Junín registró 424 accidentes laborales en 2025 y sector público incumple normas de seguridad

La región Junín registró 424 accidentes laborales durante el 2025, según datos del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), una cifra que incluye siete fallecidos y 16 incidentes peligrosos.

El reporte se da en el marco del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con cifras que evidencian riesgos persistentes en distintos sectores productivos.

Octubre fue el mes con más accidentes

De acuerdo con el balance, octubre concentró el mayor número de casos con 65 accidentes laborales, convirtiéndose en el periodo más crítico del año.

En tanto, los meses de junio y febrero registraron el mayor número de fallecimientos, con dos muertes cada uno.

Estos datos reflejan una tendencia de alta exposición a riesgos laborales en determinados periodos del año.

Sector público presenta mayores incumplimientos

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) advirtió que, si bien el sector privado registra un 70 % de cumplimiento en la conformación de comités de seguridad y salud —impulsado por la fiscalización de la Sunafil—, las entidades públicas presentan mayores niveles de incumplimiento.

Según las autoridades regionales, esta situación genera una brecha en la aplicación de normas de seguridad laboral entre ambos sectores.

Cuestionan rol de Servir en fiscalización

El funcionario Luis Herrera, director de Prevención y Protección de los Derechos Fundamentales en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuestionó el rol de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

“Hay un descuido total porque Servir es el ente encargado de velar por el cumplimiento de esta norma, pero no realiza acción alguna para su implementación. Los trabajadores del sector público manifiestan sentirse desprotegidos ante la ley”, señaló.

Falta de control genera contradicción institucional

Las autoridades advirtieron que esta situación evidencia una contradicción, ya que el Estado exige el cumplimiento de normas de seguridad laboral al sector privado, pero no garantiza su aplicación en sus propias instituciones.

Este escenario, según indicaron, afecta directamente la protección de los trabajadores del sector público y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión.


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Originalmente publicado en: Diario Correo – [Link original](Leer más)