La decisión impide a la Fiscalía avanzar en procesos por corrupción, abuso de poder y violaciones de derechos humanos hasta julio de 2026. Especialistas y políticos critican el fallo como un “blindaje presidencial”.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dictaminó este martes que todas las investigaciones fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte deberán ser suspendidas hasta que finalice su mandato en julio de 2026. La medida se sustenta en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que restringe las causas por las que un presidente en funciones puede ser acusado.
Según el fallo, solo procede un proceso constitucional contra un jefe de Estado en ejercicio si incurre en traición a la patria, impide elecciones o el funcionamiento del sistema electoral, o disuelve el Congreso. Por lo tanto, cualquier otra acusación —incluidas las vinculadas a presuntos actos de corrupción— no podrá ser investigada activamente mientras la mandataria siga en el cargo.
La decisión tiene implicancias a futuro, pues también limitará las facultades de la Fiscalía respecto a los presidentes venideros. En adelante, las pesquisas preliminares durante un mandato solo podrán incluir tres acciones: recibir declaraciones, solicitar información y recibir documentación.
Durante su presidencia, Boluarte ha acumulado nueve denuncias constitucionales, entre ellas algunas de gravedad: por las muertes y heridos durante las protestas al inicio de su gobierno; por abandono del cargo debido a cirugías estéticas realizadas en secreto; por el caso “Rolexgate”, que la vincula al presunto delito de cohecho tras recibir relojes y joyas del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; y por supuestamente encubrir al prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.
Todas estas investigaciones quedan suspendidas, salvo que el Congreso la destituya por “incapacidad moral permanente”, un escenario poco probable debido a que el Legislativo ha sido su principal respaldo político, pese a que su aprobación ciudadana ronda apenas el 3%.
El fallo ha sido duramente cuestionado por expertos y políticos de oposición. El constitucionalista Franco García Lazo advirtió que la sentencia permite a los futuros presidentes actuar impunemente durante cinco años. “Pueden delinquir, destruir pruebas y protegerse con apoyo congresal”, declaró.
En la misma línea, la jurista Beatriz Ramírez Huaroto criticó que el Tribunal haya adoptado un estándar “excesivamente generoso” para blindar al Ejecutivo, descartando avances en la lucha anticorrupción impulsados por la Corte Suprema.
Voces políticas también se han pronunciado. La excongresista Indira Huilca calificó el fallo como una muestra de impunidad: “A otros presidentes se les destituye; a Boluarte, se le protege”, sostuvo. Gino Costa, por su parte, denunció una doble vara en el trato a los gobernantes. “A Castillo, Vizcarra y PPK se les vaca; a Boluarte y Merino, ni se les toca”, afirmó.
En contraste, el congresista José Cueto, de Renovación Popular, defendió la resolución. Alegó que no se trata de proteger a una persona específica, sino de preservar la investidura presidencial. Cueto respaldó recientemente la ley de amnistía promulgada por Boluarte a favor de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno.
El fallo del TC abre una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y la ciudadanía, al consolidarse una figura presidencial con amplias protecciones legales en medio de múltiples acusaciones.
Fuente: El País
