Autor: adminsonorama

La decisión impide a la Fiscalía avanzar en procesos por corrupción, abuso de poder y violaciones de derechos humanos hasta julio de 2026. Especialistas y políticos critican el fallo como un “blindaje presidencial”.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dictaminó este martes que todas las investigaciones fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte deberán ser suspendidas hasta que finalice su mandato en julio de 2026. La medida se sustenta en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que restringe las causas por las que un presidente en funciones puede ser acusado.

Según el fallo, solo procede un proceso constitucional contra un jefe de Estado en ejercicio si incurre en traición a la patria, impide elecciones o el funcionamiento del sistema electoral, o disuelve el Congreso. Por lo tanto, cualquier otra acusación —incluidas las vinculadas a presuntos actos de corrupción— no podrá ser investigada activamente mientras la mandataria siga en el cargo.

La decisión tiene implicancias a futuro, pues también limitará las facultades de la Fiscalía respecto a los presidentes venideros. En adelante, las pesquisas preliminares durante un mandato solo podrán incluir tres acciones: recibir declaraciones, solicitar información y recibir documentación.

Durante su presidencia, Boluarte ha acumulado nueve denuncias constitucionales, entre ellas algunas de gravedad: por las muertes y heridos durante las protestas al inicio de su gobierno; por abandono del cargo debido a cirugías estéticas realizadas en secreto; por el caso “Rolexgate”, que la vincula al presunto delito de cohecho tras recibir relojes y joyas del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; y por supuestamente encubrir al prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

Todas estas investigaciones quedan suspendidas, salvo que el Congreso la destituya por “incapacidad moral permanente”, un escenario poco probable debido a que el Legislativo ha sido su principal respaldo político, pese a que su aprobación ciudadana ronda apenas el 3%.

El fallo ha sido duramente cuestionado por expertos y políticos de oposición. El constitucionalista Franco García Lazo advirtió que la sentencia permite a los futuros presidentes actuar impunemente durante cinco años. “Pueden delinquir, destruir pruebas y protegerse con apoyo congresal”, declaró.

En la misma línea, la jurista Beatriz Ramírez Huaroto criticó que el Tribunal haya adoptado un estándar “excesivamente generoso” para blindar al Ejecutivo, descartando avances en la lucha anticorrupción impulsados por la Corte Suprema.

Voces políticas también se han pronunciado. La excongresista Indira Huilca calificó el fallo como una muestra de impunidad: “A otros presidentes se les destituye; a Boluarte, se le protege”, sostuvo. Gino Costa, por su parte, denunció una doble vara en el trato a los gobernantes. “A Castillo, Vizcarra y PPK se les vaca; a Boluarte y Merino, ni se les toca”, afirmó.

En contraste, el congresista José Cueto, de Renovación Popular, defendió la resolución. Alegó que no se trata de proteger a una persona específica, sino de preservar la investidura presidencial. Cueto respaldó recientemente la ley de amnistía promulgada por Boluarte a favor de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno.

El fallo del TC abre una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y la ciudadanía, al consolidarse una figura presidencial con amplias protecciones legales en medio de múltiples acusaciones.

Fuente: El País

La multa responde al incumplimiento de las medidas cautelares dictadas tras el derrumbe en el patio de comidas que dejó víctimas fatales. El mall deberá cubrir los gastos médicos y funerarios de los afectados.

A seis meses de la tragedia en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, donde el techo del patio de comidas colapsó y dejó múltiples víctimas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha impuesto una sanción económica contra la empresa operadora del mall.

Real Plaza S.R.L. ha sido multada con 100 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 535,000, por no haber cumplido de manera oportuna y completa con las medidas cautelares dispuestas tras el accidente, dirigidas a proteger a los consumidores afectados.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi dictó esta sanción, la cual es inapelable conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pese a que el cierre temporal del establecimiento sigue en pie, la empresa no habría demostrado de forma suficiente el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas, lo que motivó la medida.

Entre las disposiciones incumplidas se encuentra la falta de acreditación del pago total de gastos médicos y de sepelio de las víctimas, así como la atención a los afectados indirectos del siniestro ocurrido el 21 de febrero.

Además de la multa, Indecopi ordenó que la empresa modifique su estrategia de atención a las víctimas y proceda al reembolso de los gastos relacionados con las personas heridas y fallecidas, ya plenamente identificadas por la entidad.

Respuesta de Real Plaza

En un comunicado oficial, Real Plaza manifestó su desacuerdo con la decisión de Indecopi, argumentando que se ignoraron pruebas presentadas y que hubo una interpretación errónea de los alcances de las medidas cautelares.

La empresa aseguró que ha cubierto la totalidad de los gastos médicos, funerarios y de transporte —incluyendo traslados nacionales e internacionales—, además de haber destinado un fondo superior a los 20 millones de soles para atender a las familias afectadas.

