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El Consejo Regional de Junín aprobó por unanimidad la conformación de una comisión investigadora sobre los gastos que ejecuta el Gobierno Regional de Junín (GRJ) al hacer remodelaciones a la sede principal.

“Se citó al gerente general para que exponga sobre la pertinencia de invertir cerca de S/5 millones en la remodelación de la sede central, por lo que el gerente señaló que se cerrará brecha institucional y que se ejecuta la inversión por las recomendaciones de fiscalización de Conadis, e incluso que el GRJ al tener más presupuesto existe más personal que necesita espacios cómodos; sustento que no convenció al consejo regional”, señaló la consejera Kely Flores Más. Ante este panorama, la comisión estará presidida por la consejera Kely Flores, acompañada de la consejera Lucero Huamancaja.

Situación
La comisión también se conformó por un presunto sobrecosto, además de no recibir respuesta sobre las acciones integrales para el acceso de personas con discapacidad a la institución, pues esto no se resuelve con solo cambiar el ascensor. “Se cuestiona que haya un incremento de personal en la sede y amerita fiscalización, pues habría que conocer bajo qué régimen laboral están, considerando que por propia versión de los trabajadores hay más personas con vínculo laboral por terceros; además, el gerente no justifica la pertinencia, pues si hay mayores recursos, por qué no se atendió el IOARR presentado por el Hospital Carmen para fortalecer UCI pediátrica que fue presentado el año anterior y hasta la fecha les dicen que no hay presupuesto”, remarcó. Agregó que se tendrá 30 días para investigar sobre la legalidad de la inversión y la justificación para el cierre de brechas; por otro lado, se fiscalizarán los componentes, su pertinencia y los procesos de licitación por la existencia de un presunto sobrecosto.

En tanto, la consejera Lucero Huamancaja recalcó su preocupación por las recientes inversiones del GRJ. “No cierran verdaderas brechas, son innecesarias y desvían recursos críticos de áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura básica. Debemos priorizar inversiones que realmente impacten la vida de los ciudadanos y garanticen un uso eficiente y responsable de los fondos públicos”, manifestó.

Versión
El gerente regional del GRJ, Roy Gonzales durante su presentación defendió una vez más los gastos como la compras de alfombras, butacas, entre otros.

Fuente: Diario Correo.

Durante dos días la atención en los hospitales El Carmen y Daniel Alcides Carrión será suspendida en los consultorios externos, esto debido al paro de 48 horas que acatarán los agremiados.

El presidente de la Federación Médica en Junín, Walter Matos explicó que el paro se convocó a nivel nacional y por lo tanto se suspenderá la atención en los consultorios externos, además de las operaciones electivas y procedimientos que no sean de urgencias.

Las áreas críticas como emergencia, hospitalización y la UCI si atenderán en piquetes de guardia para no perjudicar a los pacientes.

En el hospital El Carmen, les falta unos 50 especialistas para completar el personal mínimo que debería atender. Además comentó que hace un mes se malogró la máquina de esterilización, lo arreglaron pero tienen temor que vuelva a ocurrir. Además les faltan un electrovisturi para continuar con las operaciones. Acotó que no les compran equipos mientras no concluya el nuevo hospital.

El dirigente, también se refirió al hospital Carrión, que tienen una brecha de 80 especialistas en el nosocomio.

Para hoy se tiene programado, plantones en las puertas de los hospitales y mañana será la movilización. En el hospital El Carmen, demandan que de una vez por todas se concluya la construcción del nuevo hospital ya que el actuar está por caer.

Fuente: Diario Correo.

Pronto se deposita la ‘segunda’ CTS del año. ¿Sabías que cuando la paguen en tu cuenta podrás sacar el monto? Pero solo tienes un plazo para hacer el retiro

El pasado viernes 17 de mayo, el Gobierno promulgó la ley del retiro de la CTS, aprobada por el Congreso y que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la compensación por tiempo de servicio (CTS). La norma se presentó con la justificación de cubrir las necesidades de los ciudadanos por causa de la crisis económica.

Anteriormente, la ley había permitido este retiro hasta el 31 de diciembre de 2023, pero con la nueva ley este plazo ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo esta la fecha límite en que los ciudadanos podrán retirar y disponer libremente de los montos que tengan en sus cuentas CTS.

Sin embargo, dado que la ley fue aprobada en mayo pasado, ya miles de trabajadores han retirado estos montos, por lo que, si necesitaba mucho ese dinero extra, estas estarían en cero. Pero, como se recuerdo la CTS se deposita dos veces en el año (la primera vez alrededor de la quincena de mayo), por lo que en noviembre se depositará un nuevo monto al que los consumidores podrán acceder.

La CTS se deposita a los trabajadores formales en Perú dos veces en el año. La primera vez se hace el pago a más tardar el 15 del quinto mes (mayo), mientras que la segunda vez se hace también en la quincena del noveno mes.

Así, este 2024, los empleadores tendrán que pagar el segundo depósito de la CTS a sus trabajadores máximo el viernes 15 de noviembre, para lo cual faltan ya menos de 20 días.

