Sonorama

Categoría: Noticias

  • Trump despliega Guardia Nacional en Washington para enfrentar crisis de seguridad

    El expresidente afirma que la capital está “invadida por pandillas” y compara sus niveles de homicidios con los de ciudades latinoamericanas.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 11 de agosto que el gobierno federal tomará el control de la seguridad en Washington D.C., desplegando a la Guardia Nacional para combatir lo que calificó como una grave crisis de violencia en la capital del país.

    «Hoy es el día de la liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital», declaró Trump en una conferencia de prensa, donde aseguró que la ciudad está «invadida por pandillas violentas» y que el crimen ha alcanzado niveles inaceptables.

    Según el mandatario republicano, la tasa actual de homicidios en Washington supera incluso la de ciudades como Bogotá o Ciudad de México, a las que calificó como “algunos de los peores lugares de la Tierra”. Añadió que, si es necesario, también autorizará el despliegue de tropas militares.

    Trump criticó duramente a las autoridades locales —en su mayoría demócratas— por, según él, no aplicar medidas contundentes contra la delincuencia ni el aumento de personas sin hogar. “La policía y los fiscales no son lo suficientemente duros, y la criminalidad está fuera de control”, señaló.

    El presidente de 79 años anticipó que esta política podría extenderse a otras grandes ciudades como Nueva York y Chicago, también gobernadas por demócratas. El anuncio recuerda a sus decisiones pasadas en materia de seguridad, como el uso de fuerzas federales para contener protestas migratorias en ciudades como Los Ángeles y las medidas en la frontera sur de EE.UU.

    Cabe recordar que Washington D.C. no es un estado, sino un distrito federal que está bajo jurisdicción especial del Congreso, lo que permite al Ejecutivo intervenir directamente bajo ciertos criterios legales.

    Fuente: DW

  • Abogado de Patricia Benavides denuncia constitucionalmente a Delia Espinoza y exige su inhabilitación

    El recurso presentado ante el Congreso acusa a la fiscal de la Nación de desobedecer una orden de reincorporación de Benavides como fiscal suprema titular.

    Juan Peña, abogado de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, actual titular del Ministerio Público. El recurso acusa a Espinoza de los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y rehusamiento de actos funcionales, al no haber cumplido con la reincorporación inmediata de Benavides en su cargo como fiscal suprema titular, tal como había dispuesto la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

    La denuncia fue enviada al presidente del Congreso, José Jerí, y solicita la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública contra Espinoza Valenzuela.

    ¿Qué se denuncia?

    Según el documento, Delia Espinoza habría mostrado inicialmente una «manifiesta renuencia» a cumplir con la resolución de la JNJ que ordenaba la restitución de Benavides. Más adelante, tras la anulación por parte de la Corte Suprema de la medida judicial que suspendía a Benavides por 24 meses, esta última habría solicitado en reiteradas ocasiones su reincorporación ante la Junta de Fiscales Supremos, sin obtener respuesta efectiva.

    El abogado Peña sostiene que Espinoza habría buscado «dilatar» la ejecución de dicha reincorporación al solicitar una aclaración a la JNJ sobre una suspensión adicional de 60 días impuesta contra Benavides. Pese a que la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ confirmó que esa sanción ya estaba cumplida, la reincorporación seguía sin concretarse.

    En el texto de la denuncia, Peña acusa a Espinoza de haber ignorado múltiples requerimientos tanto de la JNJ como de la propia Benavides, y señala que su negativa vulnera el orden legal y democrático, considerando que la funcionaria ostenta el cargo más alto dentro del Ministerio Público.

    Investigación abierta contra Espinoza

    La situación de Delia Espinoza se agrava con una investigación preliminar que la JNJ abrió el pasado 18 de julio por presuntamente haber instigado al personal del Ministerio Público a impedir el ingreso de Benavides al piso 9 de la sede institucional, cuando esta intentó retomar su cargo el 16 de junio. La denuncia fue presentada por Luis Miguel Caya Salazar, militante aprista y abogado vinculado al entorno legal de Benavides.

