El gobierno de Perú afronta una crisis política y diplomática inédita tras la decisión del presidente interino José María Balcázar de frenar la compra de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos, una operación valorada en USD 3.500 millones y considerada una de las adquisiciones militares más relevantes de la región en la última década. La paralización no solo provocó la renuncia inmediata del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz, sino que desencadenó en una serie de cuestionamientos desde los principales gremios empresariales y militares del país.
La controversia se agudizó este miércoles 22 de abril, fecha límite para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuara el primer desembolso, por USD 2.000 millones, correspondiente al contrato inicial. Según los ministros renunciantes, el pago fue bloqueado por orden expresa del presidente Balcázar, a pesar de que el monto había sido aprobado mediante decreto supremo en diciembre pasado bajo la administración del expresidente José Jerí y estaba debidamente financiado a través de la emisión de bonos soberanos.
La adquisición formaba parte del programa “Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial y Precisión en las Operaciones Militares” del Grupo Aéreo N° 4, con base en Arequipa, y preveía la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70: 20 monoplazas y 4 biplazas, en dos etapas. El contrato inicial contemplaba la entrega de 12 aeronaves —10 F-16C y 2 F-16D— por USD 1.540 millones, mientras que los USD 460 millones restantes se destinarían a la adquisición de equipos de apoyo en tierra, repuestos, soporte logístico, capacitación, simuladores de vuelo y un lote inicial de armamento.
Lockheed Martin, la empresa estadounidense proveedora, destacó que el paquete ofrecido incluía todos los costos integrales de configuración, armamento, entrenamiento, sostenimiento e infraestructura, garantizando la “preparación operativa de largo plazo y la asequibilidad a lo largo del ciclo de vida de la aeronave”. La versión ofertada al Perú, el F-16 Block 70, es la más avanzada jamás producida, equipada con cabina digital, sistemas de misión de última generación, capacidades superiores de guerra electrónica y el radar APG-83 AESA, que proporciona mayor conciencia situacional, supervivencia y efectividad en combate.
Decisión política y antecedentes del proceso de compra
La decisión de adquirir los F-16 Block 70 no fue improvisada. Según explicó el exministro de Defensa Carlos Díaz, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, órgano colegiado presidido entonces por el expresidente José Jerí, aprobó en febrero de este año la compra directa por considerarla una “compra estratégica para la seguridad y defensa de la nación”. Posteriormente, el Comandante General de la Fuerza Aérea emitió el informe técnico y la resolución correspondiente, que fue elevada a la Presidencia de la República. El presidente Balcázar firmó el Decreto Supremo N° 01, autorizando la operación bajo la modalidad de secreto militar.
El primer contrato, por USD 2.000 millones, fue suscrito el lunes 20 de abril durante una ceremonia reservada en la Base Aérea de Las Palmas. La suscripción incluyó el Convenio Marco del Programa de Compensaciones Sociales e Industriales —offset— que abarca transferencias tecnológicas, coproducción de drones UAV de alcance medio (“Vulture”) y la certificación del Servicio de Mantenimiento del Perú (SEMAN PERU SAC) para el mantenimiento de los nuevos cazas y de la actual flota de KC-130 Hercules.
De acuerdo con los términos, la entrega de los primeros F-16C/D Block 70 estaba programada para mediados de 2029. El contrato contemplaba, además, la transferencia de un avión cisterna Boeing KC-135R Stratotanker para reabastecimiento en vuelo, valuado entre USD 40 y 50 millones, sin costo adicional para el país.
Bloqueo del pago por orden de Balcázar
Pese a la planificación técnica y financiera, el presidente Balcázar anunció públicamente la suspensión de la operación, argumentando la necesidad de “dar un espacio de tiempo” para que el próximo gobierno tome una decisión definitiva sobre la compra. Sin embargo, el exministro Díaz reveló que el mandatario sí firmó el decreto supremo que viabilizaba la adquisición bajo secreto militar, y que la negativa a autorizar el pago, cuando los contratos ya estaban suscritos, constituye una grave inconsistencia institucional.
El excanciller Hugo de Zela justificó su renuncia por considerar que la decisión política del presidente pone en peligro la credibilidad internacional del país y convierte a Perú en “un socio con el cual no se puede confiar en procesos de negociación”. De Zela denunció que Balcázar mintió al país al negar la existencia de los contratos firmados y reiteró que la transparencia y previsibilidad son factores esenciales para preservar la confianza de los socios estratégicos.
