El expresidente fue sentenciado a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado. Mientras algunos celebran un triunfo para la democracia, otros ven en la sentencia un símbolo de persecución política.

En un hecho sin precedentes para la historia democrática de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, donde fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión, tomada por una mayoría de 4 a 1 en el Supremo Tribunal Federal (STF), marca un antes y un después para un país que durante décadas evitó juzgar a sus líderes por ataques a la democracia.
El fallo representa un doble impacto, tan simbólico como contradictorio: por un lado, es visto como una señal clara de que la democracia brasileña ha madurado lo suficiente para no tolerar rupturas institucionales; por otro, profundiza la división social y política, alimentando el discurso de persecución entre los seguidores del exmandatario.
“La condena es una respuesta firme al autoritarismo y una oportunidad histórica para saldar cuentas con la impunidad del pasado”, explicó a CNN la politóloga Alessandra Terra de Faria, quien recordó que, a diferencia de épocas anteriores, esta vez no hubo amnistía.
Una sentencia sin precedentes para un crimen colectivo
El fallo contra Bolsonaro llega tras más de 650 condenas a ciudadanos por su participación en los ataques del 8 de enero de 2023, cuando cientos de personas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. La justicia los responsabilizó por delitos como tentativa de golpe de Estado, abolición del orden democrático, organización criminal y daños al patrimonio público.
Ahora, el exmandatario se convierte en el primer líder brasileño condenado por intentar subvertir el orden democrático desde el retorno de la democracia en 1985. Aunque aún puede apelar, la Corte no revisará el juicio completo, sino solo aspectos puntuales del fallo.
Durante el proceso, Bolsonaro se declaró inocente y lo calificó de “cacería de brujas”. Pero el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, fue tajante: “No hay ninguna duda de que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2022 e imponer una dictadura”.
Entre la justicia y la polarización
La decisión no llega en un contexto de unidad nacional, sino en un clima altamente polarizado. Manifestaciones paralelas el pasado domingo –en el Día de la Independencia– evidenciaron el quiebre: de un lado, los seguidores de Bolsonaro reclamaban amnistía; del otro, grupos progresistas defendían la institucionalidad y el fallo judicial.
Para Fernando Tiburcio, abogado constitucionalista, la sentencia tiene un valor simbólico potente, pero también riesgos políticos: “Estamos lejos de un proceso de pacificación. Esto va a echar más gasolina al fuego. Habrá movilizaciones, y probablemente una radicalización en ciertos sectores de la derecha”.
La situación incluso ha escalado al plano internacional. Estados Unidos, bajo la administración Trump, impuso restricciones a funcionarios brasileños involucrados en el juicio, mientras que la Casa Blanca emitió una advertencia más firme esta semana, señalando que “EE.UU. protegerá la libertad de expresión en el mundo”, algo que Brasil consideró una injerencia inaceptable.
¿Y ahora qué para la derecha brasileña?
Aunque Bolsonaro ya estaba inhabilitado desde 2023 para postular a cargos públicos por 8 años, su figura sigue siendo central en la política brasileña. Con él fuera de la contienda presidencial de 2026, la derecha se encuentra en plena reorganización interna.
El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se perfila como su posible sucesor político, mientras que su hijo, Eduardo Bolsonaro, desde Estados Unidos, intenta mantener viva la llama del bolsonarismo mediante lobby internacional. “Dice que lo hace por su padre, pero claramente lo hace por sí mismo”, opinó Terra de Faria.
Aunque debilitada, la derecha aún tiene capacidad de movilización y una base sólida de apoyo. El desafío será canalizar ese capital político en una candidatura viable sin su líder natural, mientras el país enfrenta el reto de proteger la democracia sin caer en nuevas espirales de odio.