La Fiscalía de la Nación pide anular el archivo de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfiscal supremo Luis Arce, acusando a la Subcomisión del Congreso de excederse en sus funciones y de graves irregularidades.
La entidad, encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestiona fuertemente la decisión tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que rechazó la denuncia a inicios de julio con 13 votos a favor.
El Ministerio Público argumenta que en el proceso de evaluación de la denuncia se cometieron serias irregularidades, entre ellas la participación de congresistas con procesos penales vigentes, lo cual contraviene el reglamento del Congreso. También acusa a la SAC de haber evaluado indebidamente aspectos sustanciales del caso —como la existencia de dolo o la validez del informe pericial—, cuando su rol debe limitarse a un filtro preliminar y no a una suerte de juzgamiento anticipado.
Según la Fiscalía, el Congreso no puede asumir competencias judiciales ni desestimar una denuncia constitucional basándose en criterios que deben analizarse durante el proceso penal. En esa línea, se acusa a la SAC de vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la separación de poderes y la igualdad ante la ley.
La denuncia original contra Arce Córdova fue presentada en enero de 2025, alegando un incremento patrimonial no justificado de más de 2.4 millones de soles durante su paso por altos cargos públicos entre 2009 y 2019. El informe pericial presentado fue desestimado por la subcomisión, que alegó deficiencias técnicas y falta de nexo funcional entre el cargo y el supuesto enriquecimiento.
Además, la Fiscalía critica que varios miembros de la SAC, incluida su entonces presidenta María Acuña, estaban impedidos de integrar dicho órgano parlamentario al encontrarse involucrados en investigaciones fiscales. La propia Acuña afronta una pesquisa por fraude procesal y denuncia calumniosa, y aun así lideró el análisis de este caso.
La fiscalía considera que, al haberse vulnerado los requisitos legales de composición y procedimiento, el informe aprobado es nulo de pleno derecho. Por ello, solicita que se deje sin efecto el archivo de la denuncia y se admita a trámite para su debido proceso.
Por su parte, algunos congresistas han rechazado públicamente la solicitud de la Fiscalía, sosteniendo que el Congreso actuó conforme al reglamento y que la decisión ya fue tomada.
Este caso plantea un delicado conflicto entre poderes del Estado y abre el debate sobre los límites del antejuicio político frente a acusaciones graves como la corrupción de altos funcionarios.
Fuente: Diario El Comercio
