Categoría: Noticias Nacionales

La abogada opinó que será muy difícil demostrar que la lideresa de Fuerza Popular estaba al tanto de que el dinero entregado por Odebrecht tenía un origen fraudulento.

Este 1 de julio inició el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles. La audiencia acaparó la atención mediática y adelantó la opinión de los especialistas. En ese marco, la abogada Rosa María Palacios, en su programa Sin Guion, explicó cuál es el escenario al que se enfrenta la lideresa de Fuerza Popular y los demás involucrados.

En primer lugar, la letrada resaltó el tiempo que conllevará el referido proceso. «Es un caso que puede durar más de dos años. Se trata de un proceso en el que cada una de las personas imputadas tienen el derecho a ejercer su defensar y lo harán con un abogado acreditado. Esto será una carga procesal enorme para cualquier magistrado y colegiados. Las defensas han acreditado más de mil testigos que tienen que ser escuchados. Luego, hay más de 5 900 pruebas que tienen que ser actuadas una por una. Cada abogado puede impugnar esas pruebas», anunció.

Seguidamente, analizó las imputaciones contra la hija de Alberto Fujimori y aseguró que sí habría recibido dinero ilícito para sus campañas electorales. «Keiko Fujimori sí recaudó fondos de manera ilícita para su campaña del 2011 y el 2016. El relato que ha construido José Domingo Pérez. Yo creo que están completamente acreditados. Es decir, Keiko Fujimori recibió al menos 8 millones de soles para su campaña y maquilló estos ingresos ante la ONPE generando aportantes y actividades falsas, por ejemplo, la venta de tarjetas para cocteles y rifas», estableció.

A pesar de ello, indicó que las otras figuras penales por las cuales se acusa a Fujimori Higuchi, no serán tan sencillas de probar. Los tipos penales imputados a Fujimori Higuchi serán muy difíciles de probar. Por ejemplo, que se reclute gente para que pitufeé dinero no los convierte a todos en miembros de una banda criminal», ejemplificó.

«Pero lo más difícil será el delito de lavado de activos en lo que respecta a Keiko Fujimori. Odebrecht no es colaborador eficaz en los casos de donaciones de campaña y es el único imputado del colaborador de un dinero manchado. Para que exista el delito de lavado de activos, Keiko Fujimori tenía que saber o tener que asumir que el dinero provenía de un delito y eso no lo acepta ni Odebrecht. No hay ninguna prueba sobre eso. Ese es el meollo de todo el juicio», comentó.

Posteriormente, agregó: «La defensa de Keiko Fujimori niega los hechos. Ella ni siquiera reconoce haber recibido dinero de Odebrecht. Los hechos tendrán que ser discutidos durante todo el proceso. Si lo hicieran, todo sería más rápido».

Fuente: La Republica

Los magistrados fueron destituidos por el Congreso por presuntamente haber cometido una infracción constitucional.

El Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, por lo que ha ordenado reponerlos en sus respectivos cargos tras haber sido sancionados por el Congreso.

«Declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por los señores Antonio Humberto De la Haza Barrantes, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Luz Inés Tello de Ñecco, Imelda Julia Tumialán Pinto, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán que corre de folios 111 al 152; en consecuencia,… ordenamos reponer en el día a doña Luz Inés Tello de Ñecco y a don Aldo Alejandro Vásquez Ríos en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia», se observa.

Con ello, el Poder Judicial dispuso la nulidad de la denuncia constitucional N° 373-2023, realizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y aprobada por la Comisión Permanente.

De acuerdo con la sentencia, el Congreso debió tipificar la infracción constitucional, asimismo, la Junta de Portavoces para que los miembros de la Comisión Permanente que no votaron antes lo hagan en el Pleno no puede estar por encima de lo que señala la Constitución.

Con esta decisión, la Junta Nacional de Justicia vuelve a tener siete miembros por lo que ya se puede elegir a nuevos jefes de la ONPE y Reniec. Cabe resaltar que la magistrada Inés Tello tenía el caso de la hermana de la exfiscal de la Nación, Enma Benavides y Aldo Vásquez tenía el caso de su tesis.

Fuente: La Republica

Cosco Shipping tendrá la exclusividad de uso de la megaobra que pretende convertir a Chancay en el “puerto más moderno e inteligente de Sudamérica”

El viaje de la presidenta Dina Boluarte a China para visitar al jefe del régimen Xi Jinping, además de reunirse con representantes de empresas chinas que iniciarán sus operaciones en el Puerto de Chancay, permitió conocer más sobre cuáles serían los planes para que esta zona opere en territorio nacional con base en un trato directo con el país asiático.

