La sublevación se produce en un momento tenso para el país gobernado por Luis Arce, quien está actualmente en una disputa con su mentor, Evo Morales, por el control de su partido y en torno a quién será su candidato en las elecciones de 2025
Un general de alto rango declaró que estaba liderando un esfuerzo para “reestructurar la democracia”, pero él y sus aliados en las fuerzas armadas se retiraron tras intentar irrumpir en el Palacio Presidencial.
El miércoles, tras intentar irrumpir en el palacio presidencial de Bolivia, miembros del Ejército del país, dirigidos por un general de alto rango, se retiraron rápidamente en un aparente intento fallido de golpe de Estado.
Un video transmitido en la televisión boliviana mostró a las fuerzas de seguridad con equipamiento antidisturbios ocupando la plaza principal de la capital administrativa, La Paz, un tanque camuflado embistiendo una puerta del palacio y soldados tratando de abrirse paso hacia el palacio.
Acto seguido, tan pronto como aparecieron, el general, Juan José Zúñiga desapareció, y sus partidarios de las fuerzas armadas se retiraron y fueron sustituidos por policías que apoyaban al presidente democráticamente electo del país, Luis Arce.
Arce se aventuró a salir a la plaza, tras llamar al pueblo boliviano a que “se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia.”
En total, el intento de incursión vespertina al palacio duró solo tres horas. A medida que pasaban las horas, se hizo evidente que el plan de Zúñiga tenía poco apoyo y más tarde fue detenido.
La denuncia planteada por Aprodeh y FIDH contra la jefa de Estado la acusa de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el último miércoles 26 que el Gobierno enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional (CPI). La demanda fue presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), acusándola de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
«Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita», declaró en conferencia de prensa
Un testigo protegido que ahora declara ante el Ministerio Público por el caso contra el congresista acciopopulista reveló que Espinoza ordenó buscar un técnico de computadoras para que “infecte la máquina con virus”
La Fiscalía de la Nación ha consignado entre su material probatorio por la investigación que se sigue en su contra en el marco del caso en el que se le acusa de haber usado a sus trabajadores para impulsar su partido; los intentos del congresista acciopopulista Darwin Espinoza por borrar evidencia de las computadoras de su despacho. Como se sabe, el legislador enfrenta serias acusaciones de presunto peculado y uso irregular de recursos del Congreso; y en el transcurso de los últimos días un testigo protegido ha decidido responder ante el Ministerio Público, develando una serie de acciones que podrían revelar intentos de obstrucción al desarrollo de las investigaciones.
Este proceso de investigación comenzó el 15 de abril tras la publicación de un reportaje en el programa dominical Punto Final, que sacó a la luz posibles irregularidades en la gestión de Espinoza; y como resultado, se dispuso la intervención de espacios del Congreso bajo la jurisdicción del legislador. No obstante, imprecisiones en la resolución generaron que las diligencias se retrasaran.
Ahora, un testigo protegido a cuyas declaraciones el medio El Comercio tuvo acceso, ha resultado ser una pieza clave en el desarrollo de la investigación, pues, según su testimonio, el congresista habría ordenado a sus empleados borrar información comprometedora de sus computadoras. Según las declaraciones de este testigo, dos empleados de su despacho buscaron la ayuda de un técnico en la conocida zona comercial de Wilson, en el centro de Lima, para infectar los equipos con virus que impidieran la identificación de archivos.
Encuesta de Ipsos revela que la propuesta que plantea una nueva amnistía para sentenciados e investigados por crímenes de lesa humanidad no es del agrado de la mayoría de la ciudadanía, aun así, norma puede ser votada en la Comisión Permanente con prioridad
El Congreso de la República, poder del Estado que debe ejercer la representación de los peruanos y velar por sus intereses, mantiene en la agenda de la Comisión Permanente una norma que genera desacuerdo en la percepción de la mayoría de la ciudadanía. Se trata de una nueva ley que plantea la prescripción de los crímenes de lesa humanidad desde antes del 2002; que ha sido concebida como una nueva norma de Amnistía; y sobre la que una encuesta de Ipsos consultó a la ciudadanía.
Según el sondeo realizado por la encuestadora para el diario Perú 21, el 71% de los peruanos rechaza la ley que el Legislativo aprobó en primera votación apenas a unas semanas del cierre de legislatura y que, según lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, daría paso a la impunidad y pondría al Perú en desacato ante las disposiciones de la Corte. Y si bien esta norma ya ha sido aprobada en primera votación, solo se puede hacer posible mediante una segunda votación que queda pendiente en el pleno o en la Comisión Permanente, que da inicio esta semana y tiene facultades legislativas.
Implicaciones de la nueva Ley de Amnistía que se busca aprobar
Marcela Huaita, Ana María Romero-Lozada y Gloria Montenegro coincidieron en calificar de “retroceso” la decisión del Parlamento que afecta la participación de las mujeres en política. Criticaron también la falta de decisión de la presidenta Dina Boluarte por no observar la norma.
