JNJ pide al Tribunal Constitucional aplazar audiencia de demanda competencial interpuesta por el Congreso

Se tiene previsto que el TC revise la demanda competencial del Congreso por la reincorporación de dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia a sus funciones.

Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia enviaron un oficio al Tribunal Constitucional (TC) pidiendo la reprogramación de la audiencia fijada para el miércoles 10 de julio, donde se tiene programado ver la demanda competencial presentada por el Congreso de la República. El objetivo es que este órgano establezca las competencias únicas y excluyentes que corresponden al Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú, frente a pronunciamientos del Poder Judicial que interfieran con decisiones del Parlamento.

El documento lleva la firma de los consejeros Antonio De la Haza, Aldo Vásquez Ríos, Inés Tello de Ñecco, Imelda Tumialán, María Zavala y Guillermo Thornberry.

En concreto, la JNJ solicita que el TC requiera una opinión técnica consultiva a la Comisión de Venecia. En tanto, solicitan que “se disponga el aplazamiento de la vista de la causa prevista para el próximo 10 de julio”. Cabe resaltar que, este tipo de opiniones no son vinculantes.

¿De qué trata la demanda?

En abril pasado, el Pleno aprobó con 82 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones autorizar al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC.

Con este recurso se pide que el Tribunal Constitucional determine si las decisiones del Congreso pueden ser limitadas o restringidas por el Poder Judicial, a través de la emisión de resoluciones judiciales que interrumpan acuerdos o resoluciones aprobadas por el Parlamento.

Ello en referencia a la respuesta de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, quienes acudieron al Poder Judicial para ser restituidos en sus cargos, luego de que el Pleno por recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolviera inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública y que tuvieran que alejarse de la JNJ.

Fuente: La Republica