Desde China, la mandataria indicó que espera que esta megaobra impulse “el inicio de la construcción de un polo de desarrollo tecnológico e industrial”. Boluarte también indicó que se tomaría como modelo el desarrollo que se concretó en la ciudad china de Shenzhen. el ‘modelo Shenzhen’ permitiría que el gobierno de China intervenga y controle operaciones de esta zona portuaria.

En ese sentido, no es de extrañarse que la empresa china encargada del inicio de las operaciones del Puerto de Chancay, Cosco Shipping, busque ser el único operador y tenga la exclusividad de uso de un activo económico tan grande en el Perú.

Eso también explica las reuniones de la presidenta Boluarte con representantes de otras empresas chinas, como Huawei, China Southern Power Grid Limited, BYD, entre otros e indicó que “ojalá que allí (Chancay) se pueda instalar una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos, en este interés tanto de Perú como China de cuidar el medio ambiente. En nuestro país tenemos cobre y litio”

Desde China, el presidente de Cosco Shipping, Wan Min, indicó que “haremos todo el esfuerzo para que pueda quedar listo en noviembre, junto con APEC (…) Una vez que se concluya su construcción, Chancay se convertirá en el puerto más moderno e inteligente de Sudamérica”

Fuente: Infobae

La denuncia planteada por Aprodeh y FIDH contra la jefa de Estado la acusa de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el último miércoles 26 que el Gobierno enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional (CPI). La demanda fue presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), acusándola de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

«Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita», declaró en conferencia de prensa

fuente: Diario Correo

Un testigo protegido que ahora declara ante el Ministerio Público por el caso contra el congresista acciopopulista reveló que Espinoza ordenó buscar un técnico de computadoras para que “infecte la máquina con virus”

La Fiscalía de la Nación ha consignado entre su material probatorio por la investigación que se sigue en su contra en el marco del caso en el que se le acusa de haber usado a sus trabajadores para impulsar su partido; los intentos del congresista acciopopulista Darwin Espinoza por borrar evidencia de las computadoras de su despacho. Como se sabe, el legislador enfrenta serias acusaciones de presunto peculado y uso irregular de recursos del Congreso; y en el transcurso de los últimos días un testigo protegido ha decidido responder ante el Ministerio Público, develando una serie de acciones que podrían revelar intentos de obstrucción al desarrollo de las investigaciones.

Este proceso de investigación comenzó el 15 de abril tras la publicación de un reportaje en el programa dominical Punto Final, que sacó a la luz posibles irregularidades en la gestión de Espinoza; y como resultado, se dispuso la intervención de espacios del Congreso bajo la jurisdicción del legislador. No obstante, imprecisiones en la resolución generaron que las diligencias se retrasaran.

Ahora, un testigo protegido a cuyas declaraciones el medio El Comercio tuvo acceso, ha resultado ser una pieza clave en el desarrollo de la investigación, pues, según su testimonio, el congresista habría ordenado a sus empleados borrar información comprometedora de sus computadoras. Según las declaraciones de este testigo, dos empleados de su despacho buscaron la ayuda de un técnico en la conocida zona comercial de Wilson, en el centro de Lima, para infectar los equipos con virus que impidieran la identificación de archivos.

Fuente: Infobae

Encuesta de Ipsos revela que la propuesta que plantea una nueva amnistía para sentenciados e investigados por crímenes de lesa humanidad no es del agrado de la mayoría de la ciudadanía, aun así, norma puede ser votada en la Comisión Permanente con prioridad

El Congreso de la República, poder del Estado que debe ejercer la representación de los peruanos y velar por sus intereses, mantiene en la agenda de la Comisión Permanente una norma que genera desacuerdo en la percepción de la mayoría de la ciudadanía. Se trata de una nueva ley que plantea la prescripción de los crímenes de lesa humanidad desde antes del 2002; que ha sido concebida como una nueva norma de Amnistía; y sobre la que una encuesta de Ipsos consultó a la ciudadanía.

Según el sondeo realizado por la encuestadora para el diario Perú 21, el 71% de los peruanos rechaza la ley que el Legislativo aprobó en primera votación apenas a unas semanas del cierre de legislatura y que, según lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, daría paso a la impunidad y pondría al Perú en desacato ante las disposiciones de la Corte. Y si bien esta norma ya ha sido aprobada en primera votación, solo se puede hacer posible mediante una segunda votación que queda pendiente en el pleno o en la Comisión Permanente, que da inicio esta semana y tiene facultades legislativas.

Implicaciones de la nueva Ley de Amnistía que se busca aprobar

Fuente: Infobae