    Asimismo, el Congreso ya había admitido a trámite otra denuncia constitucional presentada el 1 de julio contra Espinoza y otros fiscales supremos —Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos— por presuntamente negarse a ejecutar la restitución de Patricia Benavides, incumpliendo lo dictado por la JNJ.

    Fuente: RPP

  • Magnicidio de Miguel Uribe Turbay sacude a Colombia y marca un giro en el rumbo electoral

    La muerte del joven senador revive la violencia política del pasado y deja en vilo el futuro de la oposición en las elecciones de 2026.

    El fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, dos meses después de sufrir un atentado durante un acto político en Bogotá, ha encendido todas las alarmas en Colombia. Lo que se había vivido como un intento de magnicidio se concretó, marcando un nuevo episodio de violencia política en un país que parecía haber superado esa etapa, al menos a nivel de candidaturas presidenciales.

    La muerte de Uribe Turbay no solo representa una pérdida para su partido, el Centro Democrático, sino que impacta directamente el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El senador, joven figura de la derecha, había empezado a posicionarse como una de las voces más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, especialmente tras el atentado, que lo convirtió en símbolo de unidad dentro del sector antipetrista.

    Uribe Turbay pertenecía a una generación marcada por la violencia: su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 tras un fallido operativo de rescate mientras estaba secuestrada por el Cartel de Medellín. En los años 80 y 90, Colombia vivió una ola de asesinatos políticos que incluyó a candidatos como Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. La muerte de Uribe Turbay revive esos fantasmas y plantea la pregunta: ¿Colombia puede romper definitivamente con ese pasado violento?

    El presidente Gustavo Petro lamentó el hecho, pidió no alimentar la venganza y propuso que el caso se investigue con apoyo internacional. Sin embargo, su reacción tardía fue criticada por sectores de la oposición, que exigen más garantías para los líderes políticos en un país donde el asesinato de opositores sigue siendo posible.

    Aunque aún no se ha confirmado quién ordenó el ataque, las primeras hipótesis apuntan a disidencias de las FARC. El crimen ha puesto bajo la lupa la seguridad de los candidatos presidenciales y la capacidad del Estado para garantizar elecciones libres de violencia.

    Uribe Turbay había sido concejal, secretario de Gobierno de Bogotá y senador desde 2022. En octubre de 2024 anunció su intención de competir por la presidencia. En julio pasado lideraba las encuestas de intención de voto, según un sondeo de Guarumo – Econoanalítica, y se perfilaba como el principal candidato del Centro Democrático.

    Tras su muerte, el futuro del partido queda en una situación incierta. Aunque se esperaba que en octubre se realizara una encuesta interna para elegir al aspirante presidencial, aún no hay claridad sobre los próximos pasos. Analistas consideran que el asesinato de Uribe Turbay convierte al Centro Democrático en el eje de definición del rumbo opositor en Colombia.

    El politólogo Pedro Viveros advierte que la violencia política vuelve a marcar el curso de las elecciones, como ocurrió en 1989 con el asesinato de Luis Carlos Galán. Esta vez, la decisión del partido y la voz de figuras como la esposa de Uribe Turbay o el expresidente Álvaro Uribe —actualmente bajo detención domiciliaria— podrían ser determinantes.

    Más allá de los efectos electorales, el magnicidio plantea un desafío mayor para la democracia colombiana: garantizar que ningún líder, sin importar su ideología, vuelva a ser asesinado por sus ideas políticas. La muerte de Miguel Uribe Turbay reabre heridas que el país no ha logrado cerrar.

    Fuente: El Comercio

  • Congreso reparte comisiones clave a legisladores con graves denuncias

    «Mochasueldos», conflictos de interés e investigaciones fiscales no fueron impedimento para que varias bancadas asignen presidencias a congresistas cuestionados.

    Pese a estar involucrados en denuncias por recorte de sueldos, investigaciones fiscales e incluso acusaciones de invadir propiedad pública, diversos congresistas han sido designados como presidentes de importantes comisiones ordinarias del Parlamento. La decisión, tomada por las propias bancadas, ha generado cuestionamientos sobre el compromiso ético del Congreso y la forma en que se reparte el poder legislativo.

