Luego de 16 años, la Ley General de Turismo fue reformada. Mientras el gobierno asegura que potenciará la formalización del sector, algunos especialistas cuestionan exoneraciones tributarias y poca eficiencia comprobada de las zonas especiales.

La Nueva Ley General de Turismo ya es una realidad. En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte resaltó los alcances de esta norma que busca fortalecer el sector y generar 34.000 puestos de trabajo en el país. No obstante, dicho dispositivo legal también establece la creación de Zonas Especiales (ZEDT) que exoneran del Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que inviertan en estas áreas.

Si bien se argumenta que este es un camino para la formalización de los operadores turísticos, lo cierto es que el Consejo Fiscal ya había advertido sobre las implicancias fiscales de la norma y su poca eficacia comprobada. En detalle, el artículo 24 de la ley contempla beneficios tributarios que se estructuran de la siguiente forma: 0% del IR en los cinco primeros años, 10% del sexto al décimo año y del undécimo al decimoquinto año, la tasa será del 15%.

Los usuarios de las ZEDT deberán ser nuevas personas jurídicas constituidas en Perú o nuevas sucursales, agencias y establecimientos permanentes de empresas extranjeras, que cuenten con autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Además, la norma estipula que la inversión mínima tendrá que ser destinada a la adquisición de bienes de activos fijos, nuevos o en construcción o producción, que se empleen exclusivamente dentro de las zonas.

Impacto fiscal de Ley General de Turismo
En el texto aprobado por el Congreso el pasado 4 de junio se reconoce que la exoneración o reducción de ciertos tributos podría generar una disminución temporal de la recaudación fiscal. Sin embargo, la proyección es que su impacto sería contrarrestado por los efectos positivos que trae el fomento de nuevas actividades económicas.

«Téngase en cuenta que no se pierde de vista que la depreciación acelerada es beneficiosa para las empresas, pero puede representar un desafío fiscal a largo plazo para el gobierno, ya que reduce temporalmente los ingresos fiscales provenientes del Impuesto a la Renta. El monitoreo adecuado de las empresas será crucial para asegurar que se utilicen estos incentivos de manera eficiente», indica su exposición de motivos.

Para Jorge Luis Ojeda, profesor de la carrera de Banca y Finanzas de la UPC, la norma tiene aspectos positivos para impulsar nuevas inversiones turísticas y sostiene que los ingresos fiscales disminuirán de forma temporal por el concepto de Impuesto a la Renta, pero habrán otros por IGV. Agrega, que estos beneficios tributarios contenidos en la Ley General de Turismo no deberían prolongarse de forma indefinida.

«Es verdad que habrá un menor nivel de ingresos, pero también hay que analizar otro punto. En su lugar se impulsarán nuevos ingresos por IGV, que es el impuesto que pagan los turistas cuando realizan sus compras. Ahora, el tema es que estos beneficios tributarios no pueden ser para toda la vida. Es decir, habrá que ver que esto sea autosostenible en el tiempo. Lo que no veo en la ley es el plan a futuro», enfatizó.

Por su parte, el economista Fernando Cuadros, refiere que la exoneración de impuestos no garantiza que los recursos se reinviertan en un mayor crecimiento de los sectores o que genere un positivo despegue económico. Pone como ejemplo que el establecimiento de zonas especiales en áreas de frontera no han generado desarrollo.

Al igual que Ojeda, Cuadros anota que el principal problema del turismo, más allá de la puesta en marcha del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, es la deficiente infraestructura. A su juicio, se necesita una mayor inversión en conectividad, una mejora de la oferta hotelera y que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a financiamiento más barato.

«El turismo es un sector con alto potencial de generación de empleo formal. Para atraer una mayor cantidad de turistas y generar más ingresos, lo que habría que mejorar son las condiciones logísticas. Por ejemplo, que hayan las vías de comunicación adecuadas y un capital humano capacitado, que esté en condiciones de brindar servicios de calidad. Nada garantiza que lo que se deja de pagar en impuestos, se convierta en inversión por parte de las empresas», agregó.

Otros cambios en la Ley de Turismo
La Nueva Ley General de Turismo también incorpora otros incentivos para impulsar el desarrollo turístico y el crecimiento empresarial fuera de las ZEDT. Entre ellos destaca la depreciación del 20% anual durante los años 2026 y 2027, que serán aplicados a edificios y construcciones relacionados con hospedaje, agencias de viaje y turismo, así como restaurantes y servicios afines.

Asimismo, se autoriza la deducción del 50% de los gastos en servicios turísticos y artesanales, con el objetivo de fomentar la inversión y el consumo en actividades vinculadas. Otro beneficio significativo es el acceso, hasta el 31 de diciembre de 2028, al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (DL 973) para inversiones turísticas que superen el US$1 millón.

La ley General de Turismo también prohíbe la tercerización o subcontratación de las actividades realizadas en la ZEDT. Finalmente, se dispone que las compañías beneficiarias tendrán que presentar declaraciones anuales ante la Sunat y someterse a una evaluación técnica cada tres años a cargo del Mincetur. En situaciones de incumplimiento, las empresas perderán los beneficios tributarios y comenzarán a ser gravadas con el 29,5% del régimen general.

“Esta ley representa mucho más que un cambio normativo. Es una declaración de principios fundamentales como la sostenibilidad, la calidad, la competitividad, la descentralización y la inversión responsable Además, nos traza un camino concreto hacia un turismo más formal, inclusivo y eficiente, donde las oportunidades se construyan en todo el territorio nacional”, dijo la titular del Mincetur, Desilú León.

Fuente: Diario La República