Cinco meses de lucha: el largo camino para frenar la minería ilegal en Pataz
Desde que el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) asumió el control del orden interno en mayo de 2025, se han logrado golpes contundentes contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Las acciones represivas han significado pérdidas estimadas en más de S/240 millones para las organizaciones criminales que operaban en la zona, aunque las autoridades advierten que la batalla está lejos de terminar.
Esta intervención se da en un contexto donde la minería ilegal ya no solo representa un problema ambiental o económico, sino una amenaza directa a la seguridad nacional. De hecho, según una encuesta de Ipsos publicada en mayo, 8 de cada 10 peruanos consideran que la minería ilegal es un peligro para el país.
Un nuevo enfoque militar y estratégico
La situación en Pataz comenzó a cambiar con la llegada del CUPAZ, una fuerza de intervención compuesta por unidades élite de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo el Comando Operacional del Norte. Su misión: recuperar el control territorial y desarticular las redes criminales que operan alrededor de las minas ilegales de oro.
Entre mayo y septiembre, se han ejecutado 33 operativos de alto impacto, destacando el Operativo Lobo (S/56.8 millones en pérdidas para los ilegales), Operativo Avatar I (S/42.7 millones), Armagedón I (S/43.5 millones) y Choque Amaru I (S/24.3 millones).
En total, las fuerzas del CUPAZ han:
- Intervenido 70 bocaminas, 22 socavones y 52 campamentos ilegales.
- Incautado 79 vehículos, 1,350 unidades de dinamita, 4,731 detonadores, armas de largo alcance y chalecos antibalas.
- Realizado 1,936 patrullajes en las zonas de mayor riesgo.
La presencia de las fuerzas del orden se ha fortalecido en localidades clave como Sicun, Parcoy, Tayabamba, Pamparacra, Chagual y Alto Pataz, donde antes la delincuencia vinculada a la minería ilegal operaba con impunidad.
¿Qué cambió con el Comando Unificado?
El analista político y especialista en minería, Iván Arenas, explicó a Perú21 que el gran giro fue en la estrategia de control territorial y el uso intensivo de inteligencia militar. “El Ejército entendió que había que cortar las rutas de la ilegalidad”, señaló.
Arenas también destacó que la presencia del Ejército genera una percepción positiva entre la población local, que durante años vivió bajo el miedo y la extorsión. No obstante, advirtió que la lucha aún necesita más especialización técnica para desarticular por completo las estructuras dentro de los socavones.
Un avance con desafíos pendientes
Aunque el estado de emergencia en la zona se decretó en febrero de 2024, recién desde mayo de 2025 con la conformación del CUPAZ se han registrado resultados significativos. Sin embargo, el camino por recorrer sigue siendo largo: la minería ilegal continúa operando en zonas remotas, muchas veces amparada por vacíos legales como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y por redes de corrupción local.
La situación de Pataz es un espejo de lo que ocurre en otras regiones del país. La minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una economía paralela que financia violencia, extorsión y corrupción política. La intervención en esta provincia marca un precedente, pero también pone en evidencia la urgente necesidad de una política nacional más firme, articulada y sostenida.