Huaita Alegre, quien se desempeñó como titular de la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, criticó así la eliminación de la paridad horizontal [tener de manera obligatoria a por lo menos una mujer como candidata para un puesto regional en sus elecciones internas] para las siguientes Elecciones Regionales y Municipales 2026 y la alternancia de género en las planchas presidenciales para las Elecciones Generales 2026.
Lamentó que los derechos políticos de las peruanas se vean amenazados y estén retrocediendo. Como informó el Poder en tus Manos, el 10 de mayo último el Parlamento en su sesión plenaria aprobó el dictamen denominado “Ley que dispone medidas para la optimización del proceso electoral”.
En esa norma se aprobó, entre varias modificaciones, permitir que los actuales congresistas puedan postular a elecciones apenas culminen su mandato, algo que estaba prohibido por ley, agregando que esto es ahora posible «siempre y cuando el último año de su gestión parlamentaria coincida con un año electoral». Esto sucederá, coincidentemente, en 2026.
Asegura que no está empeñado un una campaña contra el grupo policial. Juan José Santiváñez exhorta a la Contraloría auditar a la Diviac; al Congreso y Fiscalía investigar posibles “operaciones sospechosas” de carácter político.
Asegura que no está empeñado un una campaña contra el grupo policial. Juan José Santiváñez exhorta a la Contraloría auditar a la Diviac; al Congreso y Fiscalía investigar posibles “operaciones sospechosas” de carácter político.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reiteró que no existe una campaña suya en contra de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una unidad de la Policía Nacional.
Su versión es que “no existe una campaña por desprestigiar a la Diviac sino una campaña por llegar a la verdad”.
Se refiere a conocer el destino de los S/72 millones que recibió ese órgano policial en los últimos años, de los que “no ha rendido cuentas”, asegura.
También deslizó posibles “operaciones sospechosas” por investigar.
Según observadores, resulta extraño, inusual, ver a un miembro del Ejecutivo confrontando a una unidad policial de su propio sector.
Santiváñez ha exhortado a la Contraloría a auditar los gastos de la Diviac, al Ministerio Público abrir una investigación, y al Congreso a crear una comisión especial de revisión de fondos. “Lo que nosotros estamos refiriendo es que la Diviac tiene que ser auditada. Los fondos tienen que revisarse” agrego.
China aseguró este lunes que está «dispuesta a profundizar» su «cooperación práctica» con Perú, en la víspera de la visita oficial que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, realizará al país asiático, el principal socio comercial de su nación.
La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que el viaje de la mandataria peruana, el primero de Estado que realiza a China, se produce en un momento en que las relaciones entre ambos países «disfrutan de una estabilidad y progreso constantes, reflejadas en la colaboración en diversos sectores».
Mao aseveró que Perú es un «país clave en América Latina» con el que China mantiene una asociación estratégica integral.
La portavoz agregó que Boluarte se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, y con otras autoridades como el primer ministro y jefe del Ejecutivo, Li Qiang, y el presidente del Legislativo, Zhao Leji.
Estos encuentros tendrán como objetivo «reforzar la confianza política mutua y profundizar la cooperación práctica en todas las áreas», para «impulsar los resultados positivos de la asociación estratégica integral para el bienestar de los pueblos de ambas naciones», indicó Mao.
Boluarte, que llegará este martes a China, visitará las ciudades de Shenzhen (sureste), Shanghái (este) y Pekín, y asistirá a reuniones con autoridades y empresarios.
La acompañan los ministros de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea; Economía y Finanzas, José Arista; Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar; Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes; y Salud, César Vázquez.
La Presidencia peruana destacó que China mantiene con Perú «antiguos lazos de amistad y cooperación, un alto nivel de relación político-diplomática y económico-comercial», lo que «se ha plasmado en una Asociación Estratégica Integral y en un Tratado de Libre Comercio que está en vías de actualización».
«La visita de Estado de la presidenta Dina Boluarte permitirá ampliar y fortalecer estos vínculos con China, primer socio comercial del Perú y uno de los mayores inversionistas del país», remarcó en un comunicado.
El director de la Región Policial de La Libertad, general PNP José Zavala Chumbiauca, cree que las empresas de telefonía que operan en el país podrían intervenir para frenar a las organizaciones criminales vinculadas a la extorsión. Sin embargo, durante un foro realizado en la provincia de Virú, reveló que un congresista liberteño le dijo que mejor evitara “chocar” contra estas empresas.
El oficial evitó revelar la identidad del parlamentario; pero lamentó su respuesta, teniendo en cuenta que la iniciativa que le planteó podría ser un apoyo importante para reducir el indicador de extorsiones en la región. “Tuve una entrevista con un congresista en mi oficina. Él vino y me preguntó por mi estrategia para solucionar el tema de la inseguridad ciudadana y cuando le planteé esto, me dijo ‘cómo vas a chocar con la telefónica, con Claro y con las demás operadoras’. Entonces, ese es el problema”, sostuvo.
La reunión a la que hace referencia el general Zavala se desarrolló en su oficina ubicada en el jirón Diego de Almagro, en el centro de Trujillo. En ese sentido, también admitió que el plan de acción de la Policía se ve limitado.
