El actual ministro de Justicia es investigado por encabezar una presunta mafia integrada por exjefes policiales, funcionarios y empresarios, con vínculos directos a Nicanor Boluarte y supuestos actos de corrupción en el Ministerio del Interior.
Santiváñez en la mira: Fiscalía lo acusa de dirigir red criminal desde el Ministerio del Interior
El actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, es acusado por la Fiscalía de liderar una presunta organización criminal enquistada en el aparato estatal, conformada por ex altos mandos de la Policía Nacional, funcionarios públicos, abogados de su entorno y empresarios. La investigación, a cargo del fiscal Carlos Ordaya López del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), incluye también al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, como implicado.
Según la resolución judicial que autorizó recientes allanamientos e incautaciones, los presuntos integrantes de esta red serían al menos siete personas, entre ellas el exjefe de la Dirección de Medio Ambiente, general Gregorio Villalón Trillo; el exdirector de Operaciones Especiales, coronel (r) Percy Tenorio Gamonal; el director de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez de la Cruz; y el servidor público Yber Torres Pariona, entre otros.
El origen de la red: poder, contactos y favores
Santiváñez asumió el Ministerio del Interior en mayo de 2024, tras haber defendido legalmente a la presidenta Dina Boluarte. Pese a haber sido censurado por el Congreso, fue nombrado poco después como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental con oficinas en Palacio de Gobierno. Desde esta posición, señala la Fiscalía, habría continuado liderando actividades ilícitas.
El 23 de agosto de 2025, la propia presidenta lo juramentó como ministro de Justicia, cargo que hoy ostenta mientras se intensifican las investigaciones en su contra.
Los cuatro hechos de corrupción que investiga la Fiscalía:
- Favorecimiento a minera El Dorado: La red habría intervenido irregularmente, a cambio de dinero, en una disputa minera en Ayacucho mediante la Dirección de Medio Ambiente de la PNP.
- Compra de ascensos: Generales de la Policía habrían pagado sobornos para mantenerse en sus cargos.
- Manipulación interna: Se habrían alterado procesos dentro de la Defensoría del Policía para beneficiar a aliados del grupo.
- Encubrimiento a Nicanor Boluarte: El hermano de la presidenta habría recibido protección activa de los miembros de la organización, con visitas frecuentes a los investigados.
Los círculos de poder
Según la indagación, la red operaba en dos niveles:
- Primer círculo: Incluye a Percy Tenorio (cercano y abogado del entorno de Santiváñez), Yessenia De La Cruz (exadministradora del estudio legal de Santiváñez), y Marco Palacios Meza (exabogado del mismo estudio).
- Segundo círculo: Lo conforman Gregorio Villalón, Máximo Ramírez e Yber Torres, con roles en la operación de favores y designaciones en el Estado.
Dos empresarios, Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier, también están involucrados. Según testigos, habrían pagado US$160 mil por un operativo policial manipulado a su favor.
Vínculos con los Boluarte
El fiscal Ordaya subraya que Juan Santiváñez no solo formó parte del entorno cercano de Dina Boluarte, sino que, antes de asumir cargos públicos, habría trabajado como parte del «brazo legal de protección» de una organización paralela liderada por Nicanor Boluarte, diseñada para garantizar impunidad y facilitar la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.
Incluso, en su propia declaración jurada al asumir el Ministerio de Justicia, Santiváñez reconoció estar involucrado en 12 investigaciones fiscales previas. Ahora, enfrenta una nueva carpeta, la número 13, por estos recientes hallazgos.
Una investigación en curso con implicancias políticas
La Fiscalía ha solicitado y ejecutado allanamientos a domicilios y oficinas de los implicados, además de incautar computadoras, celulares y documentación relevante para el caso. La figura que se construye desde el Ministerio Público es la de una red de corrupción instalada desde el Estado mismo, con ramificaciones políticas, policiales y empresariales.
Aún no se han emitido declaraciones oficiales ni desde el Ejecutivo ni desde el propio Ministerio de Justicia sobre la investigación que complica al actual titular del sector.
Fuente: Diario La Republica