Miles de unidades paralizadas, enfrentamientos entre gremios y autoridades, y un servicio de transporte limitado marcan la jornada del 2 de octubre en medio de reclamos por extorsiones, asesinatos y falta de acción estatal.

Paro de transportistas en Lima y Callao: caos, contradicciones y un grito contra la inseguridad
Este jueves 2 de octubre, un nuevo paro de transportistas sacudió Lima Metropolitana y el Callao. La protesta fue convocada por diversos gremios del transporte urbano formal, quienes exigen acciones concretas frente a la creciente ola de extorsiones, atentados y asesinatos contra choferes, cobradores y empresarios del sector.
Desde la madrugada, miles de ciudadanos se vieron afectados por la interrupción parcial del servicio. En algunos distritos, como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho, la escasez de buses fue notoria. Paraderos colapsados, largas esperas y alzas en el precio de pasajes marcaron la jornada para quienes intentaron movilizarse.
¿Quiénes acataron el paro?
Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), más de 450 empresas de transporte suspendieron operaciones, afectando a alrededor de 10 mil unidades, incluidas cústers, combis y buses. El impacto fue más fuerte en los conos norte, sur y este de la ciudad.
Sin embargo, el Gobierno negó que el paro tuviera gran acogida. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sostuvo que el 80% del servicio de transporte público funcionó con normalidad, mientras que el ministro César Sandoval calificó la movilización como “un fracaso”.
Esta contradicción entre cifras y percepciones generó aún más confusión entre los ciudadanos, que sí experimentaron dificultades reales para llegar a sus destinos.
Tensión en las calles: buses atacados
En algunos puntos de Lima, manifestantes pincharon las llantas de buses que no se sumaron al paro, especialmente en vías principales como Ramiro Prialé, en Ate. Al menos cinco unidades fueron atacadas. “Es por su bien”, decían los manifestantes, justificando los actos como una forma de presión al resto del sector.
Pedido al Congreso y propuesta de unidad de élite
Uno de los principales objetivos de la protesta fue entregar al Congreso de la República una propuesta legislativa para la creación de una unidad de élite contra el crimen en el transporte, integrada por miembros de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los gremios buscan combatir de forma articulada el accionar de bandas criminales que, según denuncian, operan con total impunidad.
Respuesta del Gobierno: minimización y exhorto
La presidenta Dina Boluarte se pronunció minimizando el impacto del paro y afirmó que “en 24 o 48 horas no se resolverá el crimen organizado”. Además, exhortó a los transportistas a deponer la medida para evitar perjudicar tanto sus propios ingresos como el traslado de otros ciudadanos.
El viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez, también aseguró que el servicio fue “fluido” en zonas como Puente Nuevo, Cono Norte, Sur y SJL. No obstante, el general Felipe Monroy, jefe policial en Lima, admitió que actualmente la PNP no tiene capacidad suficiente para proteger a todos los transportistas, debido al gran número de empresas y rutas operativas.
Impacto en otros sectores
El paro también obligó a cerrar mercados como el Valle Sagrado de San Juan de Lurigancho y generó la reprogramación de citas médicas en hospitales de EsSalud. La entidad habilitó líneas telefónicas para asegurar la atención de los asegurados afectados.
En educación, el Ministerio de Educación (Minedu) descartó la suspensión de clases presenciales, pero recomendó a las instituciones flexibilizar los horarios ante posibles tardanzas.
¿Cómo respondió el sistema de transporte estatal?
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó la operación habitual del Metropolitano, Corredores Complementarios, Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima, así como del servicio AeroDirecto. Estos servicios se mantuvieron activos con el objetivo de minimizar el impacto del paro.
Tolerancia laboral
El Ministerio de Trabajo otorgó dos horas de tolerancia para los empleados afectados, dejando a las empresas la posibilidad de compensar ese tiempo posteriormente, de acuerdo con acuerdos internos.
Conclusión:
El paro de transportistas del 2 de octubre deja una postal contradictoria: mientras las autoridades insisten en que el servicio fue normal, en las calles miles de pasajeros enfrentaron un panorama muy distinto. Más allá de la disputa por cifras, el mensaje del gremio es claro: el transporte formal se siente abandonado frente a la inseguridad y la violencia.
Sin una respuesta firme y coordinada del Estado, estas protestas podrían volverse cada vez más frecuentes y radicales. La ciudad no puede permitirse seguir moviéndose al borde del colapso.