“Nosotros no podemos llegar a hacer la geolocalización de estos teléfonos, toda vez que tendríamos que seguir todo un procedimiento oficial para que ubiquen estos teléfonos desde donde se realiza la extorsión. Sin embargo, las empresas operadoras sí podrían anular los equipos y las líneas, esa sería una gran medida que bajaría los índices de extorsión y robo”, sostuvo.
El regidor del distrito de El Tambo, Luis Ricardo López Bastidas, denunciado por tocamientos indebidos y proposiciones sexuales en agravio de una menor de 13 años, fue puesto en libertad bajo comparecencia el pasado 31 de mayo y retomará sus actividades en la comuna tambina este viernes 21, así lo confirmó su abogado Frank Balvin Arteaga. Este hecho ha desatado diversas reacciones en los regidores de la municipalidad distrital.
Mediante una entrevista en un programa informativo local, el abogado del regidor Luis Ricardo López, explicó que su patrocinado pasará el proceso judicial en libertad debido que revisaron las cámaras de seguridad de la municipalidad del día 6 de abril, en el que habría ocurrido los tocamientos indebidos, y no se observó en imágenes al regidor, ni su vehículo ni la menor, desestimando el contacto con la menor interpuesta en la denuncia.
Es así que su abogado Frank Balvin Arteaga confirmó que el regidor Luis Ricardo, retomará sus labores en la Municipalidad Distrital de El Tambo, este viernes 21. La ley que aplicaron para sus suspensión fue la 27697, señala que “concluido el mandato de detención, el alcalde o regidor reasume sus funciones en forma automática”.
Congresista afirma que el candidato presidencial “será una gran variable” cuando decida a qué partido afiliarse. Calificó la candidatura de Julio Guzmán como una “experiencia amarga”
En ese sentido, negó que Fuerza Popular lo haya invitado a sumarse a las filas y precisó que las agrupaciones que lo han buscado son Avanza País y Renovación Popular.
El congresista Edward Málaga dijo que aún está indeciso a qué partido se irá para continuar en la política peruana. Video: Willax “Estamos conversando, no quisiera adelantar todavía porque eso entorpece las cosas, pero, obviamente, los criterios que yo busco para tomar mi decisión son: dónde tengo espacio para crecer, para hacer propuestas, para llenar algunos vacíos de definición ideológica, y quien sea el candidato presidencial”, agregó. Edward Málaga consideró que el candidato presidencial “será una gran variable” al momento de decidir el partido al que se inscribiría. Ello, afirma, debido a la “experiencia amarga” que significó la candidatura presidencial de Julio Guzmán, quien obtuvo el 2% de los votos en las Elecciones Generales 2021.
“Mira lo que me pasó yendo de invitado con los morados con un candidato que nos jaló hacia abajo. (…) No puedes ir en un carro cuyo caballo te va a terminar tirando al precipicio porque esa es la razón por la que entramos solo tres. No quiero que eso me vuelva a pasar, obviamente. Por eso mucho cuidado con el tema del candidato presidencial y cuál es el arrastre que va a tener”, sentenció.
Rechazo empresarial El Congreso de la República y el gobierno de Dina Boluarte enfrentan un masivo rechazo entre los principales ejecutivos de Perú, según revela la XX Encuesta de Gerentes Generales realizada por Ipsos Perú para Semana Económica. Solo el 1% de los CEO aprueba la gestión del Parlamento, mientras que el 97% la desaprueba. Asimismo, la percepción empresarial sobre la gestión de Boluarte ha caído drásticamente: su aprobación pasó del 71% en 2023 al 12% en 2024.
En un panorama de incertidumbre, el 53% de los gerentes generales prevé un ambiente de negocios similar al de 2023, mientras que el 13% anticipa un deterioro. Entre los principales riesgos mencionados están el aumento de la inseguridad (34%), la reactivación de conflictos sociales (31%) y la inestabilidad del sistema democrático (24%).
La desconfianza de los principales ejecutivos hacia el gobierno actual se debe a la incapacidad del Ejecutivo para promover inversiones y destrabar proyectos en ministerios clave como el de Economía, Energía y Minas y el de Ambiente. Además, el deterioro institucional y las crisis en organismos han aumentado el descontento.
Marco Antonio Zaldívar, director independiente de empresas, señaló a Semana Económica: “Cualquiera que fuera diferente al expresidente Castillo era valorado”, pero los casos de corrupción en el gobierno actual contribuyeron al desencanto. Empresas como Compañía de Minas Buenaventura están tomando decisiones de inversión con mayor cautela debido a la incertidumbre.
El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, reconoció problemas de comunicación e imagen del gobierno y confía en revertir la tendencia negativa. Destacó una recuperación económica del 5,3% en abril respecto al año anterior, esperando que esto impulse la confianza empresarial. No obstante, recientes denuncias de falta de transparencia y allanamientos han impactado negativamente la imagen presidencial.
La desaprobación de Boluarte es especialmente alta en el sur del país, donde solo cuenta con un 3% de apoyo. Comparativamente, su índice de desaprobación supera al de exmandatarios como Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
