Categoría: Política

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado a Dina Boluarte que se garantice justicia para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, luego de que el Congreso promulgara ley que hace que prescriban casos de lesa humanidad.

El premier Gustavo Adrianzén respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que a través de una carta exigió al gobierno de Dina Boluarte que garantice justicia para las víctimas de la masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Como se sabe, la comunicación entre las entidades peruanas y la Corte IDH inicia porque se ordenó al Estado peruano que no se otorgue vigencia a la norma aprobada en el Congreso, que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

A raíz de este comunicado de la Corte IDH, tanto Alejandro Soto, expresidente de la Mesa Directiva del Congreso, como la jefa de Estado, enviaron una carta para rechazar el pedido.

“Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería, más bien, constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”, contestaron Boluarte y Soto.

Ahora, Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, explicó a Dina Boluarte que el Estado Peruano, al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe cumplir las decisiones de la Corte IDH.

En conferencia de prensa, se consultó al primer ministro cuál es la posición del Poder Ejecutivo sobre al contenido de esta misiva.

Adrianzén contó que decidieron no observar la mencionada norma, aprobada por el Congreso, después de haber tenido un debate “muy intenso”.

“No lo ha promulgado la señora presidenta y de acuerdo con el reglamento, el artículo 80, el reglamento del Congreso, le corresponde ahora al Congreso de la República promulgar. Presumo yo que en los días próximos se produzca aquello”, detalló.

Negó que la ley aprobada por el Parlamento cause la inmediata prescripción de delitos de lesa humanidad.

También mencionó que el Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad entraron en vigencia en 2002 y en 2003, respectivamente.

“Sin prejuicio de lo anterior, yo no quiero dejar de mencionar que en el supuesto de que no se publicara la ley subsistiría el problema de la implementación del derecho internacional penal en el Perú. A la fecha no existe el delito de lesa humanidad ni tampoco el de crímenes de guerra (en el Perú)”, comentó.

Luego, indicó que el Poder Ejecutivo evaluará la aplicación de la mencionada ley cuando el Congreso la promulgue.

“Escuché también al presidente del Poder Judicial manifestar algo que es absolutamente cierto. Nosotros tenemos el control difuso que lo practica cada uno de los jueces. Si algún juez encontrara que esta ley no es acorde con la Constitución, simplemente no la aplicará para el caso concreto y demás”, opinó.

Fuente: Infobae

Las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki están referidas a las órdenes que recibió de Keiko Fujimori para recaudar clandestinamente dinero en efectivo, organizar ejércitos de “pitufos” para “lavar” dichos fondos y participar en operaciones de encubrimiento y así obstruir la acción de la justicia.

La primera vez que la fiscalía citó a Jorge Yoshiyama Sasaki para interrogarlo sobre el “Caso Cócteles”, el 25 de julio de 2016, este lo negó todo,  como le habían instruido su tío, Jaime Yoshiyama Tanaka, y su cercana amiga, la excandidata presidencial Keiko Fujimori. La lealtad a la cúpula fujimorista, sin embargo, no duró mucho tiempo. Cuando se expidió una orden de detención en su contra, se sintió traicionado. Se suponía que eso nunca iba a pasar porque, a  cambio de su silencio, sería protegido. Pero eso no sucedió. Como más tarde diría a las autoridades, comprendió que había sido utilizado para encubrir a Keiko Fujimori.

Así que por propia voluntad , el 10 de octubre de 2018, Jorge Yoshiyama Sasaki se presentó ante la fiscalía y en siete ocasiones confesó detalladamente los papeles trascendentales que cumplió en secreto bajo instrucciones directas de la jefa de Fuerza Popular en las campañas presidenciales de 2011 y 2016: la recolección clandestina de dinero en efectivo, el reclutamiento de los falsos aportantes para lavar el dinero y las operaciones de encubrimiento con el propósito expreso de quebrar la investigación contra Keiko Fujimori. A Jorge Yoshiyama no le contaron los hechos que relató. Fue testigo directo, privilegiado, excepcional, porque era un allegado íntimo a la cúpula fujimorista.

Jorge Yoshiyama Sasaki ha confirmado que se presentará a las audiencias judiciales cuando sea requerido para ratificar sus confesiones ante la fiscalía. La República tuvo acceso a las 7 manifestaciones de Yoshiyama que incriminan seriamente a Keiko Fujimori.

