Vocero del Ministerio Público afirma que la JNJ debe aclarar sus resoluciones para decidir el futuro de Patricia Benavides. También advierte que fallo del TC debilita la lucha contra la corrupción.
El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema, que deja sin efecto la suspensión provisional contra Patricia Benavides, no implica automáticamente su retorno como fiscal de la Nación. Según Cubas, la decisión final está en manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que deberá precisar el alcance de sus propias resoluciones.
Durante una entrevista en el programa Prueba de Fuego de RPP, Cubas explicó que el fallo judicial solo anula la medida cautelar de suspensión por dos años, pero no obliga a una reposición directa en el cargo. «La Corte no ordena su retorno. Corresponde a la JNJ aclarar sus decisiones previas», enfatizó.
El vocero también reveló que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó a los fiscales supremos sobre presuntas irregularidades en la emisión de resoluciones por parte de la JNJ. Por ejemplo, citó el caso de la resolución 231, que no contaba con la firma de todos los consejeros, a diferencia de otra resolución anterior (la 092) que sí cumplía con ese requisito formal. Esta inconsistencia habría sido uno de los motivos por los cuales dicha resolución no se ejecutó.
Disputa con la PNP por liderazgo en las investigaciones
En otro momento, Cubas criticó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que otorga a la Policía Nacional del Perú la dirección de las investigaciones preliminares por encima del Ministerio Público. Calificó la decisión como un retroceso para la reforma procesal penal.
“El fallo atenta contra los avances técnicos y constitucionales del Código Procesal Penal. La Policía, por su estructura jerárquica y dependencia del Ejecutivo, no puede investigar con imparcialidad ciertos casos, como delitos de corrupción en el Estado”, alertó, haciendo referencia al caso del hermano de la presidenta y de la propia jefa de Estado.
A pesar de sus críticas, reconoció que la Fiscalía deberá acatar lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución, aunque no descartó que se generen conflictos en la implementación de esta medida.
Fuente: RPP