De igual manera, dado que el retiro de la CTS se ha aprobado hasta el 31 de diciembre, los ciudadanos podrán decidir retirar este monto hasta esta fecha. A pesar de que habían proyectos de ley que buscaban aumentar esta fecha límite hasta el último día el 2025 (e inclusive se consideraba hasta el 2026), la norma se aprobó solo acotada hasta este año y se evaluaría durante las siguientes legislaturas si ameritaba presentar otro proyecto para aumentar este plazo.

¿Cómo se retira la CTS?
El procedimiento para la disposición de los depósitos de compensación por tiempo de servicios se dará de una de las siguientes maneras:

Los trabajadores en planilla, tanto del sector público como privado, podrán realizar el retiro, total, parcial o parciales, del monto disponible en sus respectivas cuentas de depósito de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a través de las aplicaciones de sus bancos o entidades financieras.
Así, también estos podrán solicitar, preferentemente por canales digitales, que la entidad financiera efectúe el desembolso mediante transferencias a las cuentas del trabajador que este indique, pertenecientes a una empresa del sistema financiero, una cooperativa de ahorro y crédito o empresa emisora de dinero electrónico, conforme a los límites y condiciones establecidos en la normativa aplicable, así como a las operaciones que realizan.
Luego de recibida esta solicitud de desembolso mediante transferencias a otras entidades, la que se refiere anteriormente, la entidad financiera efectúa la transferencia a las cuentas del trabajador que este indique, en un plazo no mayor de dos días hábiles

Así se calcula la CTS que recibes
Como se sabe, el empleador deberá depositar cada seis meses la mitad de la remuneración que recibe el trabajador en sus cuentas CTS por este concepto. Este pago se realiza a mediados de mayo y de noviembre, dos veces al año, por cada periodo trabajado. Sin embargo, a esa cantidad debe añadírsele un sexto de la gratificación que se percibió durante ese período (un sueldo, en los meses de julio y diciembre).

La fórmula para calcular la CTS suma el monto del sueldo del trabajador más un sexto de la última gratificación, multiplicado por el número de meses trabajados y dividido entre los doce meses que tiene el año. Por ejemplo:

Se tiene un sueldo de S/1.025
Se debe sumar 1/6 de la gratificación a este monto, obteniendo, aproximadamente, S/170.83
La suma daría S/1.195.83
Esto se divide entre los 360 días del año, y se obtiene S/3,32175, como factor
Esto se multiplican a 180 días (6 meses), para obtener el monto final de la CTS que se recibe, de S/597,92, aproximadamente (considerando un sueldo mínimo).

Fuente: Infobae

El coronel PNP, quien fue separado de la Diviac por publicar la foto de una torta alusiva al allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, fue visto patrullando a pie en San Isidro. Según dijo, está cumpliendo órdenes de sus superiores

El segundo día del paro de transportistas trajo consigo una sorpresa. El coronel de la Policía Nacional (PNP) Harvey Colchado fue visto resguardando un puente en la Vía Expresa, en el distrito de San Isidro, según dijo, por órdenes de sus superiores.

Colchado, quien hasta hace unos meses lideraba operaciones estratégicas como jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), evitó responder a las preguntas de una corresponsal de Exitosa Noticias. Al insistirle, solo logró decir:

“Yo no puedo dar declaraciones. Estoy de servicio actualmente debido a que hay manifestaciones. Todas las unidades especializadas han salido a patrullar. Es orden de comando. Yo cumplo las órdenes siempre”, señaló.

Fuentes de Infobae Perú señalaron que esta medida se interpreta como un intento de ‘bajarle la moral’ a Colchado, debido a que no fue ubicado en una zona de alta convulsión, considerando su rango y perfil operativo. Para un oficial de la trayectoria de Harvey Colchado, esta medida es una ofensa a su moral. Un castigo.

Tras hacerse pública la noticia, las fotos del coronel PNP comenzaron a circular en la red social de X, donde usuarios aludieron como una acción de “hostigamiento” de parte de Juan José Santiváñez, titular del Ministerio del Interio (Mininter), entidad a la que está adscrita la Policía Nacional.

Como se recuerda, Harvey Colchado estuvo al frente de la Diviac durante tres años, hasta que fue separado del cargo en abril de este año por decisión de la Inspectoría General de la Policía Nacional que calificó de “infracción muy grave” que el coronel PNP haya subido una fotografía a sus redes sociales.

La fotografía, compartida durante su celebración de cumpleaños, mostraba una torta que hacía alusión al allanamiento en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ocurrido en Surquillo a fines de marzo. El jefe policial, en su condición de jefe de la Diviac, lideró las diligencias al interior de la vivienda de la mandataria, en el marco de la investigación preliminar por el caso ‘Rolex’.

Tras la decisión de Inspectoria de la PNP, las miradas críticas se centraron en la presidenta Dina Boluarte. El aún premier Gustavo Adrianzén rechazó que la mandataria esté tomando represalias contra Colchado. No obstante, un testigo protegido en el caso Los Waykis en la Sombra admitió ante la Fiscalía tener conocimiento de que Boluarte ordenó al teniente general Johnny Veliz Noriega abrirle un proceso administrativo por este tema.

