Aunque los gremios aseguraron que el 50 % del transporte acató la protesta, en muchos distritos la jornada transcurrió con normalidad. Transportistas denuncian extorsiones y exigen mayor seguridad al Estado.
El paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto generó una jornada marcada por la confusión y el contraste entre versiones. Mientras gremios aseguraron que cerca de la mitad de las unidades de transporte acataron la paralización, en diversas zonas de Lima y Callao el servicio operó con relativa normalidad.
Desde tempranas horas de la mañana, numerosos vehículos, tanto formales como informales, salieron a prestar servicio ante el temor de pérdidas económicas y posibles represalias por parte de bandas criminales. Según informes de la Policía Nacional, el transporte público fluyó sin mayores contratiempos en gran parte de la capital. Más de 2.000 efectivos fueron desplegados como medida preventiva.
El ministro de Transportes, César Sandoval, desestimó la protesta, calificándola como inexistente. Recalcó que el grueso del transporte formal no participó y sostuvo que la ciudadanía no debe ceder al «chantaje de ciertos sectores».
La presidenta Dina Boluarte también se pronunció, saludando a los trabajadores que no se sumaron a la protesta. Enfatizó que el país necesita avanzar pese a la delincuencia, sin dar espacio al miedo ni a la inestabilidad.
Por su parte, los gremios organizadores, como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, sostienen que la medida responde a la grave crisis de seguridad que enfrenta el sector. Denuncian constantes amenazas, extorsiones y asesinatos, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde afirman que se registran hasta tres muertes semanales de conductores.
Según Martín Valeriano, líder de Anitra, unas 20 mil unidades —entre buses y cústers— se habrían sumado al paro, cifra que representa el 90 % del parque formal en Lima y Callao. Advirtió además que, si el Gobierno no responde a sus demandas en un plazo de 30 días, podrían convocar a una huelga nacional indefinida.
Los gremios exigen mayor seguridad en rutas, mejores condiciones laborales y una estrategia integral que involucre a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Afirman que las acciones actuales del Gobierno son dispersas y poco efectivas para frenar la criminalidad.
Durante la jornada, se reportaron movilizaciones en el Centro de Lima, especialmente desde la plaza Dos de Mayo hasta el Congreso, lo que generó bloqueos en avenidas principales como Abancay, Nicolás de Piérola y la Panamericana Norte.
Pese al anuncio del paro, el Ministerio de Educación descartó cambiar las clases presenciales por la modalidad virtual en Lima y Callao, manteniéndolas con normalidad tras coordinar con el Ministerio de Transportes.
Finalmente, aunque el Ejecutivo buscó transmitir tranquilidad, la polarización entre las declaraciones oficiales y las denuncias de los gremios ha dejado en evidencia la tensión creciente en el sector transporte, y una problemática que, de no ser atendida, podría escalar en los próximos meses.
Fuente: Infobae
