Además, se autoriza la concesión de licencias sin remuneración de tres años por cada cinco, y se modifican las normativas para el cálculo de la CTS, proporcionando mayor claridad a los trabajadores del sector público.

A partir de enero de 2025, entrará en vigor una nueva regulación que cambiará las condiciones laborales en el sector público de Perú. La Ley N.º 32199 establece un límite de edad para los empleados del Estado y ajusta las disposiciones sobre licencias y CTS.

Esta normativa busca uniformizar los criterios de retiro en las entidades públicas, eliminando discrepancias entre instituciones y promoviendo una gestión de personal más estructurada. Su implementación es obligatoria para aquellos vinculados al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.

La Ley N.º 32199 establece un límite de edad para los trabajadores del sector público
Los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276 deberán cesar sus funciones al finalizar el año en el que cumplan 70 años. Esta disposición estandariza el retiro obligatorio y aplica de forma homogénea en todas las entidades del Estado peruano. Antes de esta norma, las condiciones para el retiro por edad variaban según cada institución, lo que generaba una administración laboral desigual en el sector estatal.

Nuevas reglas sobre licencias sin goce y cálculo de la CTS
La Ley N.º 32199 también modifica el marco de licencias sin goce de haber. Desde este año, los trabajadores públicos pueden acceder a estas licencias por un máximo acumulado de tres años dentro de un período de cinco años, sea de manera continua o fraccionada. Asimismo, se establecen nuevos parámetros para el cálculo de la CTS, lo que fija que se otorgue el equivalente al 100% de una remuneración mensual por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicio.

Aplicación obligatoria de la ley en entidades públicas desde enero 2025
Todas las entidades públicas con personal sujeto al Decreto Legislativo N.º 276 están obligadas a cumplir con esta normativa desde enero de 2025. Esto implica realizar los ajustes administrativos necesarios para aplicar las disposiciones sobre edad límite, licencias y CTS. La ley busca ordenar y estandarizar la gestión del recurso humano en el aparato estatal, lo que garantiza condiciones claras y equitativas para los servidores públicos.

Fuente: Diario La República.