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Categoría: Política

  • Ni una sola palabra: Dina Boluarte evita responder sobre problemática de violencia sexual en comunidades awajún y wampís

    La mandataria no se pronunció sobre las violaciones a menores en las comunidades indígenas, generando críticas al delegar el tema al ministro de Educación, Morgan Quero, quien calificó los abusos como “prácticas culturales”

    La presidenta Dina Boluarte ha dado la espalda a los pueblos indígenas en un acto polémico. Esta noche, la mandataria reapareció ante los medios de comunicación tras un prolongado silencio de más de tres meses, generando nuevas críticas por su silencio frente al abuso infantil.

    Esto después que —sin decir una palabra— cediera el micrófono al ministro de Educación, Morgan Quero, para que respondiera a las graves acusaciones sobre más de 500 violaciones a menores awajún y wampís, en la región Amazonas.

    El titular de la cuestionada cartera, quien calificó en su momento estos abusos como “prácticas culturales”, indicó que desde que se conoció la denuncia pública el pasado 26 de mayo, se han adoptado varias medidas contra los presuntos responsables de estos actos.

    ¿Qué dijo el ministro de Educación?

    Como parte de las medidas adoptadas para hacer frente a esta problemática en los territorios indígenas, Quero detalló que 121 docentes han sido destituidos en Amazonas, y que recientemente se han separado a otros nueve en las regiones de Loreto y San Martín.

    Además, informó que se han transferido 4.2 millones de soles al Gobierno Regional de Amazonas, y de esta cantidad, 1.2 millones están destinados a la unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Condorcanqui para mejorar sus residencias estudiantiles, donde ya se han puesto en marcha 16 redes de protección comunal para salvaguardar a los niños y niñas en al menos 18 residencias.

    Fuente: Infobae

  • “Ya existe la prueba de que la señora Fujimori tiene conocimiento de que ese dinero es ilícito”

    El fiscal José Domingo Pérez afirma que si no ocurre nada raro durante el juicio oral que empezó el lunes primero de julio, habrá una condena en contra de los acusados. 

    El lunes primero empezó el juicio oral por el “Caso Cócteles” contra Keiko Fujimori y otros. El fiscal, José Domingo Pérez, estuvo a cargo del alegato inicial. En la siguiente entrevista, responde a varias de las interrogantes que quedaron flotando luego de su presentación.

    ¿Cómo afectará a su desempeño como fiscal en el juicio que acaba de iniciar la revocación por mandato judicial de la colaboración eficaz de Jorge Barata? Entiendo, luego de escuchar al doctor Rafael Vela, que piensan usar las declaraciones ofrecidas en Brasil. ¿Es correcto?

    La revocatoria de los beneficios de Jorge Barata fue a solicitud mía como fiscal de la colaboración por el incumplimiento a presentarse en el juicio oral contra Ollanta Humala y otros, en el juzgamiento que debe concluir este año. Hay que tener presente que Barata cambia de defensa días antes, pone en su representación al abogado César Nakasaki y modifica su posición con relación a colaborar con la justicia.

    Fuente: La Republica

  • ¿Qué sanciones podría recibir el Estado peruano tras la aprobación de la Ley de Amnistía?

    La aprobación de la polémica Ley de Amnistía en el Congreso peruano ha generado controversia a nivel nacional e internacional. Politólogos advierten que estas medidas podrían afectar la economía y las relaciones diplomáticas del país.

    Con 15 votos a favor y 12 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la polémica Ley de Amnistía que dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A pesar de que esta norma estaría yendo contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siete partidos políticos del Congreso dieron luz verde para que la ley fuera aprobada en segunda votación.

    Ahora, el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá promulgar o restituir la Ley de Amnistía al Parlamento, donde se podría promulgar por insistencia, sin contemplar los daños diplomáticos y de relaciones comerciales que sufriría el Perú con el resto del mundo. La República conversó con dos politólogos para que nos brinden más detalles al respecto

    ¿Qué sanciones podría recibir el Estado peruano tras la aprobación de la Ley de Amnistía?