También informaron que ya se han firmado 183 acuerdos de compensación, lo cual —según indican— cubre casi la totalidad de las personas y familias involucradas en la tragedia. Real Plaza aseguró que sigue colaborando activamente con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

Fuente: RPP

El predictamen de la Comisión de Constitución plantea equiparar el sueldo de diputados y senadores al de un juez supremo. La medida aún no tiene justificación clara y será debatida en septiembre.

La Comisión de Constitución del Congreso está debatiendo un polémico predictamen que plantea establecer una remuneración mensual superior a los S/ 42 mil para los futuros senadores y diputados del Parlamento bicameral, previsto a instalarse en julio de 2026.

El texto, al que accedió El Comercio, propone que los futuros legisladores ganen lo mismo que un juez supremo titular, cuyo salario actual asciende a S/ 42,717.20 mensuales, sin incluir otros beneficios. De aprobarse, los 60 senadores y 130 diputados costarían al Estado más de S/ 129 millones al año solo en sueldos.

Actualmente, los congresistas reciben cerca de S/ 30 mil mensuales, considerando un salario base de S/ 15,600, viáticos por representación y asignaciones. Además, acceden a seguros, pasajes, bonos, tarjetas navideñas y otros beneficios.

Sin embargo, la propuesta de elevar esa cifra no proviene de los proyectos de ley originales, sino que habría sido incluida directamente en el predictamen por la propia comisión, presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular). Legisladores como Patricia Juárez y José Elías —autores de los proyectos base— han señalado que su iniciativa no contemplaba ese nivel salarial.

Durante la sesión del martes pasado, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó la falta de justificación para equiparar los sueldos al de un juez supremo, advirtiendo que esto podría dar pie a otros privilegios.

Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) aseguró a la prensa que su bancada no respaldará ningún incremento para legisladores, y solicitó que se elimine esa disposición del texto.

Hasta el momento, ni el presidente de la Comisión ni su vicepresidente, Ángel Aragón, han brindado explicaciones claras sobre el origen o justificación de este punto en el predictamen.

La discusión del reglamento bicameral entró en un cuarto intermedio y continuará a inicios de septiembre, luego de la semana de representación. Se espera que para entonces se presenten modificaciones, aunque aún no está claro si incluirán cambios en el controvertido artículo sobre las remuneraciones.

Fuente: Diario El Comercio

Aunque los gremios aseguraron que el 50 % del transporte acató la protesta, en muchos distritos la jornada transcurrió con normalidad. Transportistas denuncian extorsiones y exigen mayor seguridad al Estado.

El paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto generó una jornada marcada por la confusión y el contraste entre versiones. Mientras gremios aseguraron que cerca de la mitad de las unidades de transporte acataron la paralización, en diversas zonas de Lima y Callao el servicio operó con relativa normalidad.

Desde tempranas horas de la mañana, numerosos vehículos, tanto formales como informales, salieron a prestar servicio ante el temor de pérdidas económicas y posibles represalias por parte de bandas criminales. Según informes de la Policía Nacional, el transporte público fluyó sin mayores contratiempos en gran parte de la capital. Más de 2.000 efectivos fueron desplegados como medida preventiva.

El ministro de Transportes, César Sandoval, desestimó la protesta, calificándola como inexistente. Recalcó que el grueso del transporte formal no participó y sostuvo que la ciudadanía no debe ceder al «chantaje de ciertos sectores».

La presidenta Dina Boluarte también se pronunció, saludando a los trabajadores que no se sumaron a la protesta. Enfatizó que el país necesita avanzar pese a la delincuencia, sin dar espacio al miedo ni a la inestabilidad.

Por su parte, los gremios organizadores, como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, sostienen que la medida responde a la grave crisis de seguridad que enfrenta el sector. Denuncian constantes amenazas, extorsiones y asesinatos, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde afirman que se registran hasta tres muertes semanales de conductores.

Según Martín Valeriano, líder de Anitra, unas 20 mil unidades —entre buses y cústers— se habrían sumado al paro, cifra que representa el 90 % del parque formal en Lima y Callao. Advirtió además que, si el Gobierno no responde a sus demandas en un plazo de 30 días, podrían convocar a una huelga nacional indefinida.

Los gremios exigen mayor seguridad en rutas, mejores condiciones laborales y una estrategia integral que involucre a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Afirman que las acciones actuales del Gobierno son dispersas y poco efectivas para frenar la criminalidad.

Durante la jornada, se reportaron movilizaciones en el Centro de Lima, especialmente desde la plaza Dos de Mayo hasta el Congreso, lo que generó bloqueos en avenidas principales como Abancay, Nicolás de Piérola y la Panamericana Norte.

Pese al anuncio del paro, el Ministerio de Educación descartó cambiar las clases presenciales por la modalidad virtual en Lima y Callao, manteniéndolas con normalidad tras coordinar con el Ministerio de Transportes.

Finalmente, aunque el Ejecutivo buscó transmitir tranquilidad, la polarización entre las declaraciones oficiales y las denuncias de los gremios ha dejado en evidencia la tensión creciente en el sector transporte, y una problemática que, de no ser atendida, podría escalar en los próximos meses.

Fuente: Infobae