El hermano de la presidenta Dina Boluarte fue sorprendido en su casa en San Borja durante un operativo del Ministerio Público que lo vincula con un nuevo caso en curso; su abogado denuncia abuso de autoridad.
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte en San Borja por presuntos actos de corrupción.
La madrugada de este martes, el Ministerio Público realizó un allanamiento en la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja. La diligencia, que contó con respaldo policial, forma parte de una nueva investigación por presunta corrupción en la que el familiar de la mandataria estaría involucrado.
El operativo se inició poco antes de las 6 de la mañana y se enmarca dentro de una serie de intervenciones simultáneas en diferentes zonas de Lima. Según el abogado defensor de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, ni él ni su cliente habían sido notificados oficialmente sobre el inicio de esta nueva carpeta fiscal.
“No tengo ninguna información del caso. Me he enterado por la propia diligencia. Esto es un abuso más de la fiscalía”, declaró Vivanco a los medios al llegar al lugar, cuestionando la legalidad y la necesidad de la intervención. Añadió que su patrocinado “no conoce al señor Santiváñez ni tiene vínculo alguno con ninguna minera”, en alusión a las versiones que relacionan esta investigación con el actual ministro de Justicia y exministro del Interior censurado, Juan José Santiváñez.
Durante los primeros momentos del allanamiento, estuvo presente en la vivienda el defensor público César Linares, quien confirmó que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y que Nicanor Boluarte colaboró con las autoridades.
“Todo se está dando con normalidad. Él está tranquilo y ya cuenta con su abogado particular”, aseguró Linares, señalando que no se reportaron irregularidades en el ingreso ni en el desarrollo de la diligencia.
Este nuevo caso se suma al proceso ya abierto contra Nicanor Boluarte bajo el nombre de “Los Waykis en la sombra”, donde se le acusa de liderar una presunta red criminal orientada a colocar personas de confianza en cargos clave dentro del Ministerio del Interior. Según las investigaciones, el objetivo habría sido facilitar el registro de un nuevo partido político, “Ciudadanos por el Perú”, mediante el copamiento de prefecturas y subprefecturas.
Hasta el momento, ni la presidenta Dina Boluarte ni el Ministerio Público han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva intervención.
Fuente: Dierio El Comercio