    Uno de los casos más representativos es el de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso – APP), quien asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto, una de las más influyentes del Congreso, encargada de revisar y aprobar la asignación de fondos para el Estado. Soto, expresidente del Congreso, fue denunciado por estafa al vender por $265 mil un terreno que adquirió por solo $5 mil, ocultando esta información mientras trabajaba como asesor legal de la empresa compradora. El caso fue archivado tras aplicarse una ley de prescripción que luego fue conocida irónicamente como la “Ley Soto”.

    También en APP, María Acuña, hermana del gobernador César Acuña, liderará la Comisión de Vivienda a pesar de estar denunciada por el recorte de sueldos a sus trabajadores —caso “mochasueldos”— y por invadir espacios públicos con propiedades en Lima y Chiclayo. En ambas ciudades se le acusa de apropiarse de terrenos públicos y bloquear vías. A pesar de estas denuncias, ahora tendrá a su cargo una comisión que se encarga de supervisar políticas de acceso a servicios básicos y ejecución de obras públicas.

    En tanto, Fuerza Popular mantendrá la presidencia de la Comisión de Constitución, liderada por Arturo Alegría, autor de un proyecto de ley que permitiría a los congresistas hacer campaña política durante la semana de representación. Bajo el liderazgo de su bancada, esta comisión ha promovido iniciativas polémicas como el retorno de la inmunidad parlamentaria y la reelección de autoridades regionales y municipales.

    El caso “mochasueldos” no se limita a María Acuña. También fueron denunciados y ahora dirigirán comisiones:

    • Magaly Ruíz – Comisión de Salud
    • José Arriola – Comisión de Inclusión Social
    • Heidy Juárez – Comisión de Relaciones Exteriores

    Además, la Comisión de Transportes estaría en manos de un legislador de Acción Popular, partido con miembros investigados como Juan Carlos Mori, vinculado al caso «Los Niños», y Carlos Enrique Alva, denunciado por el uso de una camioneta de un proveedor del Estado.

    El politólogo Alejandro Rospigliosi criticó duramente esta situación, asegurando que los partidos han perdido toda vergüenza ante el electorado y han incumplido el propio Reglamento del Congreso, el cual exige experiencia y trayectoria para presidir comisiones. Según su análisis, estas designaciones reflejan una “repartija política” sin criterios técnicos ni éticos.

    Rospigliosi hizo un llamado a los votantes de cara a las elecciones de 2026: “El electorado todavía está a tiempo de castigar con su voto a quienes están promoviendo estas prácticas. Es hora de renovar el Congreso y evitar la reelección de legisladores cuestionados”.

    Fuente: Diario Correo

  • Tensión en la Amazonía: Aparece bandera de Colombia en territorio peruano

    El hecho ocurre en medio de un conflicto diplomático tras las declaraciones del presidente Petro sobre la soberanía de la isla Chinería.

    En la localidad de Santa Rosa de Loreto, situada en la triple frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil, autoridades y ciudadanos reportaron la aparición de una bandera colombiana flameando dentro del territorio peruano.

    El símbolo nacional, de más de tres metros de longitud, fue retirado por la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, aunque hasta el momento no se ha identificado a los responsables del hecho.

    Este incidente ocurre en un contexto tenso, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro afirmara recientemente que la isla Chinería, ubicada en esta región, pertenecería a Colombia, pese a los tratados y acuerdos vigentes que la reconocen como parte del Perú.

    Los pobladores expresaron su sorpresa y preocupación ante lo que consideran una vulneración a la soberanía nacional. La municipalidad de Santa Rosa solicitó una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.

    Diversas instituciones estatales de Colombia, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras, reconocen en sus mapas oficiales que la isla Santa Rosa se encuentra al sur del río Amazonas, dentro de territorio peruano. Esta postura coincide con los registros oficiales del Perú y está respaldada por el Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922, ratificado en 1928, que establece las fronteras entre ambos países.

    A pesar de las declaraciones del presidente Petro, funcionarios colombianos citados por medios de comunicación reconocen que la documentación oficial respalda la soberanía peruana sobre la zona en disputa. Por su parte, la Cancillería peruana ha reiterado que no hay lugar a discusión sobre la soberanía de Santa Rosa y ha exigido respeto a los acuerdos internacionales firmados por ambas naciones.