    El politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, indicó que cuando un país se adhiere a una convención internacional lo hace «de buena fe», por lo que una sanción económica o militar no existiría, pero sí habría implicaciones políticas

    «Perú ha sido un incumplidor crónico de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría generar implicaciones políticas muy serias para el Estado. La primera es que nos van a colocar en el rubro de países que desacatan las convenciones internacionales. Nos pondrán al nivel de Nicaragua, Venezuela», explica.

    Lo segundo es que, al aprobar esta ley, no solo se está chocando con la CIDH, sino también con el sistema universal de las Naciones Unidas, lo que podría ocasionar una repercusión mayor, ocasionando dificultad en el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

    Fuente: La Republica

  • Transparencia en riesgo por omisión del Gobierno Regional de Junín

    El Gobierno Regional de Junín enfrenta cuestionamientos por no actualizar correctamente su Portal de Transparencia Estándar (PTE) desde junio del 2023. La omisión es particularmente notable en las secciones de viáticos y pasajes, las cuales no han sido actualizadas. La falta de actualización no solo afecta la información sobre viáticos y pasajes, sino también otros aspectos como datos del personal y la contratación de bienes y servicios. Este incumplimiento vulnera el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública.

    El PTE es una herramienta crucial para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Facilita el acceso a datos sobre el uso de recursos públicos y la gestión institucional, incrementando así los niveles de transparencia y confianza en las entidades públicas. La información publicada en el PTE tiene carácter y valor oficial, por lo que cada entidad pública es responsable de su registro y actualización.

    La consejera Kelly Flores ha sido una voz crítica sobre este tema. “Advertí que se había incumplido la Ley de Transparencia y eso se ha trasladado a la Contraloría, generando un acuerdo regional”, señaló Flores. “Si un gobierno regional no informa, es corrupción, pues se está ocultando información. Este es el cuestionamiento. A pesar de la existencia de un acuerdo, como muchos de los acuerdos, porque somos una de las regiones con mayor productividad en términos de acuerdos, pero no terminan implementándose en el ejecutivo.”

    Los funcionarios y servidores públicos que no cumplan con las normativas del PTE pueden ser sancionados por la comisión de una falta e incluso ser denunciados penalmente. Kelly Flores insiste en la necesidad de acciones más firmes. “Lo que corresponde ahora es denuncias por omisión de funciones y debemos saber en qué va la intervención de la Contraloría”, añadió.

    La actualización del PTE es vital para asegurar la transparencia y evitar actos de corrupción dentro del gobierno regional. Con la intervención de la Contraloría y el impulso de consejeros como Kelly Flores, se espera que se tomen las medidas necesarias para corregir estas omisiones y garantizar un manejo transparente de la información pública en Junín.

    Fuente: Diario Correo

  • Revelan chat inédito de Alberto Otárola: acusó a Dina Boluarte de calumnia, denunció reglaje y lanzó advertencia tras el Rolexgate

    Un mensaje enviado a Nicanor Boluarte muestra al expremier solicitando una reunión con la presidenta, señalando amenazas a su seguridad y anunciando posibles acciones judiciales por el caso de los relojes de lujo

    El exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, se comunicó a inicios de mayo con el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, para solicitar una reunión con la jefa de Estado, ya que había sido informado de que el Ejecutivo lo culpaba de la filtración del llamado ‘Rolexgate’.

    Según el chat expuesto este domingo por Cuarto Poder, el expremier confirmó que la mandataria había difundido la versión de que él filtró a la prensa la colección de relojes de lujo, incluidos tres Rolex, que le había entregado el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

    La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, había insinuado semanas atrás que Otárola divulgó el caso a la prensa en “venganza” por ser retirado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), unas declaraciones que él rechazó de inmediato.

    “Dina está absolutamente equivocada cuando sostiene que yo habría filtrado esa información a la prensa. Esa es, lo saben ustedes, una mentira absoluta. Y la trataría de esa manera si no viera amenazada mi seguridad y la de mi familia, puesto que también me han informado estas personas probas que se habría dispuesto un seguimiento ilegal y un hostigamiento contra mi persona”, continuó.

