Autor: adminsonorama

El actual ministro de Justicia es investigado por encabezar una presunta mafia integrada por exjefes policiales, funcionarios y empresarios, con vínculos directos a Nicanor Boluarte y supuestos actos de corrupción en el Ministerio del Interior.

Santiváñez en la mira: Fiscalía lo acusa de dirigir red criminal desde el Ministerio del Interior

El actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, es acusado por la Fiscalía de liderar una presunta organización criminal enquistada en el aparato estatal, conformada por ex altos mandos de la Policía Nacional, funcionarios públicos, abogados de su entorno y empresarios. La investigación, a cargo del fiscal Carlos Ordaya López del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), incluye también al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, como implicado.

Según la resolución judicial que autorizó recientes allanamientos e incautaciones, los presuntos integrantes de esta red serían al menos siete personas, entre ellas el exjefe de la Dirección de Medio Ambiente, general Gregorio Villalón Trillo; el exdirector de Operaciones Especiales, coronel (r) Percy Tenorio Gamonal; el director de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez de la Cruz; y el servidor público Yber Torres Pariona, entre otros.

El origen de la red: poder, contactos y favores

Santiváñez asumió el Ministerio del Interior en mayo de 2024, tras haber defendido legalmente a la presidenta Dina Boluarte. Pese a haber sido censurado por el Congreso, fue nombrado poco después como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental con oficinas en Palacio de Gobierno. Desde esta posición, señala la Fiscalía, habría continuado liderando actividades ilícitas.

El 23 de agosto de 2025, la propia presidenta lo juramentó como ministro de Justicia, cargo que hoy ostenta mientras se intensifican las investigaciones en su contra.

Los cuatro hechos de corrupción que investiga la Fiscalía:

1. Favorecimiento a minera El Dorado: La red habría intervenido irregularmente, a cambio de dinero, en una disputa minera en Ayacucho mediante la Dirección de Medio Ambiente de la PNP.
2. Compra de ascensos: Generales de la Policía habrían pagado sobornos para mantenerse en sus cargos.
3. Manipulación interna: Se habrían alterado procesos dentro de la Defensoría del Policía para beneficiar a aliados del grupo.
4. Encubrimiento a Nicanor Boluarte: El hermano de la presidenta habría recibido protección activa de los miembros de la organización, con visitas frecuentes a los investigados.

Los círculos de poder

Según la indagación, la red operaba en dos niveles:

• Primer círculo: Incluye a Percy Tenorio (cercano y abogado del entorno de Santiváñez), Yessenia De La Cruz (exadministradora del estudio legal de Santiváñez), y Marco Palacios Meza (exabogado del mismo estudio).
• Segundo círculo: Lo conforman Gregorio Villalón, Máximo Ramírez e Yber Torres, con roles en la operación de favores y designaciones en el Estado.

Dos empresarios, Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier, también están involucrados. Según testigos, habrían pagado US$160 mil por un operativo policial manipulado a su favor.

Vínculos con los Boluarte

El fiscal Ordaya subraya que Juan Santiváñez no solo formó parte del entorno cercano de Dina Boluarte, sino que, antes de asumir cargos públicos, habría trabajado como parte del «brazo legal de protección» de una organización paralela liderada por Nicanor Boluarte, diseñada para garantizar impunidad y facilitar la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.

Incluso, en su propia declaración jurada al asumir el Ministerio de Justicia, Santiváñez reconoció estar involucrado en 12 investigaciones fiscales previas. Ahora, enfrenta una nueva carpeta, la número 13, por estos recientes hallazgos.

Una investigación en curso con implicancias políticas

La Fiscalía ha solicitado y ejecutado allanamientos a domicilios y oficinas de los implicados, además de incautar computadoras, celulares y documentación relevante para el caso. La figura que se construye desde el Ministerio Público es la de una red de corrupción instalada desde el Estado mismo, con ramificaciones políticas, policiales y empresariales.

Aún no se han emitido declaraciones oficiales ni desde el Ejecutivo ni desde el propio Ministerio de Justicia sobre la investigación que complica al actual titular del sector.

Fuente: Diario La Republica

El hermano de la presidenta Dina Boluarte fue sorprendido en su casa en San Borja durante un operativo del Ministerio Público que lo vincula con un nuevo caso en curso; su abogado denuncia abuso de autoridad.

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte en San Borja por presuntos actos de corrupción.

La madrugada de este martes, el Ministerio Público realizó un allanamiento en la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja. La diligencia, que contó con respaldo policial, forma parte de una nueva investigación por presunta corrupción en la que el familiar de la mandataria estaría involucrado.