Fuente: La Republica

Regidores locales como Karen Pucuhuaranga protestaron contra el gobernador regional Zósimo Cárdenas por desarrollar un programa ajeno a la ciudadanía, desviando la atención de un desfile previamente coordinado con instituciones educativas locales.

La ceremonia por los doscientos años de la histórica Batalla de Junín, realizada este último marte 6 de agosto, tuvo una participación limitada. La actividad oficial contó únicamente con la presencia de autoridades nacionales y regionales, junto con un pequeño grupo identificado como la portátil del gobernador regional. La ciudadanía en general no participó en el evento.

Hubo al menos tres cordones policiales que impidieron el acceso multitudinario de la ciudadanía que, como cada año, se había dirigido hacia el santuario. La expectativa en esta ocasión fue mayor, dada la trascendencia histórica por los doscientos años de la gesta. Karen Pucuhuaranga, regidora de la provincia de Junín, protestó contra el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, un personaje afín a Dina Boluarte, por desarrollar un programa ajeno a la ciudadanía.

“Repudiamos todo el actuar del gobernador regional (Zósimo Cárdenas)”, comentó a los medios locales. Según detalló, se había coordinado un desfile con la participación de las instituciones educativas locales, pero todo cambió con la programación en pararelo que estuvo a cargo de la autoridad regional. David Córdova, otro regidor de la comuna local, adelantó que el tema será abordado en el siguiente concejo edil y no descartaron declarar persona no grata al gobernador.

Fuente: La Republica

La congresista Silvana Robles calificó como acertada la decisión tomada por la presidenta Dina Boluarte, al no asistir al Bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. “Sería una ofensa venir donde prácticamente le dijeron que no la quieren”, declaró a los medios de comunicación.

Como se sabe la población de la provincia de Junín venía anunciando desde hace semanas que no querían la presencia de la presidenta Dina Boluarte ni del gobernador Zósimo Cárdenas en las actividades por el Bicentenario. Es así que la presidenta anunció el mismo 06 de agosto, que no iba a participar de la ceremonia en Junín por motivos de “fuerza mayor”. Ante ello, Silvana Robles, comentó que fue una decisión bastante acertada de sus señores asesores.

Respecto al discurso de las autoridades la congresista lamentó que ninguno de ellos haya tocado el tema de pistas y veredas, “no he escuchado pistas y veredas para Junín, que es una burla que, en 200 años, en realidad todo lo que no les han dado los gobiernos anteriores”, dijo.

Fuente: Diario Correo

El Ejecutivo presentó, a fines de julio, el proceso competencial ante el Tribunal Constitucional para detener las investigaciones contra la mandataria por las muertes en protestas, cohecho y encubrimiento personal

A fines de julio, el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para neutralizar las tres investigaciones que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas antigubernamentales, el denominado “Rolexgate” y la desactivación del equipo policial anticorrupción horas antes del arresto de su hermano Nicanor.

Según el documento difundido este martes por La República, el procurador especializado en materia constitucional, Luis Huerta, representa al Gobierno en este proceso. El texto señala que la competencia de la mandataria supuestamente vulnerada es la de “dirigir la política general del gobierno”, a través de la interpretación que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen del artículo 117 de la Constitución.

“No existe a la fecha un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre si dicha interpretación es compatible con las garantías para el ejercicio de las competencias asignadas al presidente de la República […], o que evalúe la concordancia del mencionado artículo con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado peruano en materia de lucha contra la corrupción o investigación de graves violaciones de derechos humanos”, se lee en el documento expuesto por el diario.

Las resoluciones que cuestiona la demanda implican las disposiciones fiscales que iniciaron diligencias preliminares contra Boluarte por genocidio, homicidio y lesiones graves, por enriquecimiento ilícito —luego ampliada para incluir cohecho e incorporar al gobernador Wilfredo Oscorima— y por encubrimiento personal y abuso de autoridad, así como la resolución judicial que autorizó el allanamiento de su residencia.

La finalidad de la demanda es determinar es si la inmunidad presidencial “implica, asimismo, un límite a las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial, en materia de investigación al presidente de la República por la presunta comisión de cualquier delito”, lo que representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción.

