El Tribunal Constitucional ha convocado para el 25 de agosto una audiencia pública clave, en la que evaluará las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, la norma que dispuso la reorganización patrimonial de Petroperú y estableció medidas para garantizar la continuidad de la cadena de producción de hidrocarburos en el país.
Las acciones legales han sido promovidas por la Defensoría del Pueblo (Expediente N.º 00003-2026-PI/TC) y la Municipalidad Provincial de Talara (Expediente N.º 00004-2026-PI/TC), cuyos procesos fueron acumulados por el propio TC para su análisis conjunto.
Origen y articulación institucional en Talara
Las demandas cuestionan el uso de un decreto de urgencia para una reforma estructural de Petroperú, una empresa considerada estratégica para el Estado peruano.
Tanto la Defensoría como la Municipalidad sostienen que una medida de tal magnitud debió pasar por un proceso legislativo ordinario, con mayor debate público y control parlamentario, debido a sus efectos permanentes sobre el patrimonio público, la seguridad energética nacional y los derechos laborales de miles de trabajadores.
El proceso judicial tiene raíces en una articulación institucional liderada desde Talara, ciudad petrolera del norte peruano. El Sindicato Unificado de Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau (SUTPEDARG) fue uno de los impulsores de la estrategia legal: promovió reuniones y mesas de trabajo, coordinó con la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara y alentó la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el sindicato, la reorganización de Petroperú afecta no solo la estructura y el control estatal de la empresa, sino también el empleo, los derechos laborales y la soberanía energética del país. “La defensa de Petroperú es la defensa del trabajo, el patrimonio nacional y la seguridad energética”, señalaron voceros sindicales.
Implicancias para Petroperú y el Estado
El DU 010-2025, cuya constitucionalidad será debatida en la audiencia de este 25 de agosto, estableció medidas excepcionales para reestructurar el patrimonio de Petroperú y asegurar la continuidad de sus operaciones.
Las organizaciones demandantes advierten que la norma podría abrir la puerta a cambios sustanciales en el modelo de gestión y en la titularidad estatal de la empresa, con efectos de largo plazo para el sector energético y la economía nacional.
SUTPEDARG destacó la relevancia de que el Tribunal Constitucional escuche los argumentos de las instituciones y de los trabajadores, ya que el destino de una de las principales empresas del Estado se encuentra en juego. El sindicato reconoció el compromiso de la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara por asumir la responsabilidad de representar al sector y llevar el caso ante el máximo intérprete de la Constitución.
Audiencia clave para los derechos laborales y la soberanía energética
La audiencia pública convocada para el 25 de agosto representa un momento crucial para Talara, los trabajadores petroleros y el país en su conjunto. El debate constitucional determinará si el Gobierno puede recurrir a instrumentos extraordinarios para reorganizar empresas estratégicas como Petroperú, o si se requiere un proceso legislativo más riguroso para proteger el patrimonio público y los derechos laborales.
Desde SUTPEDARG se reafirmó el compromiso de continuar con la defensa institucional de Petroperú y de impulsar acciones que salvaguarden los intereses nacionales y la seguridad energética del Perú ante futuras reformas.
“Defender Petroperú es defender el trabajo, el patrimonio nacional y la soberanía energética del Perú; nuestro compromiso es seguir promoviendo acciones institucionales que resguarden estos intereses ante cualquier reforma”, dijo.
Originalmente publicado en: Infobae.com – [Link original](Leer más)