En diálogo con Expreso, el titular del Mininter negó tener responsabilidad en la reasignación de Colchado. Según dijo, desconocía el hecho e indicó que esas son decisiones que le competen únicamente a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú.

“La reasignación de determinados oficiales es exclusiva competencia de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que administra por mandato constitucional sus recursos personales y logísticos. El despacho del ministro del Interior no tiene injerencia alguna en la asignación, reasignación o colocación de ningún efectivo de la PNP”, sostuvo.
“Es única y exclusivamente una distribución que, con fines de operatividad o con fines de necesidad del servicio, la Comandancia General efectúa de acuerdo a sus atribuciones reconocidas constitucionalmente”, añadió.

Fuente: Infobae

Demanda presentada ante Indecopi por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para suspender extracción de anchoveta por debajo de los 12 centímetros, pondría en grave riesgo sostenibilidad pesquera

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) solicitó ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, que le levante la prohibición de extraer anchoveta menor a los 12 centímetros que se estableció en 2001 para la protección y preservación de la especie.

El gremio de los pescadores industriales solicitan “que se declare barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la prohibición de extracción, recepción, transporte, procesamiento y comercialización de anchovetas en tallas inferiores a 12 centímetros; materializada en el artículo 3° y en el Anexo 1 de la Resolución Ministerial N°209-2001-PE”, señala la demanda ante Indecopi, documento al que tuvo acceso La República. Seguidamente, la SNP reclama “que se ordene a PRODUCE (Ministerio de la Producción) que se abstenga de aplicar la barrera burocrática denunciada (la prohibición de pescar anchoveta inferior a 12 centímetros)”.

El pedido de la SNP se suma a otro también presentado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), cuyo propósito es que se elimine la prohibición de la pesca industrial de la Reserva Nacional de Paracas. En primera instancia, el Poder Judicial ha rechazado la pretensión del poderoso gremio pesquero.

Fuente. Diario Correo

Postura. Pobladores exhortan al Ejecutivo a visitar el valle de Tambo para comprobar la ilegitimidad social del proyecto minero.

En los últimos años, tres Gobiernos distintos intentaron sacar adelante Tía María y fracasaron. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, asegura que esta vez existe una mayor aceptación hacia este proyecto minero, “pese a la oposición de un grupo reducido e ideologizado”.

Sus recientes declaraciones provocaron la respuesta de los agricultores y dirigentes del valle de Tambo, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa. Durante una conferencia de prensa en el Congreso, ellos emplazaron a los representantes del Gobierno a que visiten la zona para constatar la oposición de la población a este proyecto.

“Tanto el Estado, a través del señor Rómulo Mucho, como también la minera Southern han implementado una estrategia de mentiras sobre el proyecto Tía María cuando no tiene licencia social”, sostuvo Miguel Meza, vocero del valle de Tambo.

Asimismo, recordó que en campaña Dina Boluarte firmó el compromiso de cancelar el proyecto Tía María y el retiro inmediato de Southern. Por ello, exigió al Gobierno que respete este compromiso y “entienda que el valle de Tambo no quiere la minería”. En caso de incumplir con el compromiso de desestimar Tía María, Meza anunció que realizarían un paro indefinido.

Además, el dirigente Marcial Álvarez enfatizó que este proyecto minero se ubica a 800 metros del valle de Tambo y hasta la actualidad el conflicto social ha tenido un saldo de 8 personas fallecidas, 2 ciudadanos encarcelados y varios perseguidos por la justicia.

Fuentes: La Republica

Infobae Perú conversó con tres especialistas, quienes advirtieron que las pruebas presentadas por la esposa y madre de los hijos del futbolista podrían llevar al deportista a enfrentar una sentencia acumulada si se confirman los cargos

Un tema que viene generando gran controversia es la denuncia de Pamela López contra Christian Cueva por violencia física y psicológica. López señala que este año sufrió dos episodios de agresión, aunque estos no serían los primeros. La relación entre los aún esposos Cueva López habría estado marcada por un historial de violencia que se extendió durante “muchos años”. Además, afirmó que su hija mayor también habría sido víctima de agresiones. Ante esta situación, surge la pregunta sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar el deportista.

Ana Jara, abogada y exministra de la Mujer, aseguró en diálogo con Infobae Perú que si la defensa de López logra presentar un argumento sólido, el caso podría derivar en un “concurso real de delitos”. Esto se refiere a la concurrencia de varios delitos cometidos en tiempos diferentes, lo que en su conjunto podría agravar la situación legal de Cueva.

La abogada detalló que los episodios de violencia reportados por Pamela López incluyen agresiones físicas severas, que podrían ser clasificadas como “lesiones graves”. Este tipo de lesiones, cuando se producen en un contexto de violencia familiar, son castigadas con penas más severas en comparación con otros contextos. Según la ley peruana, implica un aumento en la gravedad de las penas, lo que podría llevar a una condena de entre dos y cinco años de prisión por cada delito, dependiendo de la naturaleza de las lesiones.

Fuente: Infobae