Fuente: Infobae

Los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón fueron expulsados de la La Noche de Barranco en medio de insultos el último domingo 4 de agosto.

El bar La Noche de Barranco emitió un comunicado a través de sus redes sociales sobre el incidente ocurrido en su local el último domingo 4 de agosto, donde los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón fueron expulsados por algunos asistentes quienes rechazaron la presencia de ambos parlamentarios. En la publicación notificaron que han colaborado con las imágenes de las cámaras de seguridad solicitadas por la Municipalidad de Barranco y el Ministerio Público.

«El domingo 4 de agosto aproximadamente a las 02:35 horas, algunos clientes, al percatarse de la presencia en una mesa de los congresistas de la República, Patricia Chirinos y Luis Aragón, comenzaron a levantar sus voces, gritando contra ellos, exigiendo que se retiraran», se lee al inicio del comunicado. Según el establecimiento, el personal de seguridad y atención en mesas actuó de manera rápida formando un cordón de seguridad alrededor de los congresistas para protegerlos. «Un cliente arrojó un vaso, que felizmente no causó daño», agregaron. Finalmente, informaron que los congresistas decidieron retirarse del lugar bajo la protección de su personal.

Con relación al incidente, la administración de La Noche enfatizó que dentro de sus principios está la no discriminación y no tolerancia a la violencia, afirmando que su personal actuó de manera rápida para proteger a los congresistas. Además, señalaron que dentro de la democracia pueden existir diferencias, pero exhortaron a buscar mecanismos para ‘expresar opiniones y discrepancias de manera respetuosa y sin violencia’. Por último, hicieron un llamado para generar puentes a través del diálogo y la no violencia.

«La democracia tiene mecanismos para expresar posiciones y opiniones, sean concordantes o discrepantes, con respeto y sin incurrir a la violencia, sea o no de género. Le pedimos seamos parte del fortalecimiento de la democracia con expresiones respetuosas de las discrepancias. Generamos puentes a través del diálogo y la no violencia», dice el comunicado.

Fuente: La Republica

La Fiscalía abrió una nueva investigación contra Nicanor Boluarte y otros implicados por presunta negociación incompatible luego de revelaciones sobre contratos irregulares otorgados a sus sobrinas, Yorka Gamarra y Victoria Dávila Boluarte, en el Ministerio de Educación

En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política peruana, nuevos documentos y audios salen a la luz, revelando posibles casos de nepotismo que involucran a familiares cercanos de la presidenta Dina Boluarte. En el centro de esta controversia, las sobrinas de la mandataria, Yorka Gamarra Boluarte y Victoria Volodia Dávila Boluarte, son señaladas por obtener contratos estatales por montos que superan los 85 mil soles. La situación también expone la influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, en la asignación de empleos públicos.

En una de las conversaciones mostradas por Maritza Sánchez, exasistente en la campaña de Dina Boluarte, a Contracorriente se escucha discutiendo la asignación de puestos con Nicanor. Sánchez hace mención de múltiples ocasiones en las que se habría solicitado trabajo para familiares y amigos de la presidenta, incluyendo a Víctor Torres y Nicanor Boluarte.

Estos audios, aunque ya habían salido a la luz hace un año, cobran nueva relevancia ante la reciente apertura de una carpeta fiscal que investiga al hermano de Dina y a otros implicados por presunta negociación.

Yorka Gamarra Boluarte, una de las sobrinas de Dina Boluarte, también se encuentra en el centro de la controversia. Un informe de la Contraloría reveló que Gamarra obtuvo contratos de consultoría en el Ministerio de Educación (Minedu) durante el 2021, sumando un total de hasta S/ 85 mil.

La carrera política de Gamarra, marcada por su militancia en la izquierda radical, añade un componente adicional a la polémica. Fue candidata a la vicepresidencia y al Congreso en el pasado, ahora evita utilizar su segundo apellido, aunque la vinculación familiar sigue siendo evidente. El informe de la Contraloría no solo confirma su relación con Nicanor Boluarte, sino que también sugiere un direccionamiento en su contratación.

