«Mochasueldos», conflictos de interés e investigaciones fiscales no fueron impedimento para que varias bancadas asignen presidencias a congresistas cuestionados.
Pese a estar involucrados en denuncias por recorte de sueldos, investigaciones fiscales e incluso acusaciones de invadir propiedad pública, diversos congresistas han sido designados como presidentes de importantes comisiones ordinarias del Parlamento. La decisión, tomada por las propias bancadas, ha generado cuestionamientos sobre el compromiso ético del Congreso y la forma en que se reparte el poder legislativo.
Uno de los casos más representativos es el de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso – APP), quien asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto, una de las más influyentes del Congreso, encargada de revisar y aprobar la asignación de fondos para el Estado. Soto, expresidente del Congreso, fue denunciado por estafa al vender por $265 mil un terreno que adquirió por solo $5 mil, ocultando esta información mientras trabajaba como asesor legal de la empresa compradora. El caso fue archivado tras aplicarse una ley de prescripción que luego fue conocida irónicamente como la “Ley Soto”.
También en APP, María Acuña, hermana del gobernador César Acuña, liderará la Comisión de Vivienda a pesar de estar denunciada por el recorte de sueldos a sus trabajadores —caso “mochasueldos”— y por invadir espacios públicos con propiedades en Lima y Chiclayo. En ambas ciudades se le acusa de apropiarse de terrenos públicos y bloquear vías. A pesar de estas denuncias, ahora tendrá a su cargo una comisión que se encarga de supervisar políticas de acceso a servicios básicos y ejecución de obras públicas.
En tanto, Fuerza Popular mantendrá la presidencia de la Comisión de Constitución, liderada por Arturo Alegría, autor de un proyecto de ley que permitiría a los congresistas hacer campaña política durante la semana de representación. Bajo el liderazgo de su bancada, esta comisión ha promovido iniciativas polémicas como el retorno de la inmunidad parlamentaria y la reelección de autoridades regionales y municipales.
El caso “mochasueldos” no se limita a María Acuña. También fueron denunciados y ahora dirigirán comisiones:
- Magaly Ruíz – Comisión de Salud
- José Arriola – Comisión de Inclusión Social
- Heidy Juárez – Comisión de Relaciones Exteriores
Además, la Comisión de Transportes estaría en manos de un legislador de Acción Popular, partido con miembros investigados como Juan Carlos Mori, vinculado al caso «Los Niños», y Carlos Enrique Alva, denunciado por el uso de una camioneta de un proveedor del Estado.
El politólogo Alejandro Rospigliosi criticó duramente esta situación, asegurando que los partidos han perdido toda vergüenza ante el electorado y han incumplido el propio Reglamento del Congreso, el cual exige experiencia y trayectoria para presidir comisiones. Según su análisis, estas designaciones reflejan una “repartija política” sin criterios técnicos ni éticos.
Rospigliosi hizo un llamado a los votantes de cara a las elecciones de 2026: “El electorado todavía está a tiempo de castigar con su voto a quienes están promoviendo estas prácticas. Es hora de renovar el Congreso y evitar la reelección de legisladores cuestionados”.
Fuente: Diario Correo
