Categoría: Noticias

El Poder Judicial anuló la negativa del JNE y le dio dos días hábiles para registrar al partido liderado por Duberlí Rodríguez, bajo advertencia de sanciones.

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima volvió a fallar a favor del exmagistrado Duberlí Rodríguez y ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registrar al partido Unidad Popular, habilitándolo para participar en las elecciones generales de 2026.

La resolución judicial, emitida por el juez John Javier Paredes Salas, declaró nula la decisión anterior del JNE de no acatar una orden emitida el pasado 31 de julio, que exigía la inscripción de Unidad Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El magistrado concedió un plazo de dos días hábiles para que el JNE cumpla con la medida, bajo apercibimiento de multas individuales y progresivas, así como la posible remisión del caso al Ministerio Público.

“Se ordena al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumplir, en sus propios términos, dentro del plazo de 2 días hábiles […] bajo apercibimiento de multa individual y progresiva de 5 URP y de remitir los actuados al Ministerio Público”, señala la resolución judicial.

El conflicto entre el PJ y el JNE

El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el JNE se intensificó tras la interpretación del artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones. El juez Paredes considera que dicho artículo sigue vigente y permite la inscripción provisional de partidos que hayan cumplido con los requisitos legales. Sin embargo, el JNE sostiene que esa norma ha sido «tácitamente derogada» y que aceptar nuevas inscripciones afectaría la “intangibilidad” del cronograma electoral.

Ante la negativa del JNE a inscribir a Unidad Popular, el magistrado advirtió que dicha conducta constituye desacato a un mandato judicial y que las competencias exclusivas del JNE en materia electoral no lo eximen de cumplir resoluciones cuando están en juego derechos fundamentales como la participación política.

Unidad Popular exige cumplimiento

Tras conocerse la decisión del juzgado, Unidad Popular emitió un comunicado en el que pidió al JNE acatar el fallo y garantizar su derecho a participar plenamente en las elecciones generales de 2026.

“Unidad Popular exhorta al máximo tribunal electoral a que acate los mandatos judiciales, que actúe con imparcialidad y no continúe afectando nuestro derecho de participación política, habiendo cumplido escrupulosamente todos los requisitos legales antes del 12 de abril”, señala el comunicado.

La agrupación política liderada por Duberlí Rodríguez insiste en que su inscripción no solo debe habilitarlos para elecciones regionales y municipales, sino también para los comicios presidenciales y congresales del próximo año.

Fuente: Diario La Republica

La víctima presentó convulsiones tras ser inyectada con ceftriaxona en un centro particular. La policía investiga a la responsable por presunto homicidio culposo.

Una mujer de 35 años falleció en Huancayo luego de recibir una inyección en el tópico particular “Nely”. Según las autoridades, la paciente sufrió convulsiones tras la aplicación del medicamento y fue trasladada de urgencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso.

La Policía Nacional del Perú intervino a la persona que realizó el procedimiento, quien ahora enfrenta una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la mujer habría comprado ceftriaxona, un antibiótico inyectable, en una farmacia local y presentó una receta médica emitida por una clínica.

Colegio Médico advierte sobre riesgos en tópicos informales

El decano del Colegio Médico de Huancayo, Dr. Yoe Michel García Aliaga, alertó sobre la falta de controles adecuados en algunos centros de atención particulares. En declaraciones a un medio local, explicó que no realizar pruebas de alergia previas, especialmente en casos de antibióticos como la ceftriaxona (derivado de la penicilina), puede provocar reacciones fatales como un shock anafiláctico.

“Muchos tópicos y farmacias no siguen protocolos médicos. No se consulta por antecedentes alérgicos, y eso puede ser letal”, señaló.

Las investigaciones continúan para esclarecer si hubo negligencia médica o si se trató de una reacción inesperada en la paciente.

Fuente: Diario Correo

Entre gritos de “corruptos” y “ladrones”, residentes rechazaron la presencia de Rafael López Aliaga y Carlos Canales, y denunciaron que la nueva iluminación del puente genera contaminación visual.