El operativo se inició poco antes de las 6 de la mañana y se enmarca dentro de una serie de intervenciones simultáneas en diferentes zonas de Lima. Según el abogado defensor de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, ni él ni su cliente habían sido notificados oficialmente sobre el inicio de esta nueva carpeta fiscal.

“No tengo ninguna información del caso. Me he enterado por la propia diligencia. Esto es un abuso más de la fiscalía”, declaró Vivanco a los medios al llegar al lugar, cuestionando la legalidad y la necesidad de la intervención. Añadió que su patrocinado “no conoce al señor Santiváñez ni tiene vínculo alguno con ninguna minera”, en alusión a las versiones que relacionan esta investigación con el actual ministro de Justicia y exministro del Interior censurado, Juan José Santiváñez.

Durante los primeros momentos del allanamiento, estuvo presente en la vivienda el defensor público César Linares, quien confirmó que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y que Nicanor Boluarte colaboró con las autoridades.

“Todo se está dando con normalidad. Él está tranquilo y ya cuenta con su abogado particular”, aseguró Linares, señalando que no se reportaron irregularidades en el ingreso ni en el desarrollo de la diligencia.

Este nuevo caso se suma al proceso ya abierto contra Nicanor Boluarte bajo el nombre de “Los Waykis en la sombra”, donde se le acusa de liderar una presunta red criminal orientada a colocar personas de confianza en cargos clave dentro del Ministerio del Interior. Según las investigaciones, el objetivo habría sido facilitar el registro de un nuevo partido político, “Ciudadanos por el Perú”, mediante el copamiento de prefecturas y subprefecturas.

Hasta el momento, ni la presidenta Dina Boluarte ni el Ministerio Público han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva intervención.

Fuente: Dierio El Comercio

La ex primera ministra de Pedro Castillo inicia una huelga de hambre seca y asegura que está dispuesta a morir; denuncia abusos, amenazas y exige atención a otras internas hostigadas.

La ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, lleva cinco días en huelga de hambre seca en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, al sur de Lima. Recluida desde junio de 2023 por su presunta participación en el fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, Chávez ha decidido no ingerir alimentos ni líquidos y rechaza toda intervención médica, incluso los intentos de reanimación.

Su protesta es una respuesta extrema ante lo que denuncia como una serie de abusos sistemáticos dentro del penal. En una carta escrita de puño y letra, Chávez afirma que ha sido drogada antes de audiencias judiciales, que se le niega el acceso a servicios básicos como el baño y que ha recibido amenazas de muerte. Además, asegura que se le impide ejercer adecuadamente su defensa en juicio.

La exministra, quien ocupó varios cargos durante el gobierno de Castillo, incluido el de presidenta del Consejo de Ministros en su tramo final, ya había realizado una huelga de hambre en julio para exigir el cambio de directora del penal, a quien acusa de liderar una red de extorsión y abuso dentro del centro penitenciario. Sin obtener resultados, reanudó su medida de protesta el 19 de agosto, pero esta vez de manera radical: sin alimentos, sin agua, y sin asistencia médica.

En su más reciente comunicación, ha solicitado una videollamada para despedirse de sus padres, la bendición de un sacerdote y que sus restos sean entregados a su abogado, Raúl Noblecilla, en caso de fallecer. También pide el traslado de dos internas que, según afirma, son víctimas de hostigamiento.

El abogado Noblecilla publicó este lunes un consentimiento firmado por Chávez y un médico del penal, donde se deja constancia de que ella está plenamente consciente de los riesgos de su decisión. El documento advierte que su vida corre peligro en un plazo de tres a cinco días si continúa sin ingerir líquidos.

Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha confirmado que Chávez ha rechazado la atención médica en repetidas ocasiones, aunque aseguran que es monitoreada constantemente. Por su parte, el abogado advierte que si el Estado no actúa, “esta dictadura cargará con un muerto más”, y señala que la Corte Suprema aún no resuelve el pedido de excarcelación por la prolongación de su prisión preventiva, que ahora se extiende hasta marzo de 2026.

En medio de las divisiones políticas que aún sacuden al país, 20 congresistas han firmado un manifiesto respaldando los reclamos de la exministra, mientras que sus críticos aseguran que su huelga no es más que una estrategia mediática.

Fuente: El País

La entidad financiera inaugura su primera Oficina de Inclusión Amazónica y entrega importantes donaciones en salud y educación, beneficiando a una de las zonas más olvidadas del país.