El esposo de Yorka Gamarra, Raúl del Castillo Altrista, también se encuentra implicado en este entramado. Este hombre, exasesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante la administración de Pedro Castillo, fue vinculado a la bancada de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez. Su cercanía con Sánchez y su posterior contratación en el Congreso han despertado sospechas sobre los beneficios que podría haber recibido gracias a su relación con la familia Boluarte, según el informe de Willax.

Fuente: Infobae

De acuerdo al comunicado, esto incluye la representación de los intereses de los peruanos en territorio venezolanos

El régimen del dictador Nicolás Maduro anunció que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Brasil, liderado por Lula Da Silva, para que custodien los locales de las misiones diplomáticas de Perú en Venezuela. La medida entró en efecto el 1 de agosto.

De acuerdo al comunicado, esto incluye sus bienes y archivos, así como “la representación de sus intereses y de sus nacionales en territorio venezolanos”

En el texto citan que esta acción se encuentra en conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Por el momento, Maduro no ha tomado medidas para salvaguardar los intereses de sus connacionales que se encuentran en el Perú, puesto que unos días antes dispuso el cierre de la Embajada de Venezuela en Lima. Esto dejó en la incertidumbre a miles de venezolanos que residen en este país y sin saber si podrán culminar los costosos trámites que realizaron tiempo atrás.

“Las citas asignadas para expedición, renovación o retiro de pasaporte, citas de visa y documentos de viaje no serán procesados. Con respecto a los titulares de los pasaportes extranjeros, consignados ante la Sección Consular para la transmisión de la visa, serán contactados de forma personal para la devolución de su documentación”, decía el comunicado de la misión diplomática en Twitter.

Advierten sobre nueva ola migratoria

De acuerdo con Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, es muy probable que haya una nueva ola migratoria si no se resuelve este problema de forma favorable a los ciudadanos.

“Ya había estadísticas que hablaban de que el 25% de la población estaban dispuestas a irse del país si Nicolás Maduro continuaba en el poder”, mencionó en diálogo con Panamericana. Por otro lado, aseguró que “las relaciones consulares, aun cuando dos países entran en conflicto, no deberían cesar; el consulado no tendrían por qué dejar de atender”. “El Perú siempre ha sido un país respetuoso de las relaciones consulares, más allá de la ruptura que pueda haber de la relación diplomática”, resaltó.

Fuente: Infobae

Los jueces llaman la atención a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela por pedir una restricción de libertad sin límite de tiempo lo que afectarían, dice, los derechos de la procesada.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó que la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi no vulneró las reglas de conducta de la comparecencia restringida que se le impuso el 30 de abril de 2020, por lo que no procede dictar una nueva orden de prisión preventiva en su contra, mientras dure el juicio del caso cócteles.

Los jueces Iván Quispe Auca, Edgar Medina Salas y María Guillén Ledesma enfatizaron que la regla de conducta que está vigente a partir del 31 de mayo de 2023, por resolución del Víctor Zúñiga Urday, para la señora Fujimori y los demás procesados, es «la obligación de no ausentarse de la ciudad de su domicilio fijado en el expediente, ni variar el mismo sin previa autorización por escrito».

«Ahora bien, si entendemos por domicilio a la residencia habitual de una persona en un determinado lugar, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 33 del Código Civil, el viaje de la persona ya sea al interior o al exterior del país, sin el ánimo de permanecer allí, no puede asimilarse a una variación del domicilio», indican los jueces en su resolución.

Por tanto, consideran que en el presente caso no advierten ningún incumplimiento a esta regla de conducta por parte de la procesada Fujimori Higuchi.

Los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba solicitaron que se imponga prisión preventiva a Keiko Fujimori con el argumento de que al viajar a California, Estados Unidos, en mayo último, violó las reglas de conducta que se le habían impuesto.

Además, señalaron que la posibilidad de que Fujimori tenga libertad para viajar, sea al interior del país o al extranjero, podría afectar el desarrollo del juicio del caso Cócteles, sin especificar cuánto debería durar esta medida, teniendo en cuenta que se especula de que este proceso, que inicio el 1 de julio, puede durar más de tres años.

De otro lado, el tribunal superior llama la atención al Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato por pedir la imposición de una nueva prisión preventiva para Fujimori Higuchi mientras dure el juicio público del caso cócteles, lo que supondría una privación de libertad sin límites de plazo, que va contra lo que señala el Código Procesal Penal.

Fuente: La Republica