Tensión en la inauguración del Puente de la Paz: vecinos increpan a López Aliaga y alcalde de Miraflores

El pasado miércoles 20 de agosto, la inauguración del Puente de la Paz, que une los distritos de Miraflores y Barranco, estuvo lejos de ser una celebración tranquila. Mientras los alcaldes Rafael López Aliaga (Lima) y Carlos Canales (Miraflores) presentaban la obra, decenas de vecinos expresaron su rechazo con cacerolazos, pancartas e insultos.

Con gritos como “ladrones, miserables y corruptos”, los ciudadanos criticaron no solo el manejo de la obra, que tuvo retrasos y generó congestión, sino también el fuerte impacto visual causado por las luces LED instaladas en el puente.

Quejas por contaminación lumínica

Vecinos de varios edificios cercanos denunciaron que las potentes luces LED instaladas en la estructura afectan su descanso y alteran la tranquilidad del entorno. «Parece que fuera de día en nuestras ventanas. Es un fluorescente gigante en medio del acantilado», dijo uno de los residentes a medios locales.

Pancartas colocadas en balcones y fachadas reflejaron el malestar vecinal: “Luces tóxicas, gestión oscura, vecinos sin descanso”.

Alcalde Carlos Canales responde

Consultado por las críticas, el alcalde de Miraflores Carlos Canales defendió el proyecto señalando que la instalación de las luces está respaldada por un expediente técnico. No obstante, reconoció el descontento y aseguró que se está evaluando reemplazarlas por un sistema de iluminación inteligente, capaz de regular su intensidad durante la noche.

“El corredor entre Armendáriz y el malecón Paul Harris es un espacio turístico que debe estar iluminado las 24 horas. Lo que se cierra es solo el parque, no este acceso”, explicó Canales.

Por ahora, las autoridades aseguran que seguirán con las mejoras planificadas para la zona, aunque bajo evaluación técnica y con posibilidad de ajustes en respuesta al reclamo ciudadano.

Fuente: Diario La Republica

El conductor del motocar sufrió fuertes golpes en la cabeza y rostro tras chocar contra una camioneta en el sector Huacrapuquio.

Un violento accidente de tránsito se registró en el kilómetro 154 de la carretera Pampas–Huancayo, en el sector Huacrapuquio, donde un motocar terminó completamente destruido tras impactar contra una camioneta.

El conductor del motocar fue hallado con heridas graves, especialmente en la cabeza y el rostro. Debido a la seriedad de sus lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibe atención especializada.

A pocos metros del lugar del impacto, en una chacra adyacente, se encontró una camioneta blanca marca Changan, placa W5Q-418, con visibles daños materiales. El vehículo era conducido por Clisman Josué De la Cruz Tovar.

Las autoridades se encuentran investigando las causas del accidente para determinar posibles responsabilidades. Por ahora, no se ha emitido un parte oficial sobre cómo ocurrió el choque ni sobre el estado actual de salud del mototaxista.

Fuente: Diario Correo

Las acusaciones por muertes en protestas, el caso Rólex y presunto abandono del cargo quedan suspendidas hasta que la mandataria termine su gestión.

Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), anunció la suspensión de todas las denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte. La medida, que afecta aproximadamente a 15 casos, se adopta luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara detener cualquier tipo de investigación en su contra mientras esté en funciones.

Entre las denuncias suspendidas figuran investigaciones clave, como las referidas a las muertes durante las protestas sociales, el uso de relojes de lujo no declarados (caso Rólex), y el presunto abandono del cargo presidencial.

Camones explicó que el Congreso está cumpliendo con lo dispuesto por el TC, que determinó que no corresponde investigar a un presidente en ejercicio fuera de los límites establecidos por el artículo 117 de la Constitución. La congresista remarcó que esta orden también aplica al Ministerio Público, no solo al Parlamento.