Caja Huancayo marca un hito histórico al inaugurar su Oficina de Inclusión Amazónica en Santa Rosa de Loreto

Santa Rosa de Loreto, agosto de 2025. En un hecho sin precedentes para la inclusión financiera en la Amazonía peruana, Caja Huancayo inauguró una moderna Oficina de Inclusión Amazónica en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la frontera con Colombia. Esta acción refuerza el compromiso de la institución con las comunidades históricamente olvidadas por el Estado y busca acercar servicios financieros seguros y de calidad a zonas alejadas del país.

La iniciativa fue impulsada por el Presidente del Directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza, junto a los miembros del Directorio, la Gerencia Mancomunada y la Junta General de Accionistas, quienes estuvieron presentes en la ceremonia protocolar junto a autoridades locales y representantes de la comunidad.

En el marco de este acontecimiento, y en alianza con la Fundación Caja Huancayo, se realizó una significativa contribución social en beneficio de la salud y la educación de la población. La donación incluyó laptops para docentes, pantallas LED, pizarras blancas, equipo de sonido y el mejoramiento del complejo deportivo de la I.E. N.° 601014 «República del Perú».

En el ámbito de la salud, se entregaron equipos médicos para atención en pediatría, odontología y servicios administrativos del Centro de Salud Comunitario de Santa Rosa, además del mejoramiento de su infraestructura, con el objetivo de fortalecer los servicios de atención médica en la zona.

Este importante paso se enmarca en la política de sostenibilidad de Caja Huancayo, como miembro signatario de la Red para el Financiamiento de la Amazonía, reafirmando su visión de desarrollo sostenible y responsabilidad social.

Con 37 años de trayectoria institucional, Caja Huancayo continúa consolidándose como la «Caja del Perú», expandiendo su presencia a lo largo y ancho del país, promoviendo el desarrollo económico e impulsando el bienestar de las comunidades más alejadas.

El alcalde de Lima cede el uso del corredor ferroviario al Ejecutivo para destrabar el proyecto, pero advierte que la cesión quedará sin efecto si no se inicia operación en el corto plazo. Denuncia presuntos intereses ocultos detrás de la inacción.

En un nuevo episodio del enfrentamiento entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó este lunes la entrega del corredor ferroviario para el proyecto del tren Lima–Chosica. Sin embargo, la cesión tiene una cláusula clara: si el Ejecutivo no pone en marcha el servicio en un corto plazo, se anulará automáticamente “todo derecho” de uso.

Durante una ceremonia por la entrega de equipos donados por la empresa estadounidense Caltrain, el alcalde explicó que se ha enviado una carta formal al MTC, acompañada del decreto de urgencia ya remitido previamente. “Estamos haciendo todo lo necesario para destrabar este proyecto, pero la pelota está en su cancha”, señaló.

El burgomaestre criticó la falta de respuesta del Gobierno y apuntó directamente al ministro de Transportes, César Sandoval, por frenar el avance alegando riesgos en los 49 cruces vehiculares del trayecto. “Me sorprende el silencio del premier Arana. ¿A qué le tiene miedo?”, cuestionó.

La cesión, que incluye uso y usufructo del corredor, está condicionada a la pronta activación del tren y a la aprobación del decreto de urgencia. Además, López Aliaga reiteró que solo se requiere una inversión aproximada de dos millones de dólares para implementar medidas de seguridad en el tramo Chosica–Desamparados, como cercos para evitar cruces peatonales peligrosos.

El conflicto se intensificó tras acusaciones del alcalde sobre presuntas intenciones del MTC de apropiarse de los trenes con fines irregulares. “Conozco cómo funciona el Estado. Guardan los trenes, los desmantelan, los venden por partes. Ahí está el negocio”, afirmó. Según López Aliaga, el ministro Sandoval busca dilatar el proyecto para ganar visibilidad con miras a una eventual candidatura en 2026.

En respuesta, la Presidencia del Consejo de Ministros respaldó al titular del MTC y rechazó las acusaciones, asegurando que su enfoque es “técnico y responsable”, con prioridad en la seguridad y sostenibilidad de los proyectos.

López Aliaga fue enfático: “No es una donación, es una cesión de uso. Si no hacen nada, se acaba”.

Fuente: Infobae

Dos ataques consecutivos impactaron el Complejo Médico Nasser en Khan Younis; las autoridades palestinas denuncian una masacre deliberada contra rescatistas y medios de comunicación.

Al menos 20 personas, entre ellas periodistas, médicos y socorristas, murieron este lunes tras dos ataques aéreos israelíes en el hospital Nasser de Khan Younis, al sur de Gaza, según informaron autoridades locales.

