La cifra fue difundida por el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, luego de decretarse el estado de emergencia
Un análisis del exviceministro del Interior, Julio Corcuera, evidencia un severo déficit en la respuesta institucional frente a la extorsión en el país entre 2020 y 2025. Solo el 1.7% de los casos denunciados lograron una sentencia durante este periodo, según los datos expuestos por el exfuncionario.
Entre 2020 y 2025, las autoridades policiales recibieron 85,000 denuncias por extorsión, mientras que el Ministerio Público registró 82,000 casos en ese mismo lapso. No obstante, únicamente 1,470 personas fueron sentenciadas por este delito, una cifra que representa una minoría respecto al volumen de casos reportados.
“Solo el 1.7% de casos han obtenido sentencia; el porcentaje de impunidad es altísimo”, afirmó Julio Corcuera al detallar el alcance de este fenómeno delictivo. Esta proporción pone en evidencia una brecha significativa entre la cantidad de denuncias recibidas y la resolución judicial.
La extorsión se ha convertido en uno de los retos más notorios para las entidades vinculadas a la seguridad y la justicia en el país. El incremento sostenido de denuncias, sumado a la baja tasa de sentencias, proyecta un escenario de alta impunidad, donde los autores de estos delitos rara vez enfrentan condenas efectivas.
El impacto de esta impunidad afecta tanto a las víctimas como a la percepción de seguridad en la ciudadanía, planteando interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para frenar las redes de extorsión y ofrecer respuestas judiciales eficaces.
Las cifras expuestas por el exviceministro reflejan la continuidad de un fenómeno que demanda atención prioritaria en el diseño de políticas de seguridad y justicia penal. El balance del periodo 2020-2025 sugiere la necesidad de revisar los procedimientos de investigación, así como los mecanismos disponibles para fortalecer la persecución de los delitos de extorsión.
Estado de emergencia
El presidente encargado José Jerí anunció el inicio de un nuevo estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao desde la medianoche del 22 de octubre. La medida, formalizada a través del Diario Oficial El Peruano, autoriza a la Policía Nacional del Perú (PNP) a tomar el control del orden interno en ambas jurisdicciones por 30 días, con posibilidad de ampliación y con el respaldo del Ejército del Perú.
La noche en la que entró en vigor la disposición, Jerí difundió un mensaje en la red social X desde el vehículo presidencial: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”, acompañado de una fotografía tomada en ese contexto. Posteriormente, compartió imágenes del despliegue militar en San Juan de Lurigancho, indicando que desde primera hora de la mañana personal del Ejército patrullaba este distrito como parte del enfoque territorial de la medida, y agregó que estuvo acompañado por el ministro de Justicia y el alcalde del distrito.
El decreto implica la restricción de varios derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la reunión y la circulación. Además, los eventos masivos religiosos, culturales o deportivos requieren una autorización específica, en cumplimiento del nuevo reglamento de inspecciones técnicas.
La declaración del estado de emergencia ha reactivado el debate sobre la eficacia de este tipo de respuestas ante la criminalidad. El actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio, expresó que la medida representa “más de lo mismo” y no descartó aplicar toque de queda si la situación lo amerita. “Nuestros mensajes tienen que ser potentes hacia el ciudadano. No queremos hacer más de lo mismo de lo que se ha venido haciendo en estos últimos años”, sostuvo el ministro, aludiendo a la continuidad de estrategias similares durante gestiones anteriores y a la percepción de escasos resultados.
Fuente: INFOBAE