Denuncias solo podrán reactivarse al término del mandato

El fallo del Tribunal Constitucional establece que las indagaciones contra la jefa de Estado están viciadas de incompetencia y que deberán reanudarse una vez que concluya su mandato presidencial. Así, tanto la Fiscalía como el Congreso están impedidos legalmente de seguir avanzando en estos procesos por el momento.

Sobre cuestionamientos internos en la SAC

Camones también respondió a una solicitud de la fiscal de la Nación, quien pidió anular investigaciones de la SAC sobre el exfiscal Luis Arce y la fiscal suprema Patricia Benavides, alegando que María Acuña —presidenta de la subcomisión en la legislatura anterior— enfrenta un proceso penal.

En ese contexto, Camones aclaró que, según el reglamento del Congreso, tener denuncias penales no impide participar en la SAC, aunque reconoció que están solicitando información oficial sobre el estado del proceso de Acuña para evaluar si existe algún impedimento real.

Fuente: RPP

El gerente de riesgos de la SBS advierte sobre tácticas de estafa como el phishing y brinda recomendaciones clave para proteger tus cuentas bancarias.

Óscar Basso Winfell, gerente de riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), explicó en el programa Encendidos de RPP que, si bien una simple llamada telefónica no permite a los delincuentes acceder directamente a tus cuentas bancarias, puede ser el primer paso para una estafa.

“La llamada es la puerta de entrada, te va engatusando”, advirtió Basso, al referirse al uso del phishing, una de las formas más comunes de fraude digital. Esta técnica consiste en engañar a las víctimas para que entreguen voluntariamente información personal o financiera, usualmente mediante mensajes, enlaces o falsas promociones.

El funcionario subrayó que la regla básica de seguridad es desconfiar siempre, especialmente cuando se trata de mensajes o llamadas no solicitadas que prometen premios o beneficios poco creíbles.

Protección de ahorros y qué hacer ante estafas

En otro punto, Basso explicó que la SBS interviene de manera inmediata cuando una entidad financiera (banco o cooperativa) pierde la solvencia necesaria para operar. En estos casos, el objetivo es proteger los fondos de los depositantes y, de ser posible, facilitar que otra institución absorba a la entidad en crisis.

Finalmente, recomendó a la ciudadanía ser muy cautelosa frente a solicitudes inesperadas de datos personales. En caso de ser víctima de una estafa o intento de fraude, se puede denunciar a través del número gratuito 0800-10840 o en el portal oficial de la SBS: www.sbs.gob.pe.

Fuente: RPP

El vehículo, sin permiso vigente para transportar hidrocarburos, causó un derrame que obligó a cerrar compuertas de la Planta Huachipa. Sedapal garantiza continuidad del servicio de agua potable en Lima y Callao.

Una cisterna cargada con petróleo se volcó en el kilómetro 81 de la Carretera Central, a la altura del puente Huallatupe, en el distrito de San Mateo (Huarochirí), provocando un grave derrame que alcanzó al río Rímac. Según reportes de conductores y pasajeros a RPP, el accidente causó que el hidrocarburo fluyera por la vía hasta llegar al afluente.

Inmediatamente, Sedapal activó su plan de contingencia y cerró las compuertas de la Planta Huachipa para prevenir la entrada de contaminantes. La empresa aseguró que el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao no se verá afectado gracias a la aplicación de técnicas de purificación como el uso de carbón activado.

Las autoridades locales, incluyendo bomberos, Sutran y personal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, acudieron a la zona para atender la emergencia. El jefe de Defensa Civil de Matucana, Alfredo Cortabrazo, recomendó a los vecinos mantener abiertas las puertas y ventanas debido al fuerte olor que emite el petróleo, que incluso llegó hasta el colegio Ricardo Bentín, ubicado a 15 km del lugar del derrame. La directora de la institución reportó que algunos estudiantes presentaron ardor ocular y náuseas, aunque sin consecuencias graves.

