Desacierto. Ante el reajuste del IGV para incrementar recursos del Foncomun, el gremio constructor criticó que se destinen más fondos a gobiernos locales, entidades que hoy tienen mayor cantidad de obras paralizadas con una inversión comprometida de casi S/10.000 millones.

El respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la norma aprobada por el Congreso que reduce el impuesto general a las ventas (IGV) del 16% a 14% y duplica progresivamente el porcentaje del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) —del 2% al 4%— despierta alertas en sectores vinculados a la inversión pública y la infraestructura.

Consultado por La República, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), cuestionó la lógica de dotar de mayores recursos a gobiernos locales que no están preparados para ejecutarlos eficientemente.

“No creemos que sea lógico transferir más dinero a entidades del Estado que tienen menor ejecución presupuestal y más obras paralizadas”, expresó Valdivia. En su análisis, las municipalidades—principales receptores del Foncomun— no están preparadas, en su mayoría, para administrar y gestionar mayores recursos. «Además, como están alejados por lo general la supervisión es muy débil, se necesita cambiar ese modelo. Es una muy mala idea darle el dinero sin asegurarse de las capacidades», observó.

Según cifras compartidas por Capeco, de las 2.572 obras públicas paralizadas en el país, unas 1.846 (72%) pertenecen a municipalidades, lo que representa un monto de inversión comprometida de aproximadamente S/9.714 millones a marzo de 2025. “Es una cifra brutal porque nosotros ejecutamos S/65.000 millones al año y que estén paralizados S/43.000 millones es un monton de plata», advirtió.

Una obra paralizada es aquella que no reporta avance en su ejecución física por seis meses o más, proviene de un contrato resuelto o declarado nulo por controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato.

Según una revisión detallada por este diario, el sector que concentra la mayor cantidad de obras paralizadas a nivel nacional es el de Transportes y Comunicaciones, con 742 proyectos detenidos y un costo actualizado de S/11.500 millones. De este total, la mayoría (571) se encuentran truncadas a nivel de los gobiernos locales. Le siguen el sector Vivienda, con 444 obras paralizadas, y Educación, con 246.

Para Capeco, el problema es de fondo: el modelo de descentralización y distribución de municipalidades no ha funcionado. Se tiene un diseño institucional sobredimensionado, puesto que se han creado demasiadas municipalidades que, en la práctica, no tienen la capacidad técnica ni operativa para ejecutar obras medianas o grandes.

«Las capacidades de esas municipalidades están totalmente limitadas por su realidad. Por lo pronto, no cobran el (impuesto) predial. Más les cuesta hacer la gestión que el dinero que reciben. Tenemos un mal diseño de regionalización y una distribución de municipalidades inmensa, eso hay que cambiarlo», apuntó.

Para ello, plantea que se establezcan niveles de ejecución intermedia que para Capeco son los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales capitales de región. “Fortalecerlos puede permitir pasar de tener 2.000 ejecutores a solo 100 con estándares más altos”, sugirió.

Una de las propuestas planteadas por Capeco es establecer un sistema de certificación ISO para los cargos técnicos de las oficinas municipales y regionales de infraestructura, de modo que la continuidad de los proyectos no dependa del cambio de autoridades, sino de estándares técnicos verificados y recertificados periódicamente. “La ventaja de la certificiacion es que no se certifica a la persona, se certifica el cargo. No te interesa que haya rotación, cuando venga un nuevo alcalde con sus propios técnicos, eso no preocupa», mencionó.

MEF: «Estamos mirando la eficacia del gasto»
En conferencia de prensa, el titular del MEF Raúl Pérez Reyes, indicó que la modificatoria del IGV — cuyo objetivo es dotar de mayores recursos a los municipios distritales para que puedan ejecutar proyectos de inversión — no afectará el saldo deficitario del presupuesto público.

«Solo se está restructurando una fuente de financiamiento. Hoy del 16% del IGV, una parte importante va a financiar la inversión de las municipalidades. Ese 2% solo irá a inversión pública, no gasto corriente o planilla», afirmó el ministro, aunque admitió la preocupación sobre la eficacia del gasto de los gobiernos locales.

«Una cosa es presupuestar y otra es gastar. No todas las municipalidades tienen el mismo nivel de eficacia. Si una requiere hoy recursos adicionales, miramos su nivel de ejecución y obviamente no se le puede dar», sostuvo.

Dato

Esta medida le costaría al gobierno nacional aproximadamente S/2 millones 500.000 cada año desde 2026 y S/ 10.000 millones anuales desde el 2030, estimó el Instituto Peruano de Economía. «Financiar esta pérdida de presupuesto requerirá mayores impuestos o más endeudamiento», apuntó.

Construcción tropieza y cae en abril
La actividad constructora creció 5,3% en el primer trimestre de 2025, según el INEI. Sin embargo, desde Capeco proyectan una caída de 2,9% en el último mes de registro (abril), impulsada por la reducción de 8,7% en obra pública, lo que marcaría su peor resultado desde el 2023, según sus estimados.

Este resultado muestra la dificultad que tendrá la actividad constructora de alcanzar la meta proyectada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y por el MEF para el cierre del año (3,8% y 4,1%, respectivamente), pese a que las cifras hasta el primer trimestre fueron alentadoras.

Fuente: Diario La República