El futuro del Caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori, podría tener repercusiones más allá de la política, afectando a otros casos de corrupción y lavado de activos.
Este miércoles, el fiscal José Domingo Pérez presentó sus argumentos ante el pleno del Tribunal Constitucional (TC), en una audiencia crucial para definir el futuro del proceso judicial contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. El caso, conocido como el Caso Cócteles, involucra una acusación por lavado de activos relacionado con presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales.
La defensa de Fujimori, liderada por la abogada Giulliana Loza, había solicitado anteriormente que el TC decidiera sobre el archivo del proceso, argumentando que los hechos no constituían delito en el momento de su comisión (2011 y 2016). En respuesta, Pérez insistió en que si el tribunal aceptara la demanda de la defensa, el caso sería archivado sin necesidad de juicio, lo que tendría un impacto significativo no solo en este proceso, sino también en casos similares que involucran a otros políticos, como Ollanta Humala, Susana Villarán, y Vladimir Cerrón.
El fiscal destacó que la Corte Suprema ya había establecido en un fallo previo que los donativos a campañas de origen ilícito pueden constituir delito de lavado de activos, lo que refuerza su postura. Según Pérez, si la demanda de Fujimori prospera, todos los casos en curso sobre corrupción y financiamiento ilegal de campañas quedarían en riesgo de ser archivados.
El TC tiene la responsabilidad de decidir si el caso avanza o si se archiva definitivamente, afectando la trayectoria judicial de la política peruana en los próximos años. Además de Keiko Fujimori, el veredicto del TC podría influir en investigaciones sobre otros dirigentes que han sido acusados de recibir dinero ilícito para financiar campañas políticas.
La sesión culminó con una serie de preguntas de los magistrados del TC, quienes pidieron aclaraciones sobre los elementos clave del presunto delito. La presidenta del TC, Luz Pacheco, indicó que el caso pasaría a votación y se espera una decisión en las próximas semanas, la cual podría tener implicaciones profundas tanto para la política peruana como para la lucha contra la corrupción.
Fuente: Diario El Comercio