Por otro lado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó que el camión accidentado pertenece a la empresa Transportista de Combustible E.I.R.L. – Emtracom. OEFA viene evaluando el impacto ambiental generado y supervisa la respuesta ante la emergencia.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) también envió un equipo técnico para tomar muestras del agua y evaluar su calidad de manera urgente. Asimismo, la concesionaria Deviandes confirmó que el accidente ocurrió en el tramo de la carretera bajo su administración.

Finalmente, Osinergmin reveló que la cisterna siniestrada no contaba con Registro de Hidrocarburos vigente, lo cual le impedía legalmente transportar combustibles. El permiso fue suspendido hace seis meses, y las autoridades aún investigan qué tipo de hidrocarburo exacto trasladaba al momento del accidente.

Fuente: RPP

La decisión impide a la Fiscalía avanzar en procesos por corrupción, abuso de poder y violaciones de derechos humanos hasta julio de 2026. Especialistas y políticos critican el fallo como un “blindaje presidencial”.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dictaminó este martes que todas las investigaciones fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte deberán ser suspendidas hasta que finalice su mandato en julio de 2026. La medida se sustenta en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que restringe las causas por las que un presidente en funciones puede ser acusado.

Según el fallo, solo procede un proceso constitucional contra un jefe de Estado en ejercicio si incurre en traición a la patria, impide elecciones o el funcionamiento del sistema electoral, o disuelve el Congreso. Por lo tanto, cualquier otra acusación —incluidas las vinculadas a presuntos actos de corrupción— no podrá ser investigada activamente mientras la mandataria siga en el cargo.

La decisión tiene implicancias a futuro, pues también limitará las facultades de la Fiscalía respecto a los presidentes venideros. En adelante, las pesquisas preliminares durante un mandato solo podrán incluir tres acciones: recibir declaraciones, solicitar información y recibir documentación.

Durante su presidencia, Boluarte ha acumulado nueve denuncias constitucionales, entre ellas algunas de gravedad: por las muertes y heridos durante las protestas al inicio de su gobierno; por abandono del cargo debido a cirugías estéticas realizadas en secreto; por el caso “Rolexgate”, que la vincula al presunto delito de cohecho tras recibir relojes y joyas del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; y por supuestamente encubrir al prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

Todas estas investigaciones quedan suspendidas, salvo que el Congreso la destituya por “incapacidad moral permanente”, un escenario poco probable debido a que el Legislativo ha sido su principal respaldo político, pese a que su aprobación ciudadana ronda apenas el 3%.

El fallo ha sido duramente cuestionado por expertos y políticos de oposición. El constitucionalista Franco García Lazo advirtió que la sentencia permite a los futuros presidentes actuar impunemente durante cinco años. “Pueden delinquir, destruir pruebas y protegerse con apoyo congresal”, declaró.

En la misma línea, la jurista Beatriz Ramírez Huaroto criticó que el Tribunal haya adoptado un estándar “excesivamente generoso” para blindar al Ejecutivo, descartando avances en la lucha anticorrupción impulsados por la Corte Suprema.

Voces políticas también se han pronunciado. La excongresista Indira Huilca calificó el fallo como una muestra de impunidad: “A otros presidentes se les destituye; a Boluarte, se le protege”, sostuvo. Gino Costa, por su parte, denunció una doble vara en el trato a los gobernantes. “A Castillo, Vizcarra y PPK se les vaca; a Boluarte y Merino, ni se les toca”, afirmó.

En contraste, el congresista José Cueto, de Renovación Popular, defendió la resolución. Alegó que no se trata de proteger a una persona específica, sino de preservar la investidura presidencial. Cueto respaldó recientemente la ley de amnistía promulgada por Boluarte a favor de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno.

El fallo del TC abre una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y la ciudadanía, al consolidarse una figura presidencial con amplias protecciones legales en medio de múltiples acusaciones.

Fuente: El País

La multa responde al incumplimiento de las medidas cautelares dictadas tras el derrumbe en el patio de comidas que dejó víctimas fatales. El mall deberá cubrir los gastos médicos y funerarios de los afectados.