    De acuerdo con el texto, Otárola advirtió que, si la “calumnia” proseguía, accionaría judicialmente y se defendería de manera pública. “Situación que te rogaría evitar. Yo no busco ningún puesto, estoy tranquilo en mi casa y con mis actividades privadas, pero me sé defender […] Apelo a mi lealtad a la presidenta y a los 440 días entregados al país”, zanjó.

    “Este chat expone que el problema entre Otárola y el gobierno no se había resuelto. Lo que más resalta es que Otárola no recurre a un ministro, como el del Interior, o directamente a la presidenta, sino Nicanor Boluarte, y eso es interesante porque lo que plantea la fiscalía es que Nicanor tiene tanto poder y, gracias a ese poder, construyó su partido político y otros intereses políticos”, señaló el periodista Eduardo Quispe.

    La Fiscalía presentó a fines de mayo una denuncia constitucional contra la presidenta por presunto cohecho pasivo impropio relacionado con el caso ‘Rolexgate’. La acusación, dirigida al Congreso, acusa a Boluarte de recibir tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera con brillantes del gobernador ayacuchano, a cambio de favores políticos.

    Esta denuncia sienta un precedente, ya que anteriormente se utilizó esta figura contra el expresidente Castillo, lo que inició un debate jurídico sobre los alcances del artículo 117 de la Constitución peruana.

    Fuente: Infobae

  • Corte Suprema evaluará este viernes si ordena impedimento de salida del país contra Patricia Benavides

    La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará este viernes 5 de julio si ordena el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por presunta organización criminal.

    En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el tribunal supremo analizará el recurso de apelación que presentó la fiscal suprema Delia Espinoza para revocar la resolución que emitió el juez Supremo Juan Carlos Checkley el último 8 de mayo en la que declaró infundado el pedido que hizo para que Patricia Benavides no salga del país por tres años a fin de asegurar su permanencia en las diligencias que realiza su despacho relacionadas a este caso.

    a sala presidida por el juez Supremo César San Martín también escuchará ese día los argumentos de la defensa legal de la doctora Patricia Benavides para que se rechace esta apelación fiscal y se confirme la resolución que emitió el magistrado Checkley Soria respecto a este asunto.

    Esta audiencia virtual no se pudo llevar a cabo el último miércoles 12 de junio debido a que el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza presentó nuevos elementos de convicción respecto a su pedido de impedimento de salida del país por lo que el colegiado supremo determinó que esta documentación sea puesta en conocimiento de los abogados de la doctora Patricia Benavides para que puedan preparar su defensa.

    El 23 de abril último, la fiscal suprema Delia Espinoza solicitó que se ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por un peligro procesal por su probable pertenencia a una organización criminal que habría encabezado en el Ministerio Público según las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva y otros elementos.

    No obstante, el último 8 de mayo este pedido fiscal fue declarado infundado por el juez supremo Juan Carlos Checkley al determinar que este caso no supera el test de proporcionalidad en cuanto a la necesidad de la medida solicitada y en atención a la insuficiencia de elementos de convicción que sustentan el requerimiento fiscal y la conducta procesal adecuada presentada por la investigada y su defensa.

    Fuente: RPP

  • Congreso legisla a favor de organizaciones criminales: aprueban cambios que excluye más de 50 delitos

    Comisión Permanente votó a favor del proyecto que plantea modificaciones peligrosas en la definición de organización criminal, y que establece la presencia obligatoria de un abogado durante los allanamientos

    La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este jueves 4 de julio el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 5981, que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. La decisión tomada en segunda votación resultó con 12 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones.

    La nueva normativa establece el siguiente cambio: “Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.

    El peligro de ello es que fija criterios más altos para calificar el delito de organización criminal y podría obstaculizar las investigaciones. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y actual director ejecutivo de la organización CHS Alternativo, advirtió que la nueva definición de crimen organizado implicará que solo se consideren delitos graves aquellos con penas superiores a seis años de cárcel.

    Asimismo, crímenes graves como tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilegal de datos personales también quedarían fuera del alcance de la ley revisada. Esto excluye de esa categoría delitos como estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo, soborno internacional pasivo, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito básico, entre otros.

