambos turistas procedentes de Lima, quienes se encontraban en las pozas inferiores al momento del deslizamiento. Todos los heridos también son visitantes que llegaron al lugar por motivos turísticos.

Uno de los heridos fue evacuado a un hospital en Pucallpa debido a la gravedad de sus lesiones, informó Miguel Tunama, jefe de la Zona Sanitaria de Aguaytía.

Como medida preventiva, las autoridades han cerrado temporalmente el acceso al atractivo natural, mientras se realizan las investigaciones y evaluaciones técnicas para determinar las causas del incidente.

Fuente: Diario El Comercio

Netanyahu impulsa una nueva fase militar pese a críticas internas e internacionales. El plan incluye desmantelar a Hamas, evacuar Gaza y establecer un nuevo gobierno local sin presencia palestina reconocida.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó un nuevo plan para ampliar su operación militar en la Franja de Gaza, centrado en la toma de la Ciudad de Gaza y en el establecimiento de un control de seguridad israelí sobre todo el enclave. La estrategia, respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, busca desarticular a Hamas, liberar a los rehenes y crear una administración civil no vinculada ni a Hamas ni a la Autoridad Palestina.

El plan, dividido en fases, inicia con la evacuación forzada del norte de Gaza y una expansión en la distribución de ayuda humanitaria —aunque excluyendo la Ciudad de Gaza, en lo que se percibe como un intento de vaciarla. La fecha límite para completar esta etapa es el 7 de octubre, en conmemoración del ataque de Hamas en 2023.

La medida ha sido duramente cuestionada por sectores del ejército israelí, familias de los rehenes y manifestantes, quienes consideran que una ofensiva ampliada pondría en mayor riesgo a los cautivos y profundizaría la crisis humanitaria. Se estima que al menos 20 de los 50 rehenes en Gaza siguen con vida.

Pese a las advertencias del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, sobre las consecuencias humanitarias y diplomáticas de una escalada, Netanyahu recibió el respaldo de sus aliados de extrema derecha. Internacionalmente, el plan ha sido criticado por líderes como el primer ministro británico Keir Starmer, pero cuenta con el respaldo implícito de Estados Unidos.

La expansión militar plantea la posibilidad de una ocupación total del enclave, algo que Israel no ha hecho desde su retirada en 2005. Aunque el gobierno evita hablar de “ocupación” en términos formales —lo cual implicaría responsabilidades legales sobre la población civil—, el plan incluye una presencia de seguridad indefinida.

Organismos internacionales han advertido sobre un agravamiento del sufrimiento civil. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, alertó que esta estrategia puede provocar “desplazamientos masivos, más muertes y crímenes atroces”.

Hamas, por su parte, calificó la ofensiva como un “crimen de guerra” que tendrá consecuencias significativas.

Fuente: CNN