El Ministerio de Salud Palestino confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron dos bombardeos con pocos minutos de diferencia en el Complejo Médico Nasser. El primero impactó el cuarto piso del hospital, mientras que el segundo golpeó a los equipos de emergencia y periodistas que habían acudido a la escena, según reportó el propio centro médico.

Entre las víctimas se encuentran cinco periodistas y cuatro trabajadores de la salud, confirmó el Dr. Mohammad Saqer, portavoz del hospital y jefe del área de enfermería.

Periodistas entre las víctimas

Los periodistas fallecidos incluyen a:

• Mohammad Salama, camarógrafo de Al Jazeera.
• Hussam al-Masri, colaborador de Reuters.
• Mariam Abu Dagga, periodista que trabajó con Associated Press e Independent Arabic.
• Moath Abu Taha, reportero independiente.

El ataque también provocó la muerte de un miembro de los equipos de defensa civil.

Los reporteros se encontraban en un balcón del hospital, desde donde cubrían los acontecimientos en Khan Younis. Según imágenes difundidas por Al Ghad TV, el segundo ataque ocurrió mientras los socorristas trabajaban en una escalera dañada del edificio.

Israel reconoce el ataque, pero no a los civiles

Las FDI confirmaron haber realizado un ataque en la zona del hospital, pero aseguraron que no tenían como objetivo a los periodistas. El ejército israelí indicó que se iniciará una investigación sobre lo ocurrido.

Sin embargo, un funcionario de seguridad israelí —que pidió mantener el anonimato— afirmó que el ataque tenía como objetivo una cámara instalada en el techo del hospital, que presuntamente estaba siendo utilizada por Hamas para monitorear movimientos militares. Según esta fuente, el primer ataque destruyó la cámara, pero el segundo fue dirigido contra quienes respondieron al primer impacto.

Estos detalles representan una inusual admisión de que el segundo ataque fue intencional contra personal de emergencia.

Condenas internacionales y reacciones

El Sindicato de Periodistas Palestinos calificó el hecho como una “masacre atroz” dirigida a los medios. Por su parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, denunció que este tipo de ataques “ocurren constantemente en Gaza, muchas veces invisibles o sin documentar”.

La Asociación de Prensa Extranjera de Israel también condenó lo ocurrido: “Israel ha matado a demasiados periodistas sin justificación y continúa bloqueando el acceso independiente a Gaza”.

La periodista Mariam Abu Dagga, una de las fallecidas, fue retratada por CNN en 2024 como una voz firme que documentaba la guerra desde dentro de Gaza. La agencia AP, que la tenía entre sus colaboradores, expresó su conmoción por la pérdida. Abu Dagga había logrado evacuar a su hijo de 12 años semanas atrás.

“Estamos cubriendo la guerra porque es nuestro deber. Se nos ha confiado esta misión”, dijo Abu Dagga en una entrevista en 2024.

⚠️ Una cifra alarmante: 192 periodistas muertos

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), 192 periodistas han muerto desde el inicio de la guerra en Gaza, lo que representa uno de los conflictos más mortales para la prensa en la historia reciente.

El medio Al Jazeera denunció que el ataque forma parte de una campaña sistemática contra periodistas, y afirmó que los hechos “violan todas las normas internacionales, constituyendo crímenes de guerra según el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra”.

En un comunicado, Hamas aseguró que Israel busca intimidar a los periodistas para impedir que documenten lo que califican como crímenes de guerra y limpieza étnica.

Contexto

Este nuevo bombardeo se suma a semanas de intensas operaciones militares de Israel en Gaza. Organizaciones de derechos humanos y medios internacionales han denunciado la falta de acceso humanitario y la alta cifra de víctimas civiles, especialmente entre periodistas, médicos y rescatistas.

Fuente: CNN

La expectativa por el sorteo más grande de La Tinka sigue creciendo. Revisa los números ganadores, el resultado del “Sí o Sí”, Boliyapa y cuándo será el próximo sorteo.

La suerte aún no está echada. El sorteo de La Tinka realizado este domingo 24 de agosto dejó el pozo histórico sin ganador, elevando el premio acumulado a más de S/ 40 millones para el próximo sorteo.

El evento se transmitió en vivo por América TV a las 10:30 p.m., generando gran expectativa entre los jugadores, ya que el pozo en juego superaba los S/ 38 millones, el más alto en la historia de esta lotería nacional.

Números ganadores del 24 de agosto

La combinación ganadora del Pozo Millonario fue:

12 – 37 – 16 – 08 – 22 – 17
Boliyapa: 07

Pese a la expectativa, no hubo ganador del pozo principal, por lo que el acumulado sube a S/ 40,042,048 para el próximo sorteo del domingo 31 de agosto.

