La aprobación de la polémica Ley de Amnistía en el Congreso peruano ha generado controversia a nivel nacional e internacional. Politólogos advierten que estas medidas podrían afectar la economía y las relaciones diplomáticas del país.
Con 15 votos a favor y 12 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la polémica Ley de Amnistía que dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A pesar de que esta norma estaría yendo contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siete partidos políticos del Congreso dieron luz verde para que la ley fuera aprobada en segunda votación.
Ahora, el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá promulgar o restituir la Ley de Amnistía al Parlamento, donde se podría promulgar por insistencia, sin contemplar los daños diplomáticos y de relaciones comerciales que sufriría el Perú con el resto del mundo. La República conversó con dos politólogos para que nos brinden más detalles al respecto
¿Qué sanciones podría recibir el Estado peruano tras la aprobación de la Ley de Amnistía?
El politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, indicó que cuando un país se adhiere a una convención internacional lo hace «de buena fe», por lo que una sanción económica o militar no existiría, pero sí habría implicaciones políticas
«Perú ha sido un incumplidor crónico de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría generar implicaciones políticas muy serias para el Estado. La primera es que nos van a colocar en el rubro de países que desacatan las convenciones internacionales. Nos pondrán al nivel de Nicaragua, Venezuela», explica.
Lo segundo es que, al aprobar esta ley, no solo se está chocando con la CIDH, sino también con el sistema universal de las Naciones Unidas, lo que podría ocasionar una repercusión mayor, ocasionando dificultad en el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Fuente: La Republica
