A pesar de las críticas internacionales y nacionales, la ley beneficia a los responsables de delitos durante el conflicto interno, afectando centenares de casos en curso.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno en el país, que se extendió entre 1980 y 2000. A pesar de las objeciones de la fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Boluarte firmó la ley este miércoles, en un acto al que asistieron congresistas de Fuerza Popular, partido de tendencia fujimorista, y militares retirados. La mandataria calificó el evento como “histórico” y destacó la importancia de honrar a los defensores del país.
En su discurso desde el Palacio de Gobierno, Boluarte afirmó: “No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios se conviertan en víctimas, mientras los verdaderos defensores de la patria son acusados injustamente”.
La ley, que fue aprobada por el Congreso el 9 de julio, favorece a los efectivos que no tienen una sentencia firme y a los sentenciados mayores de 70 años. Se estima que afectará aproximadamente 150 sentencias y 600 juicios en curso. El Ejecutivo tenía hasta el 15 de agosto para promulgar la ley o devolverla al Congreso con observaciones.
La Corte IDH había solicitado a Perú suspender el trámite del proyecto para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, Boluarte desestimó esta orden, siguiendo la misma postura que tomó en 2023, cuando permitió la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pese a las críticas internacionales.
El gesto más polémico fue el saludo entre la presidenta Boluarte y Juan Rivero Lazo, uno de los fundadores del Grupo paramilitar Colina, condenado por violaciones a los derechos humanos y liberado en diciembre. Rivero Lazo fue invitado de honor en la ceremonia de promulgación, un acto que ha causado indignación entre las organizaciones de derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a 74 organizaciones, expresó su rechazo y convocó una protesta frente al Palacio de Justicia. Según su comunicado, la ley deja a miles de víctimas sin justicia, y las familias de las víctimas de los crímenes de la violencia interna han declarado un duelo nacional.
Human Rights Watch también condenó la ley, calificándola como un retroceso en los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas y debilitando el Estado de Derecho en Perú. Con esta medida, el país se alinea con gobiernos de Nicaragua, Venezuela y otros que desafían las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, durante el conflicto interno en Perú, entre 1980 y 2000, aproximadamente 70.000 personas fueron asesinadas y más de 20.000 desaparecieron, víctimas tanto de los grupos guerrilleros como de las fuerzas armadas del país.
Fuente: Diario El País