    El episodio subraya la importancia de respetar los tratados históricos para mantener la estabilidad y las buenas relaciones entre los países vecinos en la región amazónica.

    Fuente: Infobae

  • Colgate retira más de 3 millones de cremas dentales en Perú por posibles reacciones adversas.

    Indecopi alertó sobre efectos como irritación y llagas bucales. La empresa suspendió la venta del producto y activó un plan de cambio voluntario para los consumidores.

    Colgate-Palmolive Perú ha retirado del mercado más de 3 millones de unidades de su crema dental Colgate Total Clean Mint, tras una alerta emitida por Indecopi sobre posibles efectos adversos en algunos usuarios. Según el organismo, ciertos consumidores podrían presentar reacciones como irritación bucal, aftas, ampollas o hinchazón debido a una intolerancia al saborizante del producto.

    Del total de unidades afectadas (3,156,792), más de 2,6 millones ya habrían sido adquiridas por los consumidores.

    En respuesta, la empresa suspendió la importación y venta del producto desde el 31 de julio de 2025, y activó un programa de retiro voluntario de los puntos de venta.

    Asimismo, los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por otro del portafolio de Colgate, contactándose a través de su sitio web o al 0801-136-36.

    Fuente: Diario RPP

  • Tragedia en Ucayali: caída de rocas en catarata Velo de la Novia deja dos muertos y 18 heridos.

    Las víctimas son una niña de 8 años y un adulto mayor de 70, ambos turistas. El acceso al lugar ha sido cerrado mientras se investigan las causas del deslizamiento.

    Un trágico accidente ocurrió en la catarata Velo de la Novia, ubicada en el distrito de Aguaytía, provincia de Padre Abad (Ucayali), donde la caída de rocas causó la muerte de dos personas y dejó al menos 18 heridos, según confirmó el Gobierno Regional de Ucayali.

    Las víctimas fatales son una menor de 8 años y un adulto mayor de 70, ambos turistas procedentes de Lima, quienes se encontraban en las pozas inferiores al momento del deslizamiento. Todos los heridos también son visitantes que llegaron al lugar por motivos turísticos.

    Uno de los heridos fue evacuado a un hospital en Pucallpa debido a la gravedad de sus lesiones, informó Miguel Tunama, jefe de la Zona Sanitaria de Aguaytía.

    Como medida preventiva, las autoridades han cerrado temporalmente el acceso al atractivo natural, mientras se realizan las investigaciones y evaluaciones técnicas para determinar las causas del incidente.

    Fuente: Diario El Comercio

  • Israel aprueba plan para ampliar su ofensiva en Gaza: toma de la Ciudad de Gaza y control de seguridad total

    Netanyahu impulsa una nueva fase militar pese a críticas internas e internacionales. El plan incluye desmantelar a Hamas, evacuar Gaza y establecer un nuevo gobierno local sin presencia palestina reconocida.

    El gabinete de seguridad de Israel aprobó un nuevo plan para ampliar su operación militar en la Franja de Gaza, centrado en la toma de la Ciudad de Gaza y en el establecimiento de un control de seguridad israelí sobre todo el enclave. La estrategia, respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, busca desarticular a Hamas, liberar a los rehenes y crear una administración civil no vinculada ni a Hamas ni a la Autoridad Palestina.

    El plan, dividido en fases, inicia con la evacuación forzada del norte de Gaza y una expansión en la distribución de ayuda humanitaria —aunque excluyendo la Ciudad de Gaza, en lo que se percibe como un intento de vaciarla. La fecha límite para completar esta etapa es el 7 de octubre, en conmemoración del ataque de Hamas en 2023.

    La medida ha sido duramente cuestionada por sectores del ejército israelí, familias de los rehenes y manifestantes, quienes consideran que una ofensiva ampliada pondría en mayor riesgo a los cautivos y profundizaría la crisis humanitaria. Se estima que al menos 20 de los 50 rehenes en Gaza siguen con vida.