A seis meses de la tragedia en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, donde el techo del patio de comidas colapsó y dejó múltiples víctimas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha impuesto una sanción económica contra la empresa operadora del mall.

Real Plaza S.R.L. ha sido multada con 100 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 535,000, por no haber cumplido de manera oportuna y completa con las medidas cautelares dispuestas tras el accidente, dirigidas a proteger a los consumidores afectados.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi dictó esta sanción, la cual es inapelable conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pese a que el cierre temporal del establecimiento sigue en pie, la empresa no habría demostrado de forma suficiente el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas, lo que motivó la medida.

Entre las disposiciones incumplidas se encuentra la falta de acreditación del pago total de gastos médicos y de sepelio de las víctimas, así como la atención a los afectados indirectos del siniestro ocurrido el 21 de febrero.

Además de la multa, Indecopi ordenó que la empresa modifique su estrategia de atención a las víctimas y proceda al reembolso de los gastos relacionados con las personas heridas y fallecidas, ya plenamente identificadas por la entidad.

Respuesta de Real Plaza

En un comunicado oficial, Real Plaza manifestó su desacuerdo con la decisión de Indecopi, argumentando que se ignoraron pruebas presentadas y que hubo una interpretación errónea de los alcances de las medidas cautelares.

La empresa aseguró que ha cubierto la totalidad de los gastos médicos, funerarios y de transporte —incluyendo traslados nacionales e internacionales—, además de haber destinado un fondo superior a los 20 millones de soles para atender a las familias afectadas.

También informaron que ya se han firmado 183 acuerdos de compensación, lo cual —según indican— cubre casi la totalidad de las personas y familias involucradas en la tragedia. Real Plaza aseguró que sigue colaborando activamente con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

Fuente: RPP

El predictamen de la Comisión de Constitución plantea equiparar el sueldo de diputados y senadores al de un juez supremo. La medida aún no tiene justificación clara y será debatida en septiembre.

La Comisión de Constitución del Congreso está debatiendo un polémico predictamen que plantea establecer una remuneración mensual superior a los S/ 42 mil para los futuros senadores y diputados del Parlamento bicameral, previsto a instalarse en julio de 2026.

El texto, al que accedió El Comercio, propone que los futuros legisladores ganen lo mismo que un juez supremo titular, cuyo salario actual asciende a S/ 42,717.20 mensuales, sin incluir otros beneficios. De aprobarse, los 60 senadores y 130 diputados costarían al Estado más de S/ 129 millones al año solo en sueldos.

Actualmente, los congresistas reciben cerca de S/ 30 mil mensuales, considerando un salario base de S/ 15,600, viáticos por representación y asignaciones. Además, acceden a seguros, pasajes, bonos, tarjetas navideñas y otros beneficios.

Sin embargo, la propuesta de elevar esa cifra no proviene de los proyectos de ley originales, sino que habría sido incluida directamente en el predictamen por la propia comisión, presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular). Legisladores como Patricia Juárez y José Elías —autores de los proyectos base— han señalado que su iniciativa no contemplaba ese nivel salarial.

Durante la sesión del martes pasado, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó la falta de justificación para equiparar los sueldos al de un juez supremo, advirtiendo que esto podría dar pie a otros privilegios.

Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) aseguró a la prensa que su bancada no respaldará ningún incremento para legisladores, y solicitó que se elimine esa disposición del texto.

Hasta el momento, ni el presidente de la Comisión ni su vicepresidente, Ángel Aragón, han brindado explicaciones claras sobre el origen o justificación de este punto en el predictamen.

La discusión del reglamento bicameral entró en un cuarto intermedio y continuará a inicios de septiembre, luego de la semana de representación. Se espera que para entonces se presenten modificaciones, aunque aún no está claro si incluirán cambios en el controvertido artículo sobre las remuneraciones.

Fuente: Diario El Comercio