    La reducción en la cantidad de delitos procesados bajo las estrictas normas actuales debilitaría la lucha contra el crimen organizado, según advirtieron estas instituciones. Valdés afirmó que el Congreso está legislando a favor de la criminalidad. “La ley consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora —que han subido la valla— están dejando fuera 59 delitos”, indicó.

    La propuesta legislativa además, limita las facultades del Ministerio Público para solicitar el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con ingresos pensionarios y activos de partidos políticos. También los fiscales perderían la capacidad de extender la detención preliminar de 3 a 10 días, como lo permite la legislación penal actual.

    Fuente: Infobae

  • Gobierno enviará comunicado a Corte IDH para rechazar orden que dieron contra proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad

    El premier Gustavo Adrianzén aseguró que el gobierno de Dina Boluarte hará llegar un comunicado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para expresarles que rechazan la orden que dieron contra el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad.

    Como es conocido, esta iniciativa legislativa busca que no se procesen a ciudadanos por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno en el que fallecieron 69.000 personas.

    Por esto, el pasado 13 de junio, la Corte IDH había ordenado a Perú detener el proceso del proyecto hasta que se emita una resolución al respecto. Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que esta iniciativa podría perjudicar el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente en los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

    A pesar de este mandato, este jueves 4 de julio, la Comisión Permanente del Congreso finalmente aprobó la ley, en segunda votación. Esto llevó a que la Corte IDH vuelva a pronunciarse sobre el tema. Esta vez ordenaron que el dictamen quede sin efecto.

    Fuente: Infobae

  • Fiscal Pérez y acusados deberán reducir número de testigos en el juicio del caso Cócteles

    El alto número de pruebas y testigos presentados por el fiscal José Domingo Pérez podrían generar más de siete años de audiencias continuadas. Los jueces quieren realizar el juzgamiento en un plazo razonable de dos a tres años. Para esto se buscará reducir la abundancia probatoria. A las pruebas del fiscal deben sumarse la de los abogados defensores.

    Los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado: Juana Mercedes Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias quieren desarrollar el juicio del caso Cócteles, contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, en un plazo razonable. Para esto, pedirán a la fiscalía, la procuraduría y la fiscalía que reduzcan el número de testigos y medios de prueba que se evaluarán en el juicio, a fin de no convertirlo en un proceso interminable.

    En este contexto, establecerán que se debe precisar qué hechos quieren probar con cada testigo o prueba documental presentada y límiten su número a los estrictamente necesarios.

    El problema principal es la fiscalía, que ha presentado más de 5,000 pruebas, entre las cuales hay, 1,031 testigos en bloque, es decir probarían cada uno de los hechos delictivos mencionados en la acusación, para a cada uno de los 33 acusados principales.

    Un problema de los testigos en bloque, visto en el juicio al expresidente Ollanta Humala, es que cada testigo puede ser interrogado por todos los abogados, así su cliente no haya sido mencionado.

    Si en promedio cada testigo declara por una hora y se puede interrogar seis testigos en cada audiencia, se necesitan 250 audiencias, solo para los testimonios de la fiscalía.

    Fuente: La Republica

  • Vladimir Cerrón no se entregará pese a prescripción del caso “Aeródromo Wanka”

    A partir de hoy, el delito de colusión en el denominado ‘Caso Aeródromo Wanka’ prescribiría para Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, lo que permitiría su presentación libre ante las autoridades. Sin embargo, Cerrón ha declarado que no se presentará y esperará el pronunciamiento de la Corte Suprema. “Si la Corte Suprema admite mi casación, automáticamente se convalida la prescripción como debe ser, pero eso depende de su evaluación”, afirmó.

    Cerrón sostuvo: “El delito de colusión simple es instantáneo, no continuado ni permanente. Basta el acuerdo colusorio o la sola concertación, y eso se habría dado el 26 de julio de 2013. La prescripción operó el 26 de julio de 2023, por eso declaran prescrito a la extraneus. No puede haber dos fechas. Fui sentenciado en un caso prescrito por orden política”.

    Este desarrollo marca un giro significativo en el caso que ha mantenido a Cerrón en el centro de la controversia política y judicial en Perú. La expectativa ahora recae en la Corte Suprema y su decisión sobre la casación presentada por Cerrón.

    Fuente: Diario Correo