    Pese a las advertencias del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, sobre las consecuencias humanitarias y diplomáticas de una escalada, Netanyahu recibió el respaldo de sus aliados de extrema derecha. Internacionalmente, el plan ha sido criticado por líderes como el primer ministro británico Keir Starmer, pero cuenta con el respaldo implícito de Estados Unidos.

    La expansión militar plantea la posibilidad de una ocupación total del enclave, algo que Israel no ha hecho desde su retirada en 2005. Aunque el gobierno evita hablar de “ocupación” en términos formales —lo cual implicaría responsabilidades legales sobre la población civil—, el plan incluye una presencia de seguridad indefinida.

    Organismos internacionales han advertido sobre un agravamiento del sufrimiento civil. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, alertó que esta estrategia puede provocar “desplazamientos masivos, más muertes y crímenes atroces”.

    Hamas, por su parte, calificó la ofensiva como un “crimen de guerra” que tendrá consecuencias significativas.

    Fuente: CNN

  • Reprograman audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra para el 13 de agosto

    El juez Jorge Chávez Támariz otorgó plazo para que las partes revisen los nuevos elementos presentados por la Fiscalía en el caso por presuntos sobornos cuando Vizcarra fue gobernador de Moquegua.

    La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra fue reprogramada para el miércoles 13 de agosto. El juez Jorge Chávez Támariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tomó esta decisión con el fin de que la Fiscalía y la defensa revisen los nuevos elementos de convicción presentados.

    Durante la sesión inicial del viernes 8, el magistrado rechazó el pedido de la defensa legal para excluir esa nueva evidencia, argumentando que el proceso ha sido reiniciado tras la anulación de una resolución anterior que desestimaba la prisión preventiva. Según el juez, esta nulidad permite a la Fiscalía reformular su solicitud y presentar nueva documentación sin vulnerar el derecho a la defensa.

    Actualmente, Vizcarra cumple una medida de comparecencia simple. Sin embargo, el Ministerio Público busca su encarcelamiento preventivo, al considerar que existen nuevos indicios que configuran una “sospecha grave” y riesgo procesal. El juez recordó que el cambio de medida coercitiva está permitido por ley si se cumplen esos requisitos.

    Vizcarra es investigado por presuntamente haber recibido más de S/2.3 millones en sobornos por obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión e inhabilitación por nueve años.

    La audiencia se desarrollará de manera presencial en la sede judicial de la Av. Tacna, en Lima. La asistencia del expresidente es opcional, pero sí será obligatoria la presencia de su abogado defensor y del representante del Ministerio Público.

  • Adolescente desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y ya está bajo protección en Perú.

    Jhon Mikhael, de 14 años, fue trasladado a Tumbes tras coordinaciones entre Ecuador y Perú. Su padre fue detenido por ingreso ilegal y se presume que planeaban viajar a EE.UU.

    Jhon Mikhael, el adolescente de 14 años que había sido reportado como desaparecido en Santiago de Surco el pasado 2 de agosto, fue ubicado en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador, y ya se encuentra en territorio nacional bajo resguardo de las autoridades.

    El menor fue trasladado la noche del miércoles 6 de agosto desde el Hospital Básico del Cantón Colta, en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, hacia Tumbes, gracias a la coordinación entre ambos países.

    A su llegada, fue sometido a evaluaciones físicas, psicológicas y de medicina legal por parte del Instituto de Medicina Legal, para verificar su estado general de salud.

    Actualmente, Jhon está bajo la tutela temporal de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en conjunto con la Policía Nacional del Perú, mientras se espera la llegada de su madre.

    Por otro lado, se informó que el padre del menor fue detenido por autoridades de Ecuador por haber ingresado de manera irregular al país. Las primeras investigaciones apuntan a que ambos habrían intentado dirigirse hacia Estados Unidos.

    Líneas de ayuda para casos de desaparición

    Las autoridades recordaron que no es necesario esperar 24 horas para reportar la desaparición de una persona. La denuncia puede realizarse gratuitamente en cualquier comisaría del país, presentando una fotografía actualizada.

    También se puede contactar al Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP llamando al 431-8140, 330-7068 o al número 942 072 845. Otra opción es marcar la línea gratuita 114.

    Fuente: Diario La República