En Perú, más de la mitad de la población enfrenta hoy inseguridad alimentaria, una problemática que, según un estudio reciente de la Universidad del Pacífico, supera los índices regionales y no responde únicamente a la escasez de productos básicos. El informe advierte que el país sostiene el nivel más alto de la región, con un impacto directo sobre más de 16 millones de personas entre 2021 y 2023.
De acuerdo con el análisis de la Universidad del Pacífico (UP), la inseguridad alimentaria afecta a más del 20% de los peruanos en su forma más severa, una cifra que se sitúa por encima del promedio latinoamericano y que duplica ampliamente los registros de países como Colombia y Chile. El reporte señala que este fenómeno revela una crisis estructural, ya que no solo involucra la producción y disponibilidad, sino que también pone en evidencia fallas en el acceso y el uso de los alimentos.
Joanna Kámiche Zegarra, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), sostiene que la respuesta estatal requiere una estrategia urgente y coordinada. La especialista enfatiza que “la inseguridad alimentaria en el Perú no es un problema de un solo sector, es multicausal y requiere soluciones donde participen distintos actores del Estado, el sector privado y la academia”. Esta perspectiva ubica en el centro del debate la necesidad de nuevas políticas públicas que trasciendan las intervenciones fragmentadas.
El estudio identifica como factores principales la baja productividad agraria, la mala focalización de los programas alimentarios y la ausencia de servicios básicos como agua potable y energía para la correcta preparación de los alimentos. Además, advierte sobre la débil institucionalidad y la falta de enfoque multidimensional en las políticas existentes. Según el documento, “la inseguridad alimentaria en el Perú no es una fatalidad geográfica ni económica: es el resultado de décadas de intervenciones fragmentadas, recursos mal asignados y una institucionalidad débil”, afirmó Kámiche Zegarra.
Propuestas para revertir la inseguridad alimentaria
Entre las estrategias sugeridas, la Universidad del Pacífico recomienda elevar la productividad agraria mediante semillas certificadas, riego tecnificado y la inclusión de debates informados sobre Organismos Vivos Modificados (OVMs). También indica la importancia de mejorar la focalización de los programas sociales usando criterios basados en evidencia y priorizando a poblaciones en condición de inseguridad severa. El documento destaca el fomento de biohuertos y vales de consumo para promover el autoconsumo en zonas vulnerables.
Las propuestas resultan fiscalmente viables al estimar beneficios económicos entre el 2% y el 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una proporción que, según la Universidad del Pacífico, justifica la inversión pública necesaria. La autora del informe subraya que “el costo de no actuar es significativamente mayor que el de implementar estas reformas”.
Agenda 2026: hoja de ruta para la política alimentaria en Perú
Este estudio forma parte de los quince documentos de Agenda 2026, una iniciativa de la Universidad del Pacífico y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en colaboración con la Escuela de Gestión Pública, creada para ofrecer propuestas de política pública a quienes dirigirán el país. El objetivo es aportar insumos concretos para fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida de los peruanos, en un contexto donde la inseguridad alimentaria plantea uno de los mayores desafíos sociales y económicos del presente.
Originalmente publicado en: Infobae.com – [Link original](Leer más)