93 ganadores del “Sí o Sí”

En el sorteo adicional “Sí o Sí”, 93 jugadores resultaron ganadores de S/ 50,000 cada uno, gracias a los números 32 y 27.

En cuanto a Boliyapa, nuevamente no se registraron ganadores con el número 07.

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¿Cuándo se juega La Tinka?

Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana, los domingos y miércoles, a partir de las 20:30 horas. Los resultados se publican en la web oficial y canales asociados.

¿Hasta cuándo puedes reclamar tu premio?

El plazo para cobrar tu premio varía según el monto ganado:

• Menores a S/ 5,000: 180 días
• Entre S/ 5,001 y S/ 1 millón: 30 días
• Mayores a S/ 1 millón: 90 días
  Los plazos son en días naturales, contados desde el día siguiente al sorteo.

¿Por qué no enfocarse solo en el gran pozo?

Expertos recomiendan no concentrarse únicamente en el premio mayor. Esto se debe a que, cuando el pozo sube, más personas juegan, y si bien la emoción crece, también lo hace la competencia. Incluso si aciertas, es posible que debas compartir el premio, reduciendo tu ganancia neta.

Además, las probabilidades de acertar los seis números del Pozo Millonario son de 1 en 8 millones, y el premio está sujeto a una retención del 10% en impuestos.

¿Cómo jugar La Tinka?

1. Ingresa al sitio oficial de La Tinka.
2. Escoge seis números entre el 1 y el 48.
3. Puedes elegirlos manualmente o usar la opción «Al Azar».
4. Finaliza tu compra por un mínimo de S/ 5.

Si aciertas los seis números, ganas el Pozo Millonario. Sin embargo, también hay premios por acertar entre dos y cinco números, que van desde jugadas gratis hasta S/ 50,000.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una de las loterías más populares del Perú. Desde 1994, parte de sus ganancias se destinan a beneficencias en Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa, bajo supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los fondos apoyan programas sociales para niños, mujeres, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Pozos históricos

• S/ 20 millones (2019) – Ganador en Arequipa.
• S/ 9 millones (2020) – Ganador en Cusco.
• S/ 40 millones (2025) – En juego actualmente, récord histórico.

Fuente: Infobae

El Poder Judicial anuló la negativa del JNE y le dio dos días hábiles para registrar al partido liderado por Duberlí Rodríguez, bajo advertencia de sanciones.

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima volvió a fallar a favor del exmagistrado Duberlí Rodríguez y ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registrar al partido Unidad Popular, habilitándolo para participar en las elecciones generales de 2026.

La resolución judicial, emitida por el juez John Javier Paredes Salas, declaró nula la decisión anterior del JNE de no acatar una orden emitida el pasado 31 de julio, que exigía la inscripción de Unidad Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El magistrado concedió un plazo de dos días hábiles para que el JNE cumpla con la medida, bajo apercibimiento de multas individuales y progresivas, así como la posible remisión del caso al Ministerio Público.

“Se ordena al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumplir, en sus propios términos, dentro del plazo de 2 días hábiles […] bajo apercibimiento de multa individual y progresiva de 5 URP y de remitir los actuados al Ministerio Público”, señala la resolución judicial.

El conflicto entre el PJ y el JNE

El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el JNE se intensificó tras la interpretación del artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones. El juez Paredes considera que dicho artículo sigue vigente y permite la inscripción provisional de partidos que hayan cumplido con los requisitos legales. Sin embargo, el JNE sostiene que esa norma ha sido «tácitamente derogada» y que aceptar nuevas inscripciones afectaría la “intangibilidad” del cronograma electoral.

Ante la negativa del JNE a inscribir a Unidad Popular, el magistrado advirtió que dicha conducta constituye desacato a un mandato judicial y que las competencias exclusivas del JNE en materia electoral no lo eximen de cumplir resoluciones cuando están en juego derechos fundamentales como la participación política.

Unidad Popular exige cumplimiento

Tras conocerse la decisión del juzgado, Unidad Popular emitió un comunicado en el que pidió al JNE acatar el fallo y garantizar su derecho a participar plenamente en las elecciones generales de 2026.

“Unidad Popular exhorta al máximo tribunal electoral a que acate los mandatos judiciales, que actúe con imparcialidad y no continúe afectando nuestro derecho de participación política, habiendo cumplido escrupulosamente todos los requisitos legales antes del 12 de abril”, señala el comunicado.

La agrupación política liderada por Duberlí Rodríguez insiste en que su inscripción no solo debe habilitarlos para elecciones regionales y municipales, sino también para los comicios presidenciales y congresales del próximo año.

Fuente: Diario La Republica