Protesta de Estados Unidos
La cancelación intempestiva motivó la reacción inmediata del embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, quien advirtió en la red social X que, de detectarse mala fe en las negociaciones, “se utilizarán todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y la región”. El mensaje fue interpretado por diversos sectores como una advertencia directa sobre posibles sanciones o represalias diplomáticas y comerciales.
A nivel interno, la medida fue duramente criticada por la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN), la Cámara de Comercio de Lima y exjefes militares, quienes alertaron que la postergación de la compra “no puede interpretarse como prudencia, sino como una señal de debilidad e indecisión frente a los desafíos de la Defensa Nacional”. Los gremios advirtieron que cada día de retraso implica una pérdida progresiva de capacidad operativa y una mayor vulnerabilidad del país ante potenciales amenazas externas.
Detalles financieros y cronograma de la operación
El programa de adquisición de los F-16 Block 70 tiene un presupuesto total de USD 3.500 millones para 24 aeronaves, distribuido en dos fases:
- Fase 1 (2025): Compra de 12 aviones (10 F-16C y 2 F-16D) por USD 1.540 millones y USD 460 millones en soporte logístico, capacitación y armamento, con financiamiento de 7.580 millones de soles (USD 2.000 millones) aprobados en la Ley de Endeudamiento del Sector Público del Año Fiscal 2025.
- Fase 2 (2026): Compra de otros 12 aviones por USD 1.500 millones, financiados a través de los 5.700 millones de soles (USD 1.500 millones) asignados en el presupuesto 2026.
El esquema de financiamiento fue diseñado para ejecutarse mediante créditos con el Banco de la Nación y la colocación de bonos soberanos —instrumentos de deuda pública local e internacional— emitidos por el propio MEF. La estructura y los plazos estaban alineados con la planificación presupuestal y los requerimientos de la Fuerza Aérea, y el contrato establecía penalidades significativas en caso de incumplimiento de los pagos pactados.
Impacto en la credibilidad internacional
La postergación de la compra deja en suspenso la modernización de la Fuerza Aérea, cuya flota de aviones Mirage y Sukhoi supera los 35 años de antigüedad. El retraso no solo compromete la capacidad disuasoria y operativa del país, sino que también podría derivar en la pérdida de USD 3.500 millones si se activa un litigio internacional sin que Perú reciba ninguna aeronave, tal como advirtió el exmandatario José Jerí.
El proceso fue seguido de cerca por fabricantes europeos, como Dassault Aviation (Francia) y Saab (Suecia), que presentaron reclamos formales tras la definición del proveedor estadounidense. La selección del F-16 Block 70 fue resultado de una evaluación técnica y presupuestal validada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa, la Contraloría General y el Congreso de la República.
Repercusiones políticas
La crisis se produce en un momento crítico, con un gobierno interino de baja legitimidad, una segunda vuelta electoral prevista para junio y la transición presidencial programada para finales de julio. Perú, ubicado en el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China en América Latina, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre en sus relaciones bilaterales y en su capacidad de negociación internacional.
El presidente Balcázar insiste en que la decisión responde al alto endeudamiento y que corresponde al próximo gobierno “sopesar la conveniencia” de la compra. No obstante, la parálisis ha sido interpretada como una señal de debilidad institucional, alimentando la percepción de que Perú es un país poco fiable para asumir compromisos de gran escala.
Diversos expertos y actores políticos, como el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay y el candidato Rafael López Aliaga, subrayan que el incumplimiento de acuerdos estratégicos podría afectar gravemente el acceso a mercados, la cooperación en materia de seguridad y la imagen de Perú en la comunidad internacional.
Críticas de gremios por suspensión de la compra de los F-16
El pronunciamiento de la ADOGEN y de exjefes militares enfatiza que la modernización de las Fuerzas Armadas debe ser una política de Estado sostenida, ajena a coyunturas políticas. Los gremios demandan al Ejecutivo priorizar la defensa nacional y la continuidad de los procesos de equipamiento militar, advirtiendo que la suspensión debilita la capacidad de respuesta ante amenazas y compromete la integridad territorial.
La Cámara de Comercio de Lima, por su parte, exige claridad y seriedad en la toma de decisiones, recordando que la estabilidad de las relaciones estratégicas constituye un activo económico fundamental para la atracción de inversiones y el desarrollo del país.
La suspensión de la compra de los F-16 Block 70 ha dejado expuesto al Estado peruano ante posibles litigios internacionales, sanciones contractuales y una pérdida de confianza que podría tardar años en ser restaurada.
Originalmente publicado